“Pedro Jaimes Criollo es un radioaficionado que se dedicaba a publicar por su cuenta de Twitter la ruta del avión presidencial. El 10 de mayo, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo detiene, el 12 de mayo lo presentan a tribunales y le imputaron los delitos de ‘revelación de secretos políticos, espionaje informático e interferencia con la seguridad civil’”, informó Vivas.
Asimismo, reveló que durante la estancia de Jaimes Criollo en El Helicoide “fue objeto de malos tratos, tortura y le fracturaron una costilla”.
“El 12 de mayo le establecen como lugar de detención la cárcel de Yare, sin embargo, lo trasladan al Helicoide, luego dura 33 días desaparecidos (…) después de un mes se logra conocer el paradero de Jaimes y se pudo obtener alguna documentación del caso”, indicó Vivas.
Por su parte, María Alejandra Castillo, coordinadora del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, habló sobre los dos bomberos que fueron detenidos por difundir un video en el que llaman “Maduro” a un burro, mientras lo pasean por un cuartel, quienes tienen libertad condicional.
“Los bomberos (Carlos Julio Varón y Ricardo Antonio Prieto) están libres, entre comillas: tienen un régimen de presentación cada 30 días, no pueden salir de la ciudad de Mérida, no pueden expresarse en redes sociales y tampoco dar declaraciones a periodistas”, detalló la abogada.
Insistió en que de una manera ingenua, Carlos Julio Varón y Ricardo Antonio Prieto protestaron por las condiciones “precarias” en las que se encuentra la estación de servicio de Apartaderos, su lugar de trabajo.
“Fueron llevados a las 11:00 de la noche de una pequeña estación de un pueblo del páramo por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un órgano adscrito al Ministerio de la Defensa. La sátira no es un delito: la expresión es fundamental en los sistemas democráticos”, sentenció Castillo.
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