El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntaria de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés), publicó este martes una alegación general, enviada al gobierno de Nicolás Maduro, en la que solicita al Ejecutivo venezolano brindar información sobre la serie de denuncias que se han realizado acerca de la detención de personas en el marco de las protestas tras las últimas elecciones presidenciales en el país.
«Las alegaciones generales hablan de problemas estructurales que denotan incumplimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Se hizo llegar al gobierno hace más o menos 60 días y de acuerdo al procedimiento del GTDF después de 60 días se hace pública», aclaró el organismo.
Tras una reunión que realizó la instancia internacional este lunes 20 de enero, en la que se abordaron señalamientos de desapariciones forzadas y detenciones de manifestantes o dirigentes políticos antes y después del pasado 28 de julio, el WGEID expresó al Gobierno que ha recibido muchas denuncias.
Dice el documento publicado que el Grupo de Trabajo recibió información de que durante los primeros siete meses del año 2024, antes del 28 de julio, por lo menos 169 personas habían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas y se registraron, al menos, 592 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
«Según la información recibida por el Grupo, destaca la alegada detención de personas que suministrarían bienes y servicios a la campaña del candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Se alega el registro de al menos 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos», añaden.
El Grupo de Trabajo recibió además reportes de que, presuntamente, al 7 de octubre de
2024, 1.916 personas habrían sido detenidas y también que el Gobierno habló de más de 2,400 personas presas en el contexto de las protestas en el día de las elecciones y en los días sucesivos.
La instancia asegura tener un registro de por lo menos 27 desapariciones forzadas desde el 28 de julio de 2024.
«Estos casos son emblemáticos de acuerdo con las prácticas ahí descritas y preocupa el
aumento de casos recibidos de Venezuela en este contexto, que sugieren la existencia de un patrón, que puede equivaler a una práctica sistemática. Este patrón parecería enviar un mensaje amedrentador a quienes disienten con las actuales políticas estatales o quienes ejercen su libertad de expresión en el contexto postelectoral», añaden.
En tal sentido, el organismo adscrito a la ONU recordó al Estado venezolano que Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y que viola la Carta de las Naciones Unidas.
El Grupo pidió al Gobierno encabezado por Nicolás Maduro a que en un plazo de 60 días a partir de este 20 de enero indique el número de personas detenidas, alegue los delitos que les fueron imputados y, entre otras solicitudes también hechas, responda sobre las denuncias de desapariciones forzadas.
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