Cuando las inversiones chinas alcanzaron 1 billón de dólares en la región mexicana de Coahuila a pocos kilómetros de la frontera estadounidense, las alarmas saltaron en Washington. Desde que las cadenas de suministro del comercio internacional se vieron alteradas por el encierro del COVID, el parque industrial más grande de México se convirtió en el emplazamiento ideal para industrias que orientaban su producción a atender el mercado norteamericano. El fenómeno del “nearshoring” provocó que las empresas chinas, primero que ningunas otras, vieran en el norte de México el lugar ideal para mudar sus plantas. Lo mismo que ocurre en Coahuila se reprodujo en San Luis Potosí, y en Nuevo León, en donde las empresas se han duplicado en número desde la pandemia. A las facilidades de la cercanía fronteriza se agrega la existencia de un acuerdo de libre comercio bilateral entre México y su vecino del norte que impulsa el intercambio. La industria del automóvil ha sido allí una de las más importantes de los últimos 15 años.
No es pues de extrañar que el gobierno mexicano, amenazado como se encuentra por su vecino del norte con aranceles de mucho calibre, esté queriendo equilibrar las cargas imponiendo tarifas de importación a China y a otros países con los que no tiene acuerdos de libre intercambio. La lista de productos propuesta al Congreso de la República cuyos aranceles se catapultarían hasta dos y tres veces su nivel actual pasa de los 1.000 y cubre un vasto universo de ítems, pero es el sector automotriz, sin duda, el más afectado en el caso del país asiático. México es el principal importador de vehículos y de partes chinas para su industria.
La iniciativa, de ser aprobada por el Congreso, incrementaría hasta 50% los aranceles, ubicándolos en el más alto rango permitido por la Organización Mundial de Comercio y revela la enorme presión ejercida por el gobierno de Donald Trump sobre la administración Sheinbaum por razones no solo de orden comercial: México es la principal fuente de inmigración ilegal en Estados Unidos, además de ser lugar de paso y de origen de las exportaciones ilegales de fentanilo.
Aunque el gobierno asegura que esta política comercial solo lleva como propósito fortalecer la producción nacional dentro de su “Plan México” de desarrollo, el caso es que el acuerdo comercial vigente con Washington es el instrumento que más oxígeno proporciona a la economía mexicana. Este debe ser revisado en pocos meses. Esto es una verdadera Espada de Damocles porque el comercio con Estados Unidos representa 30% del PIB de la nación de los aztecas. Las exportaciones mexicanas en 90% llegan al mercado del norte sin aranceles.
El momento no es bueno para el gobierno mexicano. Los partidos de izquierda que soportan al gobierno desean favorecer una estrecha relación con Pekín, mientras que en la capital china la presión estadounidense es vista como un instrumento de coerción que les perjudica. “México debe pensarlo dos veces antes de actuar” fueron las lapidarias palabras del ministro de Comercio chino al enterarse de que los aranceles para carros eléctricos, por ejemplo, pasarían de 15 a 50%. El golpe a Tesla y BYD sería monumental.
Mientras tanto Washington, con el mercado de consumidores más grande del mundo, estima que China está utilizando su “puerta trasera” para invadir con sus productos subsidiados el mercado de 135 millones de habitantes haciéndole el juego a las políticas de Xi Jinping.
Tal como se ve el panorama, no las tiene fácil la señora Sheinbaum.
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