La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) contabiliza por lo menos 10 personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que presentan algún tipo de discapacidad y necesitan adaptación particular en los procesos judiciales a los que están sometidos
Caracas. Alianjel Rodríguez tiene 15 años y un diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad tipo dos y daño cerebral causado por convulsiones. Pero su discapacidad psicosocial, evidente en su forma de actuar, no fue considerada cuando funcionarios policiales lo detuvieron mientras estaba en las cercanías de su casa viendo un espectáculo de fuegos artificiales.
Disfrutaba del show de pirotecnia el 30 de julio, dos días después de las elecciones presidenciales. En ese momento un grupo policial que perseguía a varios motorizados en Valencia pasó por el sitio y decidió aprehender a algunos de los chicos que estaban allí, entre ellos Alianjel.
De acuerdo con el testimonio de su madre, María Alejandra Botello, el adolescente terminó con varias costillas lastimadas y una fisura en una pierna como resultado de la violencia durante la detención.
“Él salió a ver unos fuegos artificiales que estaban lanzando (…) Venía una marcha de motorizados, unos funcionarios les cayeron a tiros a los motorizados y él (Alianjel) como no es como los demás, no pensó en salir corriendo y se quedó parado, traumatizado. Entonces se lo llevan preso”, contó María Alejandra a Crónica Uno.
El de Alianjel es solo uno dentro de los más de 1800 casos de detenciones registradas tras los comicios presidenciales. Sin embargo, su historia, como la de al menos una decena de detenidos, tiene una particularidad, son personas con algún tipo de discapacidad acusadas de delitos de terrorismo que requieren atención y tratos ajustados a sus condiciones.
Igualdad y trato justo
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la que Venezuela está suscrita, estipula garantías de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, así como a la libertad, seguridad y protección contra la tortura y otros tratos crueles para las personas con discapacidad.
Esto no excluye a este grupo de someterse a procesos judiciales, pero garantiza que se planteen en igualdad de condiciones en cuanto a los derechos fundamentales. Implica también ser tratados bajo los principios y objetivos establecidos en esta convención.
El presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel de Gouveia, explicó a Crónica Uno que Venezuela está obligada a garantizar los derechos establecidos en esta convención. Además, que deben considerarse en todo momento las adecuaciones al sistema, las adaptaciones y la accesibilidad.
“Las personas con alguna discapacidad no son exentas del acceso a la justicia, es decir, pueden ser detenidos, pueden ser juzgadas. Lo que sí debe serles considerado son los ajustes razonables o los derechos a tener igualdad de condiciones, ajustes en los procesos de acuerdo con su discapacidad, con la edad y las garantías fundamentales establecidas”, dijo.
Pero en casos como el de Alianjel estas condiciones parecen no cumplirse. Hasta el momento a la madre del adolescente le prohíben ingresar los fármacos que él necesita y, en cambio, lo han sometido a altos niveles de estrés que empeoran su condición.
“Cuando él está en casa, está bien, no se medica con regularidad. Pero en la situación en la que está tiene demasiado estrés y mientras esté así va a tener una conducta violenta y episodios de convulsiones porque no puede estar en un lugar cerrado”, acotó la madre del chico.
Aunque María Alejandra no cuenta con informes actualizados que certifiquen la condición de su hijo, ha entregado constancias de su diagnóstico a las autoridades, quienes le niegan permiso para que entregue a su hijo los medicamentos que necesita.
Desconocimiento o falta de interés
De Gouveia aseguró que a través de información publicada en redes sociales y por otras organizaciones han podido contabilizar al menos 10 personas con discapacidad detenidas desde las elecciones presidenciales, que desataron una serie de protestas antigubernamentales en toda Venezuela.
“Hemos contabilizado 10 personas con discapacidad, las cuales se encuentran actualmente detenidas en los centros penitenciarios de Tocorón, en el estado de Aragua; Yare, en el estado de Miranda, y algunos otros que permanecen sin ser trasladados desde los centros policiales en los estados donde fueron detenidos, como es el caso de Táchira y Zulia”, indicó.
Agregó que Consorven tiene conocimiento de que en este grupo la mayoría son personas que tienen discapacidades intelectuales. Otros se encuentran dentro del espectro autista o tienen discapacidades psicosociales. Hay una persona con discapacidad auditiva.
De acuerdo con sus estimaciones, es probable que exista más cantidad de personas con discapacidad detenidas. «Pero que aún no las hayan identificado por el propio desconocimiento del manejo de la discapacidad. Así como por la falta de interacción de sus familiares con otras organizaciones que puedan asesorar en este ámbito”.
Consorven insistió en exhortar al Estado a cumplir con los “ajustes razonables” o adaptaciones que se requieran en todos los pasos del proceso judicial.
La salud mental no es prioridad
Los familiares de los detenidos tras las presidenciales padecen desde afuera el deterioro de las personas que aman. No cuentan con medicamentos o acceso a especialistas que revisen sus condiciones de salud dentro de los recintos penitenciarios en los que están recluidos.
Un claro ejemplo es el de Theany Urbina, madre de Miguel Alejandro Urbina, de 17 años de edad. Al joven lo aprehendieron en una comunidad popular de la capital el pasado 2 de agosto y está en el Centro de Reclusión Ciudad Caracas. Lo acusan de formar parte de «guarimbas violentas».
Su madre cuenta que luego de enterarse de que está acusado de terrorismo, Miguel ha tenido ideas suicidas. Pese a que ha manifestado en el centro de reclusión su preocupación por las palabras de su hijo, aún no ha recibido ayuda psicológica para atender su cuadro depresivo.
«Tengo miedo de todo, de que intente quitarse la vida como me lo ha expresado, o que se sienta mal por no poder llevarle las cosas. No tengo trabajo para atender sus necesidades y temo que me le pase algo, que me lo condenen y me lo dejen ahí siendo inocente (…) Son demasiadas preocupaciones», dijo a Crónica.Uno.
Desencadenar depresión
El psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, Abel Sarabia, explicó que las detenciones ocurridas en el contexto postelectoral, por la forma en que se dieron, podrían desencadenar “trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático”. Además de que exponen a los detenidos a condiciones que podrían poner en peligro su salud.
En una entrevista ofrecida al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el especialista indicó que, en el caso de los adolescentes detenidos, “las circunstancias de detención arbitraria y de tortura reportadas por familias y por organizaciones advierten de un enorme riesgo del deterioro de la salud mental”.
Sarabia advirtió de la necesidad de que a los detenidos se les brinde asistencia en salud mental. Sin ella se les hace difícil sobrellevar la situación que enfrentan y contar con las herramientas para superarla.
Además, advirtió que la situación no solo afecta a los reclusos, que en algunos casos presentan ideas suicidas, sino también a las madres. Están expuestas a “prolongadas formas de estrés que definitivamente comprometen la salud mental, conduciendo a la aparición de cuadros clínicos”.
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