Las grandes iniciativas de Barack Obama en política internacional (negociación con la Cuba castrista y acuerdo con Irán) parece que persiguen destensar el contexto internacional. Sin embargo, de forma paralela, su posición con respecto a la Venezuela de Nicolás Maduro se ha endurecido, aunque con matices.
El presidente estadounidense ordenó en marzo impulsar sanciones contra varias destacadas figuras del gobierno venezolano y declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos.
En una orden ejecutiva, Obama “implementaba y ampliaba” las sanciones contra ciertos individuos de Venezuela: “Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y declaró una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”.
Además, en la administración estadounidense existe un proyecto geopolítico: recuperar el terreno perdido en la región y en especial en el Caribe. En enero pasado el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, afirmó que ningún país debe usar sus recursos energéticos como método de coerción a las naciones del Caribe, en clara referencia a Venezuela y su programa de entrega de petróleo subsidiado “Petrocaribe”.
“Ya sea en Ucrania o en el Caribe, ningún país debería poder usar sus recursos naturales como herramienta de coerción contra otro”, dijo Biden durante la I Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe, que se celebró en Washington.
Buena parte de los países representados en esa Cumbre se beneficiaban de un proyecto creado por Hugo Chávez en 2005 y en el que estaban República Dominicana, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam.
Ofensiva de EEUU para aislar a Venezuela
En marzo la Casa Blanca anunció que Estados Unidos congelaba los activos financieros venezolanos presentes en su territorio y prohibía la entrada en el país a siete altos funcionarios venezolanos en lo que constituye una nueva escalada de las tensiones entre los dos países.
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