Hace unos días en Caracas fue detenido el politólogo venezolano Nicmer Evans, director del portal de noticias Punto de Corte. Funcionaros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del cuerpo de investigaciones criminalísticas allanaron su vivienda y —al no encontrarlo— retuvieron a su familia y, después de unas horas, decidieron llevarse a su abogado “en calidad de testigo”. Es una práctica común de los cuerpos represivos del Estado venezolano. Como medida de presión ya antes se han llevado a padre, hijos menores de edad, e incluso mascotas de los ciudadanos que están buscando. Esa misma noche, Evans fue finalmente capturado. Luego pasaron 48 horas sin que nadie pudiera verlo o hablar con él. Es otro de los procedimientos policiales frecuentes en Venezuela: la detención trabucada en secuestro y desaparición.
Nicmer Evans acompañó al chavismo hasta el año 2013. Hace casi un año, contó cómo había sido su proceso y por qué se había separado de la autoproclamada “Revolución bolivariana”. La orden de aprehensión firmada por un juez lo acusa de “promoción o incitación al odio”. Tampoco es una novedad. No se trata de un caso especial, aislado. Es parte de un sistema que ha instrumentalizado el odio para poder ejercerlo con absoluta impunidad en contra de cualquier disidencia o crítica.
En la presentación ante el tribunal para ratificar la privativa de libertad, según reseña el propio portal Punto de Corte, el juez José Mascimino Márquez dijo que a Evans se le imputa el delito de promoción del odio por “unos señalamientos a Globovisión y a Maduro en unos tuits que sugieren una ‘narcodictadura’”. Aunque parezca absurdo, incluso ridículo, este argumento funciona para mantener preso a Evans.
Su caso se suma a la lista de venezolanos que —a cuenta de la supuesta promoción del odio— terminan en la cárcel. Ahí entran desde un trabajador del metro que se quejó en Facebook de que con su sueldo no podía comprar el detergente para lavar su uniforme; hasta unos bomberos que filmaron y subieron a las redes un video parodiando a Maduro, pasando por un periodista que osó publicar información sobre la situación hospitalaria, en tiempos de pandemia. En lo que va de este año ha habido al menos 21 detenciones vinculadas con las llamadas “instigaciones al odio”.
Maduro en unos tuits que sugieren una ‘narcodictadura’”. Aunque parezca absurdo, incluso ridículo, este argumento funciona para mantener preso a Evans. Su caso se suma a la lista de venezolanos que —a cuenta de la supuesta promoción del odio— terminan en la cárcel. Ahí entran desde un trabajador del metro que se quejó en Facebook de que con su sueldo no podía comprar el detergente para lavar su uniforme; hasta unos bomberos que filmaron y subieron a las redes un video parodiando a Maduro, pasando por un periodista que osó publicar información sobre la situación hospitalaria, en tiempos de pandemia. En lo que va de este año ha habido al menos 21 detenciones vinculadas con las llamadas “instigaciones al odio”.
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