El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de Miriam Fernández Ruiz, de 72 años; Miguel Ángel Guillén Ibarra, 17 años; Chantal Niulany Guillén, 21 años; y la niña Nicole de Los Ángeles Palermo, de 2 años de edad.
La información la difundió el Comité este sábado a través de su cuenta en X, donde detalló que, de acuerdo con familiares y amigos, el jueves 4 de septiembre “funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la familia Guillén ubicada en Paso Real y se llevaron a Miriam Fernández y a su nieto Miguel Ángel Guillén”. El hecho ocurrió en el estado Carabobo.
El viernes 5, el adolescente Miguel Ángel fue obligado a pedirle a su hermana Chantal que acudiera a la sede de la PNB, en La Esmeralda.
“Ella se presentó junto a su hija Nicole, de apenas 2 años, y ambas quedaron detenidas sin justificación alguna. Desde entonces, los funcionarios niegan el paradero de los cuatro miembros de la familia”, detallan en el post subido a X.
Además de exigir al Estado informar dónde están Miriam, Miguel, Chantal y la niña Nicole y garantizar la vida, integridad física y emocional de los detenidos, el Comité demanda la liberación inmediata e incondicional de la familia Guillén.
También subrayan que la detención y desaparición de una niña de dos años, su madre, su tío adolescente y su abuela, es una “violación aberrante que evidencia la práctica sistemática de represalias contra familiares (Sippenhaft), método de persecución política que busca sembrar miedo en la sociedad”.
Llamamiento a la ONU y UNICEF a pronunciarse
El Comité de Presos Políticos destaca que la desaparición forzada de personas, de menores de edad, adolescentes y adultos mayores constituye un crimen de lesa humanidad.
Hacen un llamamiento a la comunidad internacional y organismos de Naciones Unidas y en especial a Unicef a documentar y pronunciarse, a fin de “resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia, conforme a lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño y en la Lopnna”.
También piden a la sociedad venezolana que condene con firmeza “este crimen que viola cualquier estándar de legalidad y humanidad”.
El Comité puntualiza que este caso refleja el nivel de crueldad de un sistema que desprecia la vida y la dignidad humana.
“La vida y la dignidad de una familia inocente, incluida una niña de apenas dos años y un adolescente de 17 años no pueden ser borradas por el silencio y la opacidad institucional. Basta de impunidad”.
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