Pagando el favor a la dictadura por haberle aprobado, a principios de año, un nuevo espectro de desarrollo de sus redes 4G e implantación de la 5G en Venezuela, Telefónica corta la emisión de El Nacional. La empresa española se convierte en un censor colaborador de Maduro. Sus negocios liquidan la libertad de expresión
En el negocio digital, que Telefónica maneja con Movistar, se juegan 500 millones de dólares (480M/€) en los próximos dos años. Dada la experiencia en negociar de la dictadura, siempre a su favor, embolsándose un buen porcentaje de las inversiones extranjeras, es de sospechar que ese monto no será utilizado totalmente para expandir las redes 4G y 5G. La empresa española, propiedad del gobierno español, ha hecho sus cuentas. Esa ampliación digital le proporcionará unos cuantos millones de usuarios nuevos y pretenden ser los líderes de ese mercado. Mientras tanto, han cumplido la probable orden de Maduro: “Me eliminas a El Nacional de la Internet aquí”.
El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, ha denunciado esa maniobra desde su exilio en Madrid. Ha señalado que Telefónica actúa como el “brazo tecnológico de la dictadura”. Señaló al presidente de la compañía española, Marc Murtra, como el responsable de esa decisión contra la libertad de expresión. “No hay diferencia entre quien ordena censurar y quien ejecuta la censura”, dijo Otero. La persecución contra este diario, con 80 años de historia en el periodismo hispanoamericano, tiene larga data. El régimen expropió sus instalaciones, se apropió de su inmueble y persiguió a Otero. Este episodio es una vuelta de tuerca a la situación insostenible de un régimen, que tiene secuestrado al Estado, llenos los calabozos con miles de disidentes y expoliando la riqueza de la nación.
La decisión de Telefónica para continuar sus negocios en Venezuela no se corresponde con su retirada de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Uruguay, tras sumar pérdidas y enfrentar querellas judiciales a costos millonarios. Operar dentro de una tiranía venezolana no parece preocuparles. Se ha ido de algunos de esos países por su inestabilidad política, han dicho, pero con la dictadura venezolana se sienten cómodos. Y no solo siguen invirtiendo, sino que ejecutan la censura electrónica a un periódico que molesta al régimen.
La decisión de Telefónica-Venezuela de aumentar su inversión en Venezuela se produce tras pagar una multa de 85,6 millones de dólares (80M/€) por su culpabilidad en una investigación sobre sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Un caso de 2014, siendo presidente de Telefónica César Alierta, en el que recibieron acceso a dólares preferenciales, para cambiar sus ingresos en bolívares. A los intermediarios pagaron casi 29 millones de dólares, que fueron repartidos con los chavistas. La Venezuela de la dictadura funciona así. Pero, tras ese caso, a tan alto costo para Telefónica, ya saben cómo opera el régimen. Si te dan una concesión, como ahora, no te va a salir gratis, te obligarán a pagar comisiones y convertirte en su brazo ejecutor de la censura a la prensa molesta.
En Venezuela operan principalmente la telefonía fija y móvil, Cantv y Movistar (propiedad de Telefónica) y ofrecen acceso a Internet. Conatel es el ente estatal que regula a esas empresas. El régimen se reserva el poder judicial de incautar los móviles y acumular pruebas contra cualquier ciudadano, sospechoso o no, de estar «conspirando», así es como justifican esas acciones propias de dictaduras.
Tras este episodio de una empresa española censora, para seguir operando dentro de una dictadura, se demuestra que desde el gobierno de Sánchez tampoco le quita el sueño juntarse con tan malas compañías.
Carlos Pérez-Ariza es doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga.
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