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| Foto: Reynesson Damasceno |
Están protegidos por el derecho internacional. Son personas que, debido a un temor de persecución, conflicto armado, violencia y otras circunstancias que alteren gravemente el orden público y social de su nación, cruzan las fronteras en búsqueda de seguridad y asistencia humanitaria en los países vecinos bajo una condición: la de refugiados.
Su protección y reconocimiento están definidos en los tratados internacionales y regionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, así como otros importantes acuerdos internacionales y regionales, establecen que los refugiados tienen derechos humanos y, en consecuencia, los Estados están obligados —por razones de solidaridad— a unificar esfuerzos para preservar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades del hombre.
Hasta el pasado reciente, Venezuela recibió a cientos de migrantes, principalmente, a colombianos en condición de refugiados, quienes, debido a la violencia desatada por grupos armados ilegales, tráfico de droga y disputas por el control de tierras, llegaron al territorio venezolano en búsqueda de seguridad. En la actualidad, la historia es distinta. La diáspora en Venezuela es masiva. Se estima, según la encuestadora privada Consultores 21, que al menos 4 millones de venezolanos han dejado el país.
Aunque las razones del éxodo pueden ser forzadas o no, el complejo contexto político y socioeconómico del país —caracterizado por escasez de alimentos y de medicamentos, pérdida del poder adquisitivo, inseguridad y restricciones a las libertades fundamentales— expulsa a cientos de ciudadanos a otras fronteras e, inclusive, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afecta el acceso a los servicios básicos de los nacionales y de los 7.861 refugiados que se encuentran en Venezuela.
El país está sumergido en una emergencia humanitaria compleja. La pobreza por ingreso se ubicó en 87 % en el 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi); más del 70 % de los hospitales no prestan atención mínima adecuada por la falta de medicinas e insumos, más de 4 millones de pacientes con enfermedades crónicas no tienen acceso a medicamentos; 8,2 millones de personas solo comen 2 o menos veces al día, 80 % de los hogares presenta inseguridad alimentaria y cada vez más niños sufren desnutrición como consecuencia de la escasez de alimentos.
De allí surge el petitorio de las organizaciones internacionales y nacionales de solicitar al Estado aceptar la ayuda humanitaria para los venezolanos que aún se encuentran en el territorio nacional, y la exhortación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a sus Estados miembros para que garanticen a los venezolanos el acceso a su territorio y a los servicios básicos.
Recientemente, en una nota de interés intitulada ACNUR presenta nuevas directrices de protección ante la huida de venezolanos por América Latina, la agencia de las Naciones Unidas exhorta a los gobiernos receptores de venezolanos en necesidad de protección internacional y de asistencia humanitaria para que, además de permitirles el acceso a su territorio, adopten «respuestas pragmáticas de protección, como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de residencia temporal, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el derecho al trabajo».
No todos son refugiados
La Convención de Refugiados de 1951 señala que un refugiado es una persona que, debido a «fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país».
Asimismo, la Declaración de Cartagena de 1984 —aunque no es vinculante— complementa la definición establecida en la Convención de 1951 al incluir que un refugiado es una persona que haya huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público.
Es por ello que la ACNUR, en sus directrices para que los gobiernos atiendan el «flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos», considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena.
Leer mas: http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7293&Itemid=156
El país está sumergido en una emergencia humanitaria compleja. La pobreza por ingreso se ubicó en 87 % en el 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi); más del 70 % de los hospitales no prestan atención mínima adecuada por la falta de medicinas e insumos, más de 4 millones de pacientes con enfermedades crónicas no tienen acceso a medicamentos; 8,2 millones de personas solo comen 2 o menos veces al día, 80 % de los hogares presenta inseguridad alimentaria y cada vez más niños sufren desnutrición como consecuencia de la escasez de alimentos.
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