Como un loop infinito, el país vuelve a enfrentarse a un panorama rebosante en incertidumbre. Lo que ayer era noticia, hoy parece estar ya muy lejos. Un día se dice una cosa desde EEUU o desde el corazón del régimen, y al otro día cambian todos los escenarios de golpe y porrazo. La economía política luce inasible y la prospección escurridiza. Aún así, a riesgo de que todo pueda cambiar al finalizar este párrafo, es menester adentrarse en temas esenciales relativos a una remozada política de máxima presión 2.0 y a la respuesta inicial del régimen, la sustitución total de importaciones.
Las licencias petroleras, forma y fondo
La salida del gigante energético estadounidense ha sido vista como un golpe muy duro al fisco, debido a la alta importancia que tiene para las finanzas y la industria energética nacional. Sin embargo, es menester recordar que las licencias con las que trabajan las transnacionales petroleras, en los últimos años, son extremadamente restrictivas. En ellas, hay una clara manifestación de impedir cualquier tipo de pago al Gobierno, es decir, la centralidad de las licencias estriba en ser mecanismos que permitan a las empresas petroleras extranjeras cobrar acreencias que PDVSA no ha podido cancelar como socio mayoritario en diversos Joint Ventures.
En términos estrictamente productivos, el adiós de Chevron, según nos cuenta Rafael Quiroz, “tendría un impacto en la producción petrolera venezolana, pues la estaría reduciendo a alrededor de los 650.000 barriles diarios, debido a que hay que restarle los 280.000 barriles diarios que está produciendo Chevron, y eso representa el 25 % de toda la producción petrolera venezolana” (Quiroz, 2025). Esta estimación luce bastante conservadora debido a los efectos colaterales que podrían generarse para que PDVSA pueda importar crudo liviano como diluyente para mezclar con el petróleo extrapesado que requiere reducir en densidad, para poder crear el petróleo tipo “Merey-16”, con 16 grados API. Otro asunto importante, es que el gobierno de EEUU trabaja en formas de extender la eliminación de licencias a otras empresas petroleras como: Maurel, ENI y Repsol, entre otras, más allá del muy extraño “arancel cruzado condicional” de 25 % que EEUU ha impuesto a la compra de petróleo nacional. Ello pudiera disminuir mucho más la producción, y acercarla a los 400.000 barriles diarios.
Desde 2019 han pasado alrededor de 6 años y tres meses. Pero, por las circunstancias, podríamos tomar sólo los últimos 3 años para calcular cuánto han generado las diversas transnacionales petroleras en Venezuela. Pongamos un promedio muy cauteloso de 310.000 barriles diarios, entre todas. Con un precio estimado de 70 dólares por barril, se hablaría de un ingreso total de 23.000 millones de dólares. Por regalías, impuestos y dividendos, podría estimarse un ingreso bruto de unos 11.700 millones de dólares al fisco, alrededor de 4 mil millones de dólares anuales. Es comprensible que dada la enorme dificultad, producto de las sanciones, para devolver algo del rédito del petróleo que extraen, lo ideal hubiera sido profundizar los convenios humanitarios y las ayudas sociales que las empresas deberían sufragar. Los 7.000.000 de dólares aportados por Chevron en ese período son sólo el 0,05 % de la mitad de los ingresos que se obtuvieron en los últimos tres años de explotación hidrocarburífera. Si, el 0,05 % del 50 % de los ingresos petroleros que podría haber conseguido el fisco en esos años.
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