Los traslados sin notificación a familiares comenzaron con la movilización de los hermanos Rolando y Otoniel Guevara y su primo Juan Guevara
JEP contabiliza 100 presos políticos en desaparición forzada.
Desde el 2 de agosto, organizaciones no gubernamentales no dejan de denunciar traslados de presos políticos realizados sin notificación a sus familias, lo que lleva a que se les considere víctimas de desaparición forzada.
Los traslados comenzaron con la movilización de los hermanos Rolando y Otoniel Guevara y su primo Juan Guevara, exfuncionarios policiales condenados en 2005 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Pero días después se conoció que otros presos políticos como, por ejemplo, Freddy Superlano, Roland Carreño, Carla Da Silva, también fueron movidos de sus lugares de reclusión y, hasta este jueves 4 de septiembre, se desconoce de su paradero.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por medio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, manifestaron su inquietud ante el traslado de Carreño y Superlano. Ambos detenidos, quienes además cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Cidh, fueron llevados desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide hacia un destino desconocido, según informaron sus familiares.
Las autoridades venezolanas deben informar ubicación y proteger sus derechos, se lee en una publicación que realizó la Relatoría mediante la red social X.
Frente a este escenario, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó su alarma y calificó estos traslados y desapariciones como una grave amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Dónde están estos presos políticos?
La pregunta que se hacen familiares y defensores de derechos humanos es: a dónde fueron llevados estos presos políticos. En una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, la abogada Martha Tineo, coordinadora general de la JEP, señaló que esta situación es parte de una nueva política de traslados intercarcelarios. Según Tineo, personas que ya llevaban mucho tiempo detenidas están siendo reubicadas en otros centros de reclusión de manera arbitraria y sin información de a dónde han sido trasladadas.
Estos traslados, explica Tineo, se hacen de forma arbitraria porque no son los tribunales que conocen esas causas los que están ordenando esos traslados, sino mediante órdenes ejecutivas.
A tenor de nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales son los que asignan. Los tribunales que conocen la causa son los que asignan el centro de reclusión. En este caso, estos traslados están ocurriendo a través de órdenes ejecutivas, no judiciales: tanto es que hay familiares, como en el caso de los hermanos Guevara, que sus familiares y abogados de confianza han ido al tribunal que conoce esa causa para pedir información de su paradero y ni siquiera el tribunal competente tiene información en ese sentido, explica.
La defensora de derechos humanos agrega que ni siquiera los tribunales competentes reciben la información de a dónde han sido trasladadas estas personas y mucho menos son informados sus familiares y abogados de confianza.
La desaparición forzada como patrón: Al menos 100 personas están en esa situación
Para Tineo, ya ha sido suficientemente documentado, tanto por mecanismos y organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, que las desapariciones forzadas en el país responden a un patrón violatorio de los derechos fundamentales de las personas.
En la mayoría de las detenciones por motivos políticos, precisa, el patrón se inicia con una detención arbitraria seguida de una desaparición forzada. Es el caso en prácticamente todas las situaciones; y si bien anteriormente estas desapariciones forzadas eran de corta o mediana duración, actualmente existen personas cuyo paradero se desconoce desde hace meses.
Esos lapsos transcurrían en días, semanas y excepcionalmente meses. Hemos visto el incremento de esos periodos de forma escandalosa. Tanto es que hay personas que han sido detenidas y han transcurrido ya meses, incluso un año, sin que se tenga información certera de su lugar de reclusión y las condiciones en las que se encuentran, reitera.
JEP logró identificar, hasta este jueves, alrededor de 100 personas en situación de desaparición forzada, entre quienes han sido detenidos recientemente y no se tiene información de su paradero ni de sus condiciones, como del grupo de presos políticos que fueron removidos de sus lugares de reclusión.
En el caso de los hermanos Guevara, la esposa de uno de ellos denunció a través sus redes sociales que, habiendo transcurrido más de un mes de su traslado, no tiene información de su paradero.
Tineo relata que los familiares de los presos políticos, víctimas de desaparición forzada, descubrieron los traslados cuando, al intentar entregarles alimentos en sus lugares de reclusión habituales, los funcionarios de seguridad les informaron: «No, esas personas no están acá». Esta fue la única información proporcionada, sin indicar el destino de los detenidos, afirma.
La coordinadora de la JEP informó que, según los familiares, muchos de los acusados y condenados en el caso Gedeón se encuentran desaparecidos y que, además, se desconoce el paradero de tres mujeres que fueron trasladadas desde El Helicoide.
Otro de los casos destacados por Tineo es el del periodista Rory Branker, que desde su detención, hace siete meses, su familia no tiene ninguna información de su paradero.
El Estado no responde
Tineo denunció que las autoridades estatales no han proporcionado información sobre las desapariciones forzadas y los traslados arbitrarios. Por esta razón, las organizaciones de derechos humanos insisten en que estas personas están desaparecidas, ya que ninguna autoridad nacional ha informado sobre su paradero o condiciones.
De acuerdo con la abogada Tineo, se están violando varios derechos humanos de los presos políticos como por ejemplo el derecho a la libertad con los traslados y desapariciones arbitrarias. También se vulnera su derecho a la salud y a la vida, ya que, al no saber dónde están, sus familias no pueden llevarles las medicinas que necesitan para tratar sus enfermedades crónicas. Además, la falta de información es una violación al derecho de las familias a saber el paradero de sus seres queridos. La abogada Tineo concluye que todo esto representa tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que incluso podría considerarse tortura.
La abogada también argumenta que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, ya que corresponde a los tribunales determinar el lugar de reclusión y notificar de manera adecuada a los familiares y abogados de confianza.
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