Expertos de LUZ debaten las implicaciones del cierre fronterizo con Colombia - Luis Gerardo Petit

Foto: George Castellano (AFP)

A través del Decreto N.° 1.989, el 7 de septiembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro ordenó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana girar «instrucciones pertinentes» a los comandantes de las Regiones de Defensa Integral, para restringir el desplazamiento fronterizo de personas y de transporte de carga, tras la declaratoria de estado de excepción en los municipios Guajira, Almirante Padilla y Mara.
 
Desde esa fecha, el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia por el norte del estado Zulia permanece cerrado, a pesar de que la medida legalmente perdió vigor el 8 de enero de 2016. Juan Romero, profesor adscrito al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, considera que el cierre de la frontera ha dejado resultados positivos en cuanto al contrabando de gasolina. «Ha bajado considerablemente el flujo de contrabando de gasolina».

En cuanto al control de alimentos y demás rubros, Romero manifiesta que el cierre fronterizo no ha obtenido buenos resultados. «No ha sido lo eficaz que debió haberse producido. Hay un flujo en forma de goteo en cuanto a la mercancía seca a lo largo de la frontera». A su juicio, se debe a que, cuando se decretaron las medidas en los municipios fronterizos, no se incluyó la capital zuliana. «Debió haberse decretado también en Maracaibo porque gran parte del trasvase de la mercancía seca se hace desde allí como ciudad puerto; sin embargo, eso no se hizo». Agrega que Maracaibo «sigue siendo un foco de concentración de mercancía seca y de inicio de la red de distribución ilegal hacia la frontera».

Según el profesor e investigador de LUZ, el cierre de la frontera no ha eliminado por completo la extracción de mercancía seca; sin embargo, afirma que se ha reducido. «Ha disminuido el flujo porque en las vías principales han sido incrementados los controles, en relación a las circunstancias cuando la frontera estaba totalmente abierta y se permitía, sin ningún tipo de restricciones, el flujo desde Colombia hacia Venezuela o viceversa».

Por su parte, Nebis Acosta, investigadora y directora del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos (Ceela) de la Universidad del Zulia, afirma que el cierre de la frontera ha dejado resultados negativos. «El cierre de la frontera lo que genera es corrupción. No se ha resuelto el contrabando de extracción. Más que efectos positivos, son efectos negativos por no ver la frontera desde una perspectiva integral». Agrega que la frontera no se debe visualizar aisladamente. «No se puede ver solo para su defensa y resguardo, ese es el enfoque tradicional. Siempre se ha visto la frontera como un límite y no lo vemos desde la perspectiva de una posibilidad de desarrollo».

Reapertura de la frontera

El 4 de agosto de 2016, las cancilleres de Venezuela y Colombia se reunirán para estudiar la posibilidad de abrir nuevamente el paso fronterizo, tanto en el estado Zulia como en el Táchira. Juan Romero considera que establecerse darse 2 precondiciones, que consisten en la derogación de la Resolución N°. 8 y del decreto de legalización de la gasolina, vigentes en los departamentos del Norte de Santander y en La Guajira colombiana. «Es una resolución que está presente desde el gobierno de Andrés Pastrana en el año 1998. Es una política formal del Estado colombiano, donde, a través de un subregistro legal, se genera un cambio paralelo diferente al cambio entre los bancos centrales de ambas repúblicas».

Agrega que Colombia tiene «un mecanismo de legalización del contrabando que atenta contra las relaciones bilaterales. Esos son los puntos que mientras persistan serán un obstáculo para la restitución normal del flujo fronterizo». Por el contrario, la directora del Ceela considera que hay que buscar una alternativa para abrir la frontera. «No podemos hablar de integración con cierre de frontera. Lo que tiene que haber es una voluntad política en ese sentido».

Obstáculo para los wayúu

Según José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, la medida presidencial sigue afectando al pueblo wayúu. «El cierre del paso fronterizo ha generado un problema bastante grave para el pueblo wayúu», afirma.

Agrega que los indígenas no son libres en su territorio; por lo tanto, es contradictorio a lo establecido en el artículo 36 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que establece que los pueblos indígenas —divididos por fronteras internacionales—  «tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social con sus propios miembros así como de otros pueblos a través de las fronteras».

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