Desde este blog, compartiremos los temas mas importantes, en esta era globalizada.
Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aprobó por unanimidad un acuerdo institucional para respaldar la postulación de la profesora y jurista Magaly Vásquez González como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco del proceso de renovación del máximo tribunal venezolano.
La decisión fue adoptada el pasado 5 de noviembre de 2026, durante una sesión extraordinaria celebrada en la sede de la universidad en Caracas, según el documento suscrito por el decano de la Facultad de Derecho, César Augusto Carballo Mena, y la directora de la Escuela de Derecho, María Lidia Álvarez Chamosa.
En el acuerdo, la institución destacó la trayectoria académica, profesional y ciudadana de Vásquez González, al considerar que «cumple con creces los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia».
La UCAB subrayó que la jurista es abogada, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y doctora en Derecho, además de contar con más de 30 años de experiencia docente en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
Asimismo, resaltó que desde 2024 ocupa el sillón número 33 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y que ha ejercido importantes responsabilidades universitarias, entre ellas la dirección de la Escuela de Derecho, el decanato encargado de la Facultad y la Dirección General de Estudios de Postgrado.
Actualmente, Vásquez González se desempeña como secretaria de la UCAB, jefa del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal y responsable de la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer «Teresa de la Parra».
«Su eventual designación constituiría un paso significativo en el proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia», señaló el Consejo de Facultad.
La institución insistió en que la renovación del TSJ debe garantizar la selección de profesionales idóneos, capaces de contribuir a la construcción de un sistema judicial independiente, imparcial y transparente.
Finalmente, el Consejo acordó remitir formalmente su respaldo a la profesora Vásquez González y al Comité de Postulaciones Judiciales, así como difundir la resolución mediante sus canales institucionales.
Los rectores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Metropolitana (UNIMET) inauguraron, este martes 6 de octubre, el Congreso Internacional de Gobernanza, Liderazgo y Gestión, evento organizado por estas tres casas de estudio con el apoyo de la Embajada de Francia.
Durante la ceremonia de apertura, celebrada en el Aula Magna de la UCAB, en Montalbán, las máximas autoridades académicas coincidieron en que la cooperación interuniversitaria constituye una necesidad estratégica para responder a los desafíos nacionales de las próximas décadas.
El rector anfitrión, el padre Arturo Peraza, S.J., señaló que el ejercicio académico exige trascender la coyuntura política y económica inmediata para estructurar un plan enfocado a largo plazo.
A su juicio, la universidad debe concebirse con visión prospectiva, un ejercicio que, según explicó, no consiste en extrapolar el presente, sino en definir el futuro deseado para emprender las acciones necesarias en el momento actual.
“El liderazgo y la gestión no solo implica decidir qué hacer con los recursos disponibles, sino hacia dónde está orientada la gestión de esos recursos limitados para que apunten al universo de oportunidades”, afirmó Peraza.
Subrayó que la gobernanza universitaria debe apuntar a la «consolidación de un país democrático, institucionalizado, transparente y adaptado a las exigencias del siglo XXI».
Articulación academia-empresa-sociedad para derribar barreras
En su turno, María Isabel Guinand, rectora de la UNIMET, enfatizó que el trabajo aislado ha caducado como modelo de gestión académica. «Los desafíos en sociedad no se pueden enfrentar en solitario. El mundo nos propone que la cooperación interuniversitaria deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica y urgente», aseveró.
La profesora añadió que la articulación entre investigadores, estudiantes y el sector empresarial permite derribar barreras tradicionales y multiplicar las respuestas científicas ante las dinámicas cambiantes del país.
Recordó que la eficiencia en el manejo presupuestario y la transparencia en la administración de recursos constituyen pilares obligatorios para sostener un liderazgo centrado en la dignidad humana y el bienestar colectivo.
El Congreso Internacional de Gobernanza, Liderazgo y Gestión se realiza en simultáneo con las IX Jornadas de Investigación de la UCAB y el VII Simposio de Política y Discurso. La agenda incluye la participación de más de 200 expertos nacionales e internacionales y la presentación de más de 170 trabajos sobre temas de economía, educación, psicología, comunicación y políticas públicas.
En este sentido, el rector de la UCV, Víctor Rago, valoró la diversidad del encuentro como una «nueva evidencia del esfuerzo cooperativo que impulsa debates en un periodo del país en el que las universidades deben fortalecer, sin flaquezas, sus capacidades deliberativas y de investigación».
«Inquebrantable» respaldo francés a la universidad venezolana
Emmanuel Pineda, embajador de Francia en Venezuela, calificó de «inquebrantable» el respaldo de su país a las universidades nacionales.
Como muestra de ello, destacó el apoyo a este y otros congresos académicos, pero también la certificación de calidad internacional bajo estándares europeos que, el pasado mes de febrero, otorgó el Alto Consejo Francés para la Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (Hcéres) a la UCV, la UCAB y la UNIMET.
A propósito del tema central del Congreso, Pineda destacó que la gobernabilidad moderna superó el esquema del ejercicio vertical del poder. “Un buen gobierno no solo administra recursos de forma eficiente, sino que además abre espacios reales para la inclusión de todos y, en especial, de los liderazgos más jóvenes”, puntualizó.
Evento multidisciplinario de investigación
El Congreso Internacional de Gobernanza, Liderazgo y Gestión, las IX Jornadas de Investigación UCAB y el Simposio Internacional de Política y Discurso se desarrollarán hasta el 8 de octubre, en las sedes Caracas y Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello.
El secretario de Investigación y Transferencia de la institución, José Luis Da Silva, recordó que la programación, de carácter hibrido, incluye conferencias, mesas de discusión, paneles de especialistas y talleres. Añadió que se presentarán propuestas de ONG y asociaciones orientadas a la atención educativa, cultural y psicológica postsismos, así como una jornada de formación para emprendedores.
El campus Montalbán de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue calificado, por tercer año consecutivo, como el más ecoamigable del país. La sede Guayana quedó en el cuarto lugar nacional.
Este posicionamiento corresponde al UI GreenMetric World University Ranking 2026, elaborado por la Universidad de Indonesia (Universitas Indonesia), en el que la UCAB participa desde hace ocho años.
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Para esta edición, la número 17, UI GreenMetric evaluó y calificó a 2.016 universidades de 110 países (271 más que en 2025),en función de sus acciones en siete áreas: Instalaciones e Infraestructura, Energía y Cambio Climático, Desperdicios, Agua, Transporte, Educación e Investigación y Gobernanza y Digitalización (incorporada este año).
La UCAB Montalbán obtuvo un puntaje total de 7.787,5/10.000, lo que le valió el puesto de honor entre las seis universidades venezolanas clasificadas. Además, ascendió 10 puestos a nivel mundial, al pasar del #317 al #307. En Latinoamérica se ubicó entre las 50 primeras (#45), ocupando el mismo lugar que en la edición de 2025.
Gracias a su desempeño, la institución quedó en el grupo superior del ranking, denominado categoría Oro, por sumar más de 7.500 puntos a lo largo del tiempo, refiere una nota de prensa.
Por su parte, la sede de UCAB Guayana, ubicada en el estado Bolívar, obtuvo 5.380 puntos, alcanzó el peldaño #130 en América Latina y quedó en el #1.086 a nivel global.
En Venezuela, la lista la completan, detrás de UCAB Montalbán, la Universidad Metropolitana, en el puesto #2; la Universidad Rafael Belloso (URBE, Maracaibo) en el tercer lugar; UCAB Guayana, en el cuarto peldaño; la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el #5 y, finalmente, la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en la sexta posición.
Avances de la UCAB en pro de la sostenibilidad
Para el director de Sustentabilidad Ambiental (DSA) de la UCAB, Joaquín Benítez, el resultado del UI GreenMetric 2026 deja en evidencia el compromiso transversal de la institución para conseguir que su operación, gestión y trabajo educativo sean amigables con el medio ambiente y se manejen en consonancia con el desarrollo sostenible.
“Cada vez más unidades de la universidad están asumiendo actividades y compromisos relativos a la sustentabilidad. Esa expresión es recogida a través de todos los instrumentos reflejados en el ranking”, dijo.
Recordó, entre otras, las políticas de reducción de emisiones de carbono que ha emprendido la institución, el trabajo de reciclaje de residuos, las estrategias de ahorro de energía y de uso eficiente del agua aplicadas en las instalaciones, además del desarrollo de investigaciones y estudios de pre y postgrado relacionados con el uso de energía sostenible.
El economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), Luis Zambrano Sequín, advirtió en una entrevista concedida al portal El Ucabista que el pacto energético sellado entre Venezuela, la empresa Nabep y una dependencia del Departamento de Defensa de EE. UU. plantea serias dudas constitucionales, falta de transparencia y riesgos de corrupción.
A juicio del académico, lejos de brindar certezas institucionales para recuperar la economía colapsada por años de desinversión, la estructura contractual compromete por 25 años el recurso más importante de la nación bajo una preocupante inseguridad jurídica.
Zambrano explicó que la alianza joint venture entre Nabep —liderada por Alejandro Betancourt— y la oficina estadounidense vinculada al Pentágono (que asumirá el 35 % de las acciones) operará mediante la contratación de terceras empresas que ejecutarán la exploración y explotación de 17 pozos. En ese sentido, aclaró que la inversión proyectada de 100.000 millones de dólares deberá ser aportada por las operadoras contratadas y no por los Gobiernos ni por la firma gestora, al tiempo que cuestionó la legitimidad del Ejecutivo para tomar decisiones rígidas de largo plazo bajo un Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Económica.
Dudas constitucionales y cesión de soberanía
El investigador del IIES-UCAB alertó que el esquema pactado podría estar contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente en materia de reservas hidrocarburíferas:
Riesgo de retorno a las concesiones: Zambrano advirtió que el acuerdo sugiere una vuelta al modelo de concesiones a privados extranjeros eliminado con la nacionalización de 1975 y la Constitución de 1999. Señaló que la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 ratifica al Estado como único administrador del subsuelo, por lo que este formato requeriría una reforma constitucional y el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Control operativo externo: El economista catalogó como alarmante que el Gobierno norteamericano mantenga el derecho a recibir más del 20 % de la producción a precio de costo y sea quien decida qué petroleras firmarán los contratos, lo que califica como una cesión de soberanía y una merma en la capacidad de decisión del Estado.
Opacidad, riesgos de corrupción y tensiones geopolíticas
El análisis publicado por El Ucabista detalla los vacíos de control institucional y los conflictos internacionales que genera el convenio:
Factor de Riesgo
Impacto Identificado por Luis Zambrano Sequín
Falta de Transparencia
La ausencia de licitaciones abiertas, contraloría independiente y supervisión legislativa abre la puerta a graves irregularidades administrativas.
Conflicto con Socios
La superposición de estas concesiones con contratos vigentes de empresas de China y Rusia anticipa litigios internacionales y reclamos de indemnización.
Compromiso con la OPEP
El plan de EE. UU. de duplicar la producción nacional chocará con las cuotas asignadas por la OPEP, forzando una eventual salida del organismo.
Atracción de Capitales
Sin un andamiaje institucional firme ni seguridad jurídica, las multinacionales difícilmente arriesgarán inversiones de envergadura en el país.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) alertó que el costo de la canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela alcanzó los 756,45 dólares en junio, lo que representa una disminución del 2,1% con respecto a mayo. Señalan que el salario mínimo, de 130 bolívares desde 2022 (0,17 dólares mensuales), solo cubre el 0,03% del costo total de la canasta.
«Esto genera un déficit del 99,97% para que un hogar de cinco integrantes pueda cubrir los 60 productos de primera necesidad», añadió el centro de investigación, al tiempo que explicó que una familia venezolana necesitó 3.433,11 salarios mínimos para costear su alimentación o el equivalente a más de tres bonos gubernamentales de 240 dólares.
Asimismo, el Cendas-FVM sostuvo que una familia necesitó 13,56 dólares para adquirir agua potable. Según expertos y ONG, esto se debe a que el recurso distribuido por tubería en el país no cumple con los estándares mínimos de potabilidad.
«La pérdida del poder adquisitivo del salario base obliga a la población a depender casi exclusivamente de bonificaciones complementarias discrecionales, remesas exteriores, ayuda internacional y actividades del sector informal para intentar mitigar la brecha nutricional en las regiones más afectadas (por los terremotos del pasado 24 de junio)», subrayó el organismo.
En junio, la inflación se disparó al 13,8%, lo que representa un notable incremento frente al 6,3% registrado en mayo, según datos del Banco Central (BCV). Además, el ente emisor informó que la inflación acumulada se ubicó en 129,8%, impulsada por fuertes repuntes sectoriales donde el transporte lideró con un 16,2%, seguido por los servicios de educación con un 15,2% y el rubro de la vivienda con un 14,9%.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) oficializó el lanzamiento de un nuevo plan de cooperación económica estudiantil diseñado de forma exclusiva para brindar apoyo a los jóvenes venezolanos que emigraron y han tomado la decisión de volver al país. La iniciativa, denominada «Programa de becas para retornados», ya ha registrado la postulación de más de 100 bachilleres durante sus primeros días de convocatoria.
El beneficio contempla un subsidio directo mediante la exoneración del 30 % sobre el costo de la matrícula de pregrado. De acuerdo con una nota de prensa emitida por la institución jesuita, los interesados contarán con un lapso operativo para consignar sus solicitudes que permanecerá abierto hasta el próximo 3 de julio de 2026.
Parámetros de elegibilidad y oferta académica disponible
El programa de asistencia financiera cuenta con un diseño de inclusión flexible que abarca dos perfiles de ingreso: bachilleres sin estudios previos que deseen iniciar una carrera profesional desde cero, y alumnos regulares que hayan cursado al menos un semestre en la institución y busquen formalizar su reincorporación a las aulas.
Las condiciones base de elegibilidad estipuladas por el centro de estudios son las siguientes:
Permanencia en el exterior: Los postulantes deben demostrar documentalmente haber residido fuera de las fronteras venezolanas por un período continuo no menor a dos años.
Fecha de retorno: El regreso definitivo al territorio nacional debe haberse efectuado a partir del 1 de diciembre de 2025.
El subsidio económico es plenamente aplicable para cualquiera de las 19 carreras profesionales de pregrado largo y las cinco opciones de Técnico Superior Universitario (TSU) que imparte la UCAB tanto en su sede principal de Montalbán (Caracas) como en su campus de Guayana (estado Bolívar).
Compromiso social y capitalización del talento multicultural
El rector de la UCAB, Arturo Peraza, S.J., argumentó que esta política responde al compromiso histórico de la universidad por propiciar la inclusión educativa y contribuir a mitigar las fracturas familiares derivadas del fenómeno migratorio. «Abrimos este proceso de becas para migrantes que se fueron sin concluir sus estudios universitarios y quieran retornar al país, formarse, prepararse, para abrirse un camino en Venezuela», destacó la máxima autoridad académica.
Por su parte, el vicerrector administrativo, Gustavo García, apuntó que la institución busca capitalizar el bagaje y las competencias multiculturales que estos estudiantes adquirieron durante su vivencia internacional, enriqueciendo la heterogeneidad en el campus. Con este nuevo programa, la UCAB expande su política de asistencia social, la cual beneficia actualmente a más del 20 % de su población total de pregrado mediante diversas modalidades de becas y financiamientos.
Ruta y requisitos para la postulación de expedientes
Para optar formalmente al beneficio de exoneración, los bachilleres deben agotar un itinerario de registro y evaluación estructurado en cuatro fases obligatorias:
Registro digital: Cumplimentar el formulario oficial en línea a través del enlace abreviado https://bit.ly/BecaRetornadosUCAB. El expediente será remitido a la Dirección de Cooperación Económica Estudiantil (DCEE).
Validación probatoria: Consignar, bien sea en formato físico o digital, los soportes que acrediten su estancia en el extranjero (sellos de movimiento migratorio en pasaporte, constancias de trabajo, contratos de arrendamiento o facturas de servicios).
Trámite de Secretaría: Formalizar la inscripción o reincorporación en el sistema de Secretaría de la UCAB y efectuar el pago correspondiente al arancel administrativo del proceso.
Evaluación de admisión: Presentar la prueba de conocimientos general en las instalaciones del campus, pautada para el sábado 11 de julio de 2026, cuyo resultado es vinculante para el ingreso.
Una vez validados los perfiles, la DCEE adjudicará los subsidios. Los estudiantes seleccionados deberán mantener los estándares de rendimiento académico y promedio exigidos por el reglamento interno de becas de la universidad. Para consultas, la institución habilitó el correo dcee@ucab.edu.ve y las cuentas @Dceeucab en redes sociales.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) oficializó el lanzamiento de un nuevo plan de cooperación económica estudiantil diseñado de forma exclusiva para brindar apoyo a los jóvenes venezolanos que emigraron y han tomado la decisión de volver al país. La iniciativa, denominada «Programa de becas para retornados», ya ha registrado la postulación de más de 100 bachilleres durante sus primeros días de convocatoria.
El beneficio contempla un subsidio directo mediante la exoneración del 30 % sobre el costo de la matrícula de pregrado. De acuerdo con una nota de prensa emitida por la institución jesuita, los interesados contarán con un lapso operativo para consignar sus solicitudes que permanecerá abierto hasta el próximo 3 de julio de 2026.
Parámetros de elegibilidad y oferta académica disponible
El programa de asistencia financiera cuenta con un diseño de inclusión flexible que abarca dos perfiles de ingreso: bachilleres sin estudios previos que deseen iniciar una carrera profesional desde cero, y alumnos regulares que hayan cursado al menos un semestre en la institución y busquen formalizar su reincorporación a las aulas.
Las condiciones base de elegibilidad estipuladas por el centro de estudios son las siguientes:
Permanencia en el exterior: Los postulantes deben demostrar documentalmente haber residido fuera de las fronteras venezolanas por un período continuo no menor a dos años.
Fecha de retorno: El regreso definitivo al territorio nacional debe haberse efectuado a partir del 1 de diciembre de 2025.
El subsidio económico es plenamente aplicable para cualquiera de las 19 carreras profesionales de pregrado largo y las cinco opciones de Técnico Superior Universitario (TSU) que imparte la UCAB tanto en su sede principal de Montalbán (Caracas) como en su campus de Guayana (estado Bolívar).
Compromiso social y capitalización del talento multicultural
El rector de la UCAB, Arturo Peraza, S.J., argumentó que esta política responde al compromiso histórico de la universidad por propiciar la inclusión educativa y contribuir a mitigar las fracturas familiares derivadas del fenómeno migratorio. «Abrimos este proceso de becas para migrantes que se fueron sin concluir sus estudios universitarios y quieran retornar al país, formarse, prepararse, para abrirse un camino en Venezuela», destacó la máxima autoridad académica.
Por su parte, el vicerrector administrativo, Gustavo García, apuntó que la institución busca capitalizar el bagaje y las competencias multiculturales que estos estudiantes adquirieron durante su vivencia internacional, enriqueciendo la heterogeneidad en el campus. Con este nuevo programa, la UCAB expande su política de asistencia social, la cual beneficia actualmente a más del 20 % de su población total de pregrado mediante diversas modalidades de becas y financiamientos.
Ruta y requisitos para la postulación de expedientes
Para optar formalmente al beneficio de exoneración, los bachilleres deben agotar un itinerario de registro y evaluación estructurado en cuatro fases obligatorias:
Registro digital: Cumplimentar el formulario oficial en línea a través del enlace abreviado https://bit.ly/BecaRetornadosUCAB. El expediente será remitido a la Dirección de Cooperación Económica Estudiantil (DCEE).
Validación probatoria: Consignar, bien sea en formato físico o digital, los soportes que acrediten su estancia en el extranjero (sellos de movimiento migratorio en pasaporte, constancias de trabajo, contratos de arrendamiento o facturas de servicios).
Trámite de Secretaría: Formalizar la inscripción o reincorporación en el sistema de Secretaría de la UCAB y efectuar el pago correspondiente al arancel administrativo del proceso.
Evaluación de admisión: Presentar la prueba de conocimientos general en las instalaciones del campus, pautada para el sábado 11 de julio de 2026, cuyo resultado es vinculante para el ingreso.
Una vez validados los perfiles, la DCEE adjudicará los subsidios. Los estudiantes seleccionados deberán mantener los estándares de rendimiento académico y promedio exigidos por el reglamento interno de becas de la universidad. Para consultas, la institución habilitó el correo dcee@ucab.edu.ve y las cuentas @Dceeucab en redes sociales.
Cuatro casas de estudio nacionales lograron clasificar en el listado global Quacquarelli Symonds 2027. Mientras la UCV revalida su liderazgo en la clasificación general, la UCAB saca ventaja y se corona como la número uno del país en reputación académica y mercado laboral
La firma británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó este jueves los resultados de su QS World University Rankings 2027, una de las evaluaciones institucionales de educación superior más consultadas a nivel global. En esta edición, que analizó el desempeño de más de 8.800 universidades en 106 países, solo cuatro casas de estudio venezolanas (UCV, Ucab, USB y ULA) lograron clasificar dentro de las 1.504 instituciones seleccionadas para el listado final.
La Universidad Central de Venezuela (UCV) revalidó su posición histórica al encabezar el grupo local en la clasificación general. Sin embargo, los datos desglosados por indicadores revelan un escenario competitivo matizado: mientras las universidades autónomas defienden su liderazgo consolidado, el sector privado, representado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), gana terreno en las áreas de percepción internacional y mercado laboral.
Detrás de la UCV y la UCAB, el cuadro nacional lo completan la Universidad Simón Bolívar (USB) en el tercer puesto y la Universidad de Los Andes (ULA) en el cuarto peldaño.
Reputación y mercado laboral: Los bastiones de la UCAB
A pesar de ocupar la segunda posición en el puntaje general del país (16,6/100), la UCAB se posicionó a la cabeza de Venezuela en indicadores clave de percepción. La institución jesuita obtuvo el primer lugar nacional en Reputación entre Empleadores (ubicándose en el puesto #302 a nivel mundial con 44,3 puntos) y en Reputación Académica (puesto #428 global con un puntaje de 29,1).
El dato más significativo para la universidad privada en esta edición fue su avance en el renglón de Empleabilidad de egresados, donde escaló 51 peldaños respecto al año anterior para situarse en la posición #626 del mundo. Asimismo, la UCAB lideró el renglón local en cuanto a la proporción de personal docente y estudiantes internacionales, un indicador que suele verse fuertemente afectado por el contexto migratorio y económico del país.
El reto estructural de las autónomas
La permanencia de la UCV, la USB y la ULA en el tablero internacional —todas ubicadas de forma consolidada dentro del ranking general— refleja la resiliencia de la universidad pública venezolana frente a la asfixia presupuestaria de la última década.
Históricamente, el liderazgo general de la UCV en este tipo de mediciones se sostiene sobre sus hombros estructurales: el volumen de investigación, la red internacional de cooperación científica y el acumulado de citas académicas, áreas donde la escala y la trayectoria de las universidades autónomas tradicionales suelen registrar mayor densidad institucional frente a las opciones privadas.
El panorama regional
A escala global, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) lideró el ranking por decimoquinto año consecutivo con una puntuación perfecta, escoltado por el Imperial College London y la Universidad de Stanford.
Para América Latina, la realidad del listado evidencia la brecha existente entre las principales economías de la región y el resto de los sistemas educativos.
De las 118 universidades latinoamericanas que lograron ingresar al reporte, los primeros lugares quedaron reservados para la Universidad de Buenos Aires (Argentina, #84), la Pontificia Universidad Católica de Chile (#119), la Universidad de Sao Paulo (Brasil, #133) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, #145). Las cuatro representantes de Venezuela se mantuvieron posicionadas en los rangos globales inferiores, por encima de la franja del puesto #1000.
Se espera que el próximo mes de octubre la firma británica publique el desglose específico para América Latina y el Caribe, donde se detallará de forma más estrecha la posición competitiva de las academias venezolanas frente a sus pares regionales.
Durante su intervención en la Semana Empresarial de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el economista y profesor de Macroeconomía, Jesús Palacios Chacín, presentó un exhaustivo balance sobre las proyecciones macroeconómicas de Venezuela para el cierre de 2026. El informe combina signos de desaceleración inflacionaria y un histórico rebote petrolero con severas advertencias sobre el rezago del Producto Interno Burto (PIB), la asfixia fiscal al empresariado y la ineficacia de la política cambiaria oficial.
Palacios enfatizó que, aunque las cifras reflejan una moderación, el país viene de perder tres cuartas partes de su tamaño económico entre 2014 y 2021. Por ello, advirtió que para alcanzar una recuperación sostenida y un consumo interno estable se requiere de una política coherente que elimine las distorsiones cambiarias e incorpore activamente al sector industrial.
Inflación en descenso pero con una brecha cambiaria «inexplicable»
El economista proyecta que Venezuela cerrará el año 2026 con una inflación acumulada del 192%, lo que representa una notable reducción de 290 puntos porcentuales en comparación con el cierre de 2025. Pese a esta desaceleración, el valor real del PIB (que cerró 2025 en 36.000 millones de dólares) registrará un crecimiento estimado del 12% para este año, situándose todavía un 64% por debajo de los niveles registrados en 2012.
El análisis cuestionó duramente la estrategia del Banco Central de Venezuela (BCV), cuyas intervenciones cambiarias ya suman 3.993 millones de dólares en lo que va de año:
«El volumen inyectado evidencia la ineficacia de la política cambiaria actual, pues la brecha entre el tipo de cambio oficial y el de referencia se mantiene entre un 30% y 40%. El Ejecutivo aplica una ‘devaluación a cuentagotas’ manteniendo una tasa oficial ‘inexplicable’, lo que sugiere una estrategia orientada a preservar un diferencial cambiario que contribuya a financiar el gasto público».
De acuerdo con las estimaciones presentadas, el tipo de cambio oficial cerraría 2026 en 950 bolívares por dólar, mientras que la tasa de referencia digital (USDT) se ubicaría en 1.025 bolívares, manteniendo la brecha cerca del 45% y empujando la inflación en dólares hacia un 20% anual, con fuertes repuntes en equipamiento del hogar (58,5%) y alimentos (41,1%).
Sector petrolero supera el millón de barriles tras siete años
La industria de los hidrocarburos se consolida como el motor energético del crecimiento proyectado. Tras cerrar 2025 con un alza del 12%, Palacios estima que la producción de crudo escalará hasta los 1.320.000 barriles diarios (bpd) al cierre de 2026, un incremento superior al 20%. En abril, el bombeo se consolidó en 1.136.000 bpd, marcando la primera vez desde 2019 que el país produce de forma sostenida por encima del millón de barriles.
Este avance responde directamente a la ampliación de licencias otorgadas a operadoras internacionales y a un giro radical en la estructura de mercados: Estados Unidos concentra el 70% de las ventas y genera el 73% de los ingresos petroleros totales del país, reduciendo los descuentos del crudo venezolano de 17 a solo 5 dólares por barril. Con este esquema, los ingresos por exportaciones petroleras podrían facturar 21,2 millardos de dólares este año.
Presión fiscal al límite y el soporte de las remesas
En el ámbito tributario, la recaudación del Seniat muestra un incremento del 27% respecto a 2025, acumulando 3.549 millones de dólares en lo que va de año. Palacios alertó que el flujo de caja del Estado se sostiene sobre una fuerte presión al sector privado formal a través de la Ley de Pensiones, el IGTF y las tasas municipales, obligando al empresariado a declarar hasta el 60% de su margen operativo.
Por otro lado, el consumo privado encuentra su principal oxígeno en las remesas familiares, estabilizadas en 3.200 millones de dólares anuales. El Observatorio de la Diáspora Venezolana calcula que la migración ya supera las 9 millones de personas, de las cuales el 58% envía dinero de forma regular, un contingente donde el 62% está en edad productiva y el 51% goza de empleo a tiempo completo.
La brecha salarial frente a la canasta básica
Finalmente, el informe de la UCAB abordó la dramática realidad salarial. Para abril, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 730 dólares (equivalentes a unos 365.000 bolívares). Palacios recordó que el salario mínimo y las pensiones base de 130 bolívares carecen de cobertura alguna, y que los bonos del ingreso mínimo integral se licúan ante la inflación y la brecha cambiaria.
«Mejorar los salarios de forma sustentable requiere doblarle el brazo a la inflación y a la devaluación. Llevar el ingreso promedio de los trabajadores a 400 dólares (80% de la canasta) tomará tiempo y reformas estructurales. Un ajuste inmediato de esa magnitud para los 3,1 millones de empleados del sector público absorbería el 100% de los ingresos petroleros de todo el año».
El ajuste anunciado por el gobierno mantiene congelado el salario mínimo en menos de un dólar y traslada el peso de la remuneración a bonos sin impacto en prestaciones sociales
El anuncio del gobierno venezolano de elevar el llamado “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales abrió un nuevo debate sobre el deterioro salarial en Venezuela y las limitaciones del actual esquema de remuneración basado en bonos. Para el economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, Demetrio Marotta, el ajuste no representa una mejora estructural para los trabajadores y, por el contrario, “los mantiene en una trampa de pobreza”.
El nuevo monto, anunciado el 30 de abril, está compuesto por 200 dólares del Bono de Guerra Económica y 40 dólares correspondientes al cestaticket. Sin embargo, el salario mínimo oficial continúa congelado en 130 bolívares mensuales, equivalente a alrededor de 0,30 dólares al tipo de cambio del momento.
Marotta sostiene que el problema central no es únicamente el monto, sino la naturaleza del ingreso. “Lo que se aprobó fue pura liquidez”, afirma, al recordar que los bonos no tienen incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni otros beneficios contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo.
El investigador también subraya la enorme distancia entre ese ingreso y el costo real de vida. La Canasta Básica Alimentaria supera actualmente los 500 dólares mensuales, por lo que el ajuste anunciado apenas cubre menos de la mitad de los gastos esenciales de una familia.
Bonos sin salario y riesgo para las empresas
Otro de los puntos críticos señalados por el economista es la ausencia de publicación oficial del ajuste en Gaceta Oficial. A su juicio, esto genera incertidumbre jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.
Según explica, mientras el sector público asume automáticamente el pago del Bono de Guerra a través del sistema Patria, en el sector privado no existe todavía claridad legal sobre cómo debe aplicarse el nuevo esquema ni sobre la base de cálculo de obligaciones adicionales, como el aporte previsto en la Ley de Protección de las Pensiones.
Esa normativa obliga a las empresas a cancelar al Estado un aporte equivalente al 9% de los pagos realizados a sus trabajadores, incluyendo salarios y bonificaciones. La falta de definiciones oficiales, advierte Marotta, podría provocar que muchas pequeñas y medianas empresas retrasen ajustes salariales o incluso reduzcan nómina.
“El efecto en cierres de empresas y despidos podría ser selectivo y asimétrico”, señala el especialista, quien además alerta sobre un posible incremento de la informalidad laboral mediante pagos no registrados o contratación bajo figuras independientes.
Inflación, consumo y una economía atrapada
Aunque el incremento del ingreso mínimo podría generar presión sobre algunos costos empresariales, Marotta estima que el impacto inflacionario será limitado. Muchas compañías ya venían pagando montos cercanos a los 240 dólares para retener personal y habían ajustado previamente los precios de bienes y servicios.
El economista considera que el problema inflacionario venezolano responde más a factores estructurales: alta presión tributaria, debilidad del crédito, baja inversión y restricciones económicas que afectan la producción.
En ese contexto, insiste en que Venezuela enfrenta un “círculo vicioso”: los salarios son demasiado bajos para estimular el consumo, pero al mismo tiempo las empresas operan en un entorno tan precario que tampoco tienen capacidad de aumentar remuneraciones de forma sostenible.
“Si no aumentan los salarios, no hay consumo; si no hay consumo, las empresas no venden más ni se expanden”, resume.
Reforma laboral: oportunidad o retroceso
Marotta considera que el anuncio del gobierno podría ser una señal de apertura para discutir una reforma laboral en la Mesa de Diálogo Social acompañada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, advierte que los trabajadores llegan debilitados a esa discusión.
A su juicio, el empresariado tiene actualmente una representación más sólida y organizada que los sindicatos, lo que podría derivar en cambios legales orientados más a flexibilizar costos laborales que a fortalecer derechos.
El investigador cree necesario revisar aspectos del marco laboral vigente para facilitar la contratación formal y estimular la inversión, pero insiste en que cualquier reforma debe preservar garantías fundamentales para los trabajadores.
Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), en cuya elaboración participa el IIES UCAB, muestran que cerca de 80% de los trabajadores venezolanos se encuentran en condiciones de informalidad: sin cotización al seguro social, vacaciones pagadas o contratos formales.
Las medidas económicas que propone la UCAB
Más allá del debate salarial, Marotta sostiene que Venezuela necesita cambios económicos de mayor profundidad para recuperar capacidad de crecimiento.
Entre las medidas planteadas por el IIES UCAB menciona la reducción de la presión fiscal sobre las empresas, flexibilización del encaje legal para impulsar el crédito bancario, ajustes en la política cambiaria y reformas que faciliten la formalización de negocios.
Aunque reconoce que la economía venezolana ha mostrado pequeñas señales de recuperación, advierte que el país todavía opera a una fracción de su tamaño previo a la crisis.
“La economía está a un tercio de lo que era en 2013. Cualquier mejora pequeña se nota, pero eso no significa una recuperación masiva”, concluye.
