Una figura inflable del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue instalada frente a la sede de la Policía Federal en Brasilia el 6 de abril de 2018. Ueslei Marcelino/Reuters
Después de dos años de juicios e investigaciones, el escándalo de Lava Jato, o autolavado, sigue generando caos en la política brasileña. El 4 de abril, el Supremo Tribunal Federal de Brasil falló en contra de un recurso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar ser encarcelado y se le podría prohibir contender de nuevo por la presidencia. A pesar de ser el líder en las encuestas de las elecciones presidenciales de octubre, Lula probablemente no estará en la boleta y tal vez verá los resultados desde la cárcel.
De manera similar, apenas en marzo, el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar después de que se captó en video cómo sus simpatizantes compraban votos para frenar su inminente juicio político. Kuczynski estaba acusado de haber recibido dinero de Odebrecht, la empresa brasileña de construcción, hace más de una década. Es el líder latinoamericano más reciente en caer en desgracia por una interminable serie de escándalos de corrupción, pero es probable que no sea el último.
A medida que se calienta la campaña electoral en México, las encuestas y los expertos coinciden en que el tema central para muchos votantes es la corrupción. Cada candidato acusa a los otros de haber estado involucrados en algún acto de corrupción, de ser cómplice de uno o de haberlo permitido. El ganador será el candidato que convenza de mejor manera a los votantes de su efectividad para combatir el flagelo tradicional de México.
¿Las acciones recientes en contra de la corrupción han comenzado a amenazar la democracia y el Estado de derecho en lugar de fortalecerlos? Se puede argumentar a favor de esas dudas, pero sería un argumento débil y, a fin de cuentas, imperfecto. Sin importar cuáles son los inconvenientes y los peligros de la estrategia anticorrupción que se vive actualmente en la región, son preferibles a la alternativa: un intolerable statu quo.
Hoy y el sábado Lima albergará la Cumbre de las Américas, la única reunión regional donde se sientan en la misma mesa los líderes de todas las naciones del hemisferio occidental, entre ellas Cuba y Estados Unidos. Para cada encuentro de la cumbre, el grupo elige un tema por adelantado. En esta ocasión, será la corrupción.
Habría que preguntarse si el surgimiento de demagogos anticorrupción o el descrédito de los regímenes democráticos que traen consigo estos escándalos no son más perjudiciales que el pecado original.
En Argentina, han salido a la luz escándalos que involucran a los gobiernos de Kirchner y Fernández y se están emprendiendo acciones legales. Y en El Salvador, Guatemala y Honduras algunos de sus expresidentes están en la cárcel, bajo investigación o bajo sospecha de haber participado en una serie de actos de corrupción.
Es útil recordar que la región ha sido famosa porque durante muchas décadas ha tenido un alto grado de corrupción. En 1992, cuando era presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello renunció antes de ser llevado a juicio político por corrupción; se descubrieron millones de dólares en el Riggs Bank a nombre del dictador chileno Augusto Pinochet; y se sospecha que desde la década de los cuarenta los presidentes mexicanos han acumulado enormes fortunas injustificadas. Todo esto pasó desapercibido o, de cualquier modo, sin castigo. Ya no es el caso.
En la actualidad, el problema no es si seguirá el impulso del combate a la corrupción en América Latina ni si representa un cambio en la marea dentro del proceso operativo estándar de la región. Las dos aseveraciones son innegables. Sin embargo, habría que preguntarse si el surgimiento de demagogos anticorrupción o el descrédito de los regímenes democráticos que traen consigo estos escándalos no son más perjudiciales que el pecado original.
Las instituciones provisionales como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual promovió Naciones Unidas, o la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, un mecanismo que ayudó a iniciar la OEA, ¿no socavan los esfuerzos para construir instituciones permanentes en contra de la corrupción?
En Brasil, donde los jueces independientes han ejercido un impacto directo en el proceso electoral, ¿acaso no han abierto la puerta a agitadores extremistas como el candidato conservador Jair Bolsonaro, y al mismo tiempo han hecho que el país sea ingobernable?
Y en México, ¿las peticiones de que haya una comisión de la verdad en el tema de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos son un síntoma de una sociedad civil harta de los escándalos interminables o una amenaza para un sistema judicial mexicano que siempre ha sido débil?
Leer mas: https://www.nytimes.com/es/2018/04/13/opinion-castaneda-corrupcion-america-latina/
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