La comunidad internacional, gobiernos, órganos de justicia y parlamentos extranjeros, de nuestra región y de Europa, principalmente, ha calificado al grupo que mantiene secuestrado al país y que participa de manera organizada y estructurada en actividades delictivas trasnacionales, como un grupo narcoterrorista que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales.
En Europa el tema se ha destacado en los debates políticos de los últimos días, tanto a nivel comunitario como nacional. En días pasados, en efecto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se insta al Consejo de la Unión Europea y la alta comisionada Kaja Kallas, incluir al Cártel de los Soles en la lista de grupos terroristas. Y ayer, la Cámara mixta (Congreso/Senado) de España aprobó una iniciativa para exigir la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, impulsada por Vox y el Partido Popular y rechazada por el PSOE, lo que trae como consecuencia, entre otras, la congelación de fondos y activos.
La situación es realmente grave y genera serios problemas a la comunidad internacional. Es la primera vez que cárteles o grupos organizados que operan trasnacionalmente se constituyen desde las esferas mismas del poder. En este caso, el grupo delictivo funciona bajo la dirección de la cúpula política y militar que mantiene secuestrado el país, es decir, como lo afirman todas las investigaciones y señalamientos basados en información y testimonios creíbles, de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, solicitados por la justicia estadounidense por haber dirigido y controlado el envío a Estados Unidos los últimos años, de toneladas de cocaína y otras sustancias que han afectado gravemente a la sociedad no solo de ese país, sino de los países de tránsito que controlan para el tráfico ilegal.
Esta calificación tiene consecuencias políticas y jurídicas importantes en las relaciones internacionales, a pesar de los pocos defensores de Maduro y su grupo dentro, como Capriles y Ramos Allup, quienes se resisten a aceptar su vinculación y la de sus cómplices con el Cártel de los Soles; y, fuera, como Petro que lo ha expresado pública y claramente; Claudia Sheinbaum, quien como base de defensa alega como es usual “el respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”; o Lula, quien ha preferido mantener silencio o al menos posiciones ambiguas e imprecisas.
El grupo del cártel ha secuestrado el poder y no puede ser considerado gobierno, más cuando se le vincula no solamente al narcotráfico y al terrorismo, sino a una serie de actividades ilícitas, como el mercado irregular de petróleo, oro y otros metales preciosos y estratégicos que alteran el orden internacional.
Esta calificación trae como consecuencia la ilegitimidad de su «representación» en el exterior, ante gobiernos y organizaciones internacionales. Los países que individual o colectivamente han aceptado al grupo como narcoterrorista, plenamente identificado, estarían impedidos de aceptar enviados del cártel como “representantes diplomáticos”, personas que más bien estarían vinculadas a las actividades ilegales del grupo delictivo que opera desde Caracas y que mucho más allá de nuestras fronteras y ubicándonos en un tablero geopolítico ajeno a nuestra realidad e intereses nacionales, desestabilizan y amenazan la paz mundial.
La lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y todos los crímenes internacionales que afectan a la humanidad deben ser enfrentados solidariamente, por todos los gobiernos del mundo, más cuando grupos delictivos actuando como “regímenes” controlan el poder por la fuerza del terrorismo de Estado, someten a una población, la torturan, desaparecen, asesinan o expulsan.
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