El salón de clases se queda en silencio cuando pasan la lista de la sección E de 6to año de la Escuela Técnica Juan España, de El Valle, al sur de Caracas. Desde el inicio de clases del año lectivo 2024-2025, los profesores nombran a Ángel Moisés Ramírez Ruiz, un adolescente de 16 años de edad, pese a saber que está preso acusado de delitos de terrorismo.
Para sus amigos más cercanos, el aula de clases no es la misma. La ausencia de Ángel Moisés es evidente. Su nombre se difundió en toda Venezuela después del 31 de julio de 2024, cuando un grupo armado de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresó a su casa para llevarlo preso y culparlo de robar una moto en medio de las protestas por el descontento de los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aquel miércoles 31 de julio, pese a que la ciudad seguía agitada con protestas en diversos sectores, Nérida Ruiz, madre del adolescente detenido, se levantó temprano, como de costumbre, para irse a trabajar, no podía dejar de ir a buscar el sustento de cada día. Al salir, se da cuenta que en el callejón que conecta su hogar con el barrio de El Valle había una motocicleta estacionada. No era suya.
Nérida no tiene una noche tranquila desde ese suceso.
A su mente llegan las imágenes de la motocicleta como una especie de llave que abrió la caja del caos en su casa. En ese momento tenía conocimiento de que había saqueos en la ciudad.
La noche del 30 de julio, un video publicado en diferentes redes sociales mostraba a varias personas sacando una motocicleta, de color morado, durante un saqueo ocurrido en un concesionario de motos Bera, ubicado en la urbanización Los Jardines de El Valle.
“Esa es la moto que se robaron del concesionario”, pensó Nérida, quien además no dudó en comentarle a su hermana, con la que vive. Su primer impulso fue llamar a un amigo funcionario de la policía para buscar consejo y explicarle sobre la aparición de la misteriosa moto cerca de su residencia. “Me recomendó que llamara a las personas encargadas del Consejo Comunal para denunciar que la moto se encontraba en el callejón”, relató.
Nérida siguió las instrucciones de su amigo y se contactó con la encargada del consejo comunal de su sector, quien le comentó que llamaría a las autoridades para que se llevaran la moto.
“Pensamos: bueno ellos vienen, buscan la moto y se la llevan”, pero no ocurrió así.
Los funcionarios entraron a la casa de Ángel Moisés sin orden de allanamiento, comenzaron a revisar todo. Cuando el adolescente salió de su cuarto lo detuvieron, pese a que su tía advirtió que su sobrino no había cumplido la mayoría de edad.
“Estaban mi hermana, mi sobrino pequeño, y Ángel venía saliendo del cuarto. Le avisaba a sus amigos que la policía estaba en su casa por una moto que encontraron en el camino”, explica la madre.
Cuando detuvieron a Ángel Moisés, el funcionario le quitó su teléfono celular e inmediatamente lo culpó de ser cómplice del robo de la moto. Le dijo: “Ah, tú estás mandando un mensaje; tú sabes quién se robó la moto”.
“Mi hijo no está vinculado a nada de lo que se le acusa. Él no es un terrorista”, alega Nérida consternada, a casi 90 días de la detención.
Ángel está detenido en la Entidad de Atención para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, conocido como Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, un sector popular en Caracas.
Nérida es testigo de la inocencia de su hijo. Durante la noche del robo, Ángel estaba durmiendo en su cuarto con ella, mientras ocurrían las protestas y los saqueos. “Él estaba metido en su teléfono, con su WiFi, él duerme en el mismo cuarto al lado de mi cama”, reiteró.
Nérida lleva tres meses tratando de demostrar la inocencia de su hijo, pero el Estado no se lo permite. A pesar de haber enviado cartas de buena conducta, firmas de la comunidad e incluso testigos -como la mujer del consejo comunal que se comunicó con las autoridades- que están dispuestos a declarar la inocencia del adolescente.
“La mujer del consejo comunal se nos puso a la orden y nos dijo que ella habló con alguien y está citada como testigo. Además ella dio una carta de buena conducta de Ángel, porque ella lo conoce y sabe que es un buen muchacho. La policía dijo que se lo iban a llevar a él para usarlo como señuelo para que los mayores de edad se confíen, pero ya tiene más de 90 días preso”, dice la madre.
Un chico «divertido», víctima de la operación TunTun
Las amigas de Ángel Moisés coinciden en que es un chico divertido, respetuoso y colaborador. Para ellas, imaginar que tuviera problemas relacionados con robos o hurtos, es impensable; menos estar relacionado a un delito como terrorismo.
“Conocí a Ángel en el liceo, trabajamos en todo juntos, incluso el proyecto de fin de curso. Siempre hemos compartido mucho. Desde que se lo llevaron ha sido muy difícil porque con él yo compartía mucho. Es mi mejor amigo”, dijo Alejandra*, una adolescente compañera del joven detenido.
Alejandra* se enteró de la detención de su mejor amigo mediante un estado de WhatsApp que subió un compañero de clase. En el estado se veía un video donde funcionarios de la policía llevaban a un joven con la cara cubierta y un chaleco antibalas: era Ángel Moisés.
Las imágenes donde funcionarios se llevaron detenido a Ángel Moisés formaron parte del material audiovisual que se encargó de distribuir el Estado mediante sus redes sociales para dar a conocer a las personas detenidas en el marco de la operación Tuntun, un operativo policial y militar contra opositores políticos del gobierno de Nicolás Maduro, que se comenzó a aplicar nuevamente tras las protestas poselectorales.
“Primero pensé que era mentira, que era una broma; luego le pregunté nuevamente si era verdad y me confirmaron”, dijo Alejandra*.
A pesar de ver a su amigo en un video donde lo trasladan como si se tratase de un delincuente, Alejandra* enfatiza que su amigo no tiene ni una característica de alguien que cometa los delitos por los que fue acusado: terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad.
“Eso me parece injusto. Afrontar que lo acusaron es unas de las cosas que me impulsa a ser abogada; el gobierno y esos abogados que están allí deben ser más justos, ahorita no son un buen ejemplo en Venezuela”, comenta la joven.
No se respetó el debido proceso
Tras la detención de Ángel Moisés, Nérida ha tenido que lidiar con el sistema judicial venezolano. Ese mismo que en 2021, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela pidió que se reformara de manera urgente.
Los primeros días de su detención Ángel Moisés estuvo en el calabozo policial más hacinado de la ciudad de Caracas, la Zona 7 de Boleíta, al este de la ciudad, según los reportes de organizaciones como Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La Zona 7 fue diseñada para que los privados de libertad estuvieran en un lapso no mayor a dos días, y fue construido para 300 personas, pero hoy en día conviven al menos 900, todos son adultos. Una de las primeras violaciones al debido proceso de adolescentes se cometió en este lugar: la ley dicta sobre la detención de adolescentes en conflicto con la ley penal que no pueden ser encarcelados con adultos, menos con aquellos detenidos por delitos como homicidios, robo o secuestro.
La detención de Ángel Moisés se transformó en una búsqueda por la ciudad para saber a dónde se lo llevaron. Los funcionarios no informaron el sitio de reclusión, menos cuanto tiempo podría estar allí. La falta de notificación de las autoridades desesperó a la familia. De no ser por uno de los padres de otros adolescentes detenidos por las protestas no se hubieran enterado de que él estaba en Zona 7, como popularmente se le conoce al Centro de Detenciones de la PNB, en Boleíta, al este de Caracas.
En ese lugar el adolescdente pasó siete días recluido conviviendo con la población penal común y adulta. Allí contrajo sarna, una enfermedad común de calabozos policiales con altos grados de hacinamiento.
En la Zona 7, a Ángel Moisés se le realizó una audiencia telemática. Se armó un expediente. No lo llevaron a un tribunal, ante un juez y tampoco había visto a algún fiscal. “Solo estaba detenido porque supuestamente estaba actuando en actos terroristas”, dice la madre.
Tras su semana de estadía en Zona 7, el adolescente fue trasladado a una Entidad de Atención para adolescentes en conflicto con la ley penal, ubicada en la parroquia Coche, de Caracas; su madre tampoco fue notificada del traslado.
No fue hasta 12 días después de la detención, que su madre lo vio por primera vez.
“La visita fue impresionante, porque antes de la detención mi hijo tenía el cabello largo y, cuando lo vi, mi hijo tenía un corte militar. Me impresioné mucho. A él ya le estaba dando sarna en Zona 7, tenía marcas en las manos y en el cuello, pero, a pesar de la impresión, fue bueno. Comprobé que estaba bien y que no lo habían golpeado”, expresó.
Para poder acompañar a su hijo durante el proceso judicial, Nérida tuvo que pedir las vacaciones del trabajo; pero como el tiempo en prisión se ha extendido, la compañía le otorgó un permiso de dos semanas que se venció el pasado 28 de octubre.
El tercer lugar de reclusión
Después de permanecer más de un mes en el centro de atención de Coche, Ángel Moisés fue trasladado a un nuevo recinto penitenciario para menores de edad. La Casa de Justicia 431 sería el lugar donde estaría privado de libertad, junto a ocho adolescentes, ya que la mayoría que ingresó por presuntamente haber participado en protestas salió en libertad condicional.
Nérida tuvo que comprar un uniforme azul, que usan los detenidos que no han sido condenados, medias blancas y zapatos negros. En esa entidad de atención siente que su hijo está mejor cuidado que en la anterior, donde la cancha deportiva era más pequeña y el lugar donde dormía Ángel Moisés también.
En la Casa de Justicia 431 el adolescente recibe tres comidas al día, pero en algunas ocasiones estas carecen de proteínas. Aunque no es su comida favorita, el joven dice a su madre que “prefiere comer eso que morirse de hambre”. Es por eso que Nérida siempre que puede visitarlo le lleva sus comidas favoritas para que no se sienta mal por no comer lo que le gusta.
Sin el expediente
Como muchos familiares de los presos políticos de las protestas poselectorales, Nérida no tiene el expediente judicial del caso de su hijo. La fiscalía no se lo ha dado y ella no tiene certeza si la jurista tiene copia del documento.
A pesar de que Nérida es la representante legal del adolescente, no ha podido estar en momentos importantes de su proceso judicial como lo fue la audiencia telemática realizada en Boleíta, y la preliminar, que fue realizada el 16 de octubre, dos meses y medio después de que su hijo fue arrestado.
A Nérida tampoco se le ha permitido acceder a la defensa privada y para defender a su hijo cuenta con la defensa pública, que impone el sistema de justicia.
“Hemos tenido entre cuatro y cinco reuniones con la defensa, el 16 de octubre fue la preliminar y fue ese día que la abogada conoció a Ángel Moisés”, explica.
Ángel Moisés defiende su inocencia, incluso el día de su audiencia telemática solo se limitó a responder unas preguntas y a dejar claro que “no tenía nada que ver con el robo de ninguna moto”, como señala la acusación.
Tampoco se siente un terrorista como lo ha querido demostrar el sistema de justicia al imputarlo por ese delito. “Un terrorista fue Osama Bin Laden, Hussein, incluso Pablo Escobar, pero Ángel no es ni se parece a ninguno de esos hombres”, contó un familiar del adolescente.
Terminar su bachillerato
Sus amigos esperan que pronto pueda tener libertad para volverse a reunir con ellos como era de costumbre. Ángel proximamente debe graduarse como técnico medio en contabilidad es por eso que, a pesar de no estar yendo a su salón de clases por estar en el centro de reclusión, sus compañeros lo han incluido en el grupo del proyecto de fin de curso y su madre ha hecho todas las gestiones para que continúe sus clases desde la Casa de Justicia 431.
Los profesores de Ángel también esperan que el joven se pueda graduar y están dispuestos a adaptar sus clases para que culmine sin ningún inconveniente sus carga académica, pese a estar detenido.
Pese a esto Nérida se ha convertido en un faro de luz para todas las madres que defienden la inocencia de sus hijos, hasta la fecha se habla de al menos 69 adolescentes continúan detenidos por estar presuntamente involucrados en actos de protestas.
Esta mujer no pierde la esperanzas de que, más pronto que tarde, cuando suba las 81 escaleras que dan de la calle principal hacia su vivienda, encuentre a Ángel Moisés, en su cuarto, con su hermano de dos años, como acostumbraba cada vez que llegaba en la noche del trabajo.
*Seudónimo usado para proteger la identidad de la testigo
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