Desde este blog, compartiremos los temas mas importantes, en esta era globalizada.
Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Las fuertes lluvias registradas en el sur de Venezuela durante julio provocaron el desbordamiento del río Orinoco, dejando más de 1.500 personas damnificadas en los estados Amazonas y Bolívar.
Las inundaciones han arrasado viviendas, cultivos y vías de acceso, generando una emergencia humanitaria en zonas ya vulnerables.
En el estado Amazonas los municipios más afectados son Atabapo y Atures, donde cerca de 250 familias fueron trasladadas a refugios improvisados, según informó el gobernador Miguel Rodríguez. La crecida también amenaza la planta eléctrica de Atabapo, fuera de servicio desde una emergencia similar ocurrida en 2018.
De acuerdo con medios locales, en el estado Bolívar, el municipio Cedeño enfrentó el desalojo total de la localidad de Puerto Nuevo El Burro, donde el agua cubrió todas las viviendas.
En Ciudad Bolívar, sectores como La Toma, El Edén y El Almacén permanecen anegados, sin soluciones de reubicación a la vista.
Nos han dado algo de comida, pero más allá de eso, nada”, lamentó Lucas Ramos, residente de La Toma.
Vecinos han tenido que trasladarse a zonas elevadas para proteger sus pertenencias. Otros, como Manuel Ramos, de 75 años, temen abandonar sus hogares por dejar atrás a sus animales.
La situación se repite año tras año, sin que se implementen soluciones estructurales. Aunque el alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, aseguró que no se ha considerado habilitar refugios en Ciudad Bolívar, los habitantes insisten en que urge una reubicación definitiva. “Hay casas vacías por migración que podrían usarse para nuevos asentamientos”, sugirió un residente.
Riesgos sanitarios y pérdidas económicas
Las consecuencias también se sienten en la salud pública. En comunidades como El Almacén, vecinos reportaron proliferación de mosquitos, diarrea, vómitos y casos de malaria.
Solo vinieron una vez con un operativo de salud. No han regresado más”, denunció Andrea, residente de la zona.
La emergencia impactó la economía local, con pérdidas importantes en cultivos de auyama, patilla y más de 5 mil hectáreas de caña de azúcar en el estado Portuguesa. Vendedores informales que dependen del río para comercializar cachapas o pescado también ven comprometido su sustento diario.
Las comunidades exigen atención integral, acciones preventivas y políticas de reubicación que eviten que esta situación siga repitiéndose cada temporada de lluvias.
El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó este domingo que al menos 199 familias resultaron afectadas por la crecida del río Orinoco.
«Cerramos el día con 199 familias afectadas del municipio Atures, Autana y de El Burro», indicó en sus redes.
Asimismo, acotó que el río Orinoco subió hasta los 52,83 metros sobre el nivel del mar. «Lo que significa 83 cm por encima de la cota de inundación que es de 52 metros sobre el nivel del mar», acotó.
#Amazonas Este domingo 06/07, el río Orinoco a su paso por Pto. Ayacucho tiene un nivel de 52,83 msnm, 13 cms con respecto al día sábado y 83 cms por encima de su cota d desborde d 52 msnm. El gobernador de la entidad informó q 171 familias han sido trasladadas a refugios. pic.twitter.com/U7EUgPyKli
«Seguimos atendiendo a la gente en todos los sectores, y estamos muy pendiente del paso de la Chalana, toda vez que su interrupción, nos dejaría aislados por el estado Apure», expresó.
Además, el gobernador pidió a los habitantes del estado a tomar las recomendaciones que a diario están generando, y «no esperar hasta último momento para estar a mejor resguardo».
Pueblos originarios de siete países de Latinoamérica resolvieron el sábado en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, articular esfuerzos para reivindicar sus derechos y evitar la explotación de recursos naturales en sus territorios en defensa de la vida.
Indígenas de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y México sostuvieron un encuentro de tres días en la aldea ecuatoriana de Sarayaku para reclamar a los estados acciones para su protección, respaldadas por tribunales internacionales.
«¡Venceremos!», lanzó Simón Crisóstomo, líder de la Coordinadora de Comunidades Mapuche de Chile, al cierre de la reunión, en la que también participaron líderes de la tribu afrodescendiente saamaka de Surinam.
El chileno llamó a los indígenas de la región a «seguir en pie» para proteger el «futuro de nuestras vidas» y oponerse a las actividades extractivistas de petróleo y minerales en sus territorios.
«Mientras nosotros estamos reunidos para defender la vida, para defender la madre naturaleza, otros (…) están viendo cómo venir a arrebatarnos lo que es nuestro», dijo Pedro Chávez, del pueblo mexicano purépecha.
Todos los pueblos originarios «tenemos violación de nuestros derechos, arrebato de nuestros recursos naturales», denunció. «Si no unimos nuestra fuerza, no unimos nuestra voz, muy poco podremos hacer ante este gran monstruo» del capitalismo, aseveró.
Naturaleza sin precio
El pueblo sarayaku, asentado en la provincia amazónica de Pastaza y destacado por luchar por sus tierras, denunció que el gobierno ecuatoriano no cumplió con el retiro de cientos de kilogramos de explosivos que dejó una petrolera como determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El clan saamaka también exige que el gobierno surinamés reconozca la propiedad de sus tierras, según otro fallo de la Corte IDH tras la aprobación de concesiones para explotar madera sin consultar a los pobladores.
«Somos quienes hemos defendido esta tierra, no ahora, no ayer; cientos y miles de años frente a un modelo extractivista, frente a una forma de pensar que cree que la naturaleza y la tierra tienen un precio y se puede transar», apuntó Crisóstomo.
Además de los reclamos a los estados, los representantes de la cumbre de Sarayaku también criticaron a las Conferencias de las Partes (COP) promovidas por la ONU.
«En las COP no se toman decisiones sobre derechos, los problemas en nuestros territorios no se resuelven», manifestó Hugo Javini, representante de la tribu saamaka y quien junto al surinamés Wanze Eduards ganó en 2009 el Premio Goldman, conocido como Nobel de los ecologistas.
Los saamaka son guardianes de aproximadamente 1,4 millones de hectáreas de selva amazónica, lo que representa alrededor del 9% del territorio de Surinam.
«Merecemos respeto»
Alberto Talco, indígena cancuamo de Colombia, protestó por la «indiferencia» de los estados frente a las sentencias para proteger derechos de los pueblos originarios, los cuales están en «abandono».
Con las miras puestas en la COP30 del clima de noviembre en Belém, Brasil, el líder exhortó a los estados a que «asuman su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático».
Las etnias «ponemos a consideración nuestros saberes ancestrales y nuestro sistema de conocimientos propios para combatir este cambio climático que afecta a toda la humanidad», dijo.
«Los pueblos indígenas también merecemos respeto, derechos humanos y dignidad», dijo a la AFP la sarayaku Helena Gualinga, otra joven que como Greta Thunberg lucha por salvar el planeta de la crisis climática.
La Amazonía se ha vuelto uno de los principales puntos de tránsito de organizaciones criminales y de desarrollo de economías ilegales de América Latina, denunció la alianza Amazon Underworld en un informe publicado en noviembre de 2023. Señaló además que estas dinámicas no hacen más que acelerar la destrucción de la zona.
El reporte asegura que en el 70% de los municipios investigados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela actúan grupos armados no estatales o grupos delincuenciales, que deforestan y actúan sin control, lo que los convierte en una creciente amenaza para “la región más biodiversa del planeta y para las comunidades que alberga”.
“La reorganización del ecosistema criminal local, que incluye guerrillas colombianas, bandas brasileñas, grupos criminales peruanos (incluidos traficantes de drogas y personas) y organizaciones criminales venezolanas, ha hecho que algunos grupos desaparezcan del mapa, dejando espacio para que otros surjan o se expandan”, indicó la alianza.
Agregó que todas las fronteras de la Amazonía tienen al menos un actor armado a un lado de la línea divisoria. Bram Ebus, consultor de la ONG International Crisis Group y coordinador de investigación de Amazon Underworld, aseguró a Efecto Cocuyo que hay cuerpos de seguridad estatales involucrados en el problema.
“Los hay. La diferencia que hay es que la complicidad de fuerzas estatales o policiales de Venezuela es prácticamente institucional. Mientras que en otros países hay “manzanas podridas” que pueden ser policías locales, a veces un teniente coronel, o alguien de alto rango que seguramente genera una cultura de corrupción”, dijo Ebus.
El informe de Amazon Underworld denuncia que los mineros ilegales y narcotraficantes invaden territorios indígenas en la Amazonía y proceden a contaminarlos. Aunado a ello, reclutan a los niños de diferentes etnias e imponen una cultura de terror.
Los habitantes locales son los más afectados por la expansión del crimen organizado y la guerrilla en la selva. Estas comunidades se caracterizan por vivir en condiciones precarias, con poco o nulo acceso a servicios públicos, educación o atención médica.
“Esto ha creado un entorno donde predominan la pobreza, la exclusión y la marginación, y donde las actividades económicas informales y a menudo ilícitas tienden a convertirse en un medio de subsistencia”, apunta el texto.
Dos de las principales actividades criminales llevadas a cabo en la zona son el narcotráfico y la extracción ilegal de oro. Ebus señaló que hay una convergencia entre ambas, donde el dinero que se genera con el tráfico de drogas es reinvertido en las minas, ya sea en la compra de maquinaria o de oro en físico.
“El oro es quizás el recurso que se saca de la Amazonía que es más fácil legalizar con un papeleo falso, cruzarlo por la frontera, agregarlo a la producción de una mina legal”, explicó. “Tanto la disidencia de las Farc o el ELN, o grupos de crimen organizado de Brasil, se mueven en ambas economías”.
No obstante el dinero del narcotráfico también es invertido en ganadería o en agricultura, que son las actividades que más contribuyen a la deforestación.
“En la Amazonía hay una convergencia entre lo ilegal, criminal y formal. Los criminales a veces se refieren a las vacas como un banco de cuatro patas. Se empiezan a desvanecer las fronteras entre actividades económicas. Y hay grupos que están activos en diferentes sectores, porque también una banda criminal tiene su lado oficial de corbata, de ser empresarios”, expresó Ebus.
La violencia se agrava cada vez más en la Amazonía: el año pasado uno de cada cinco asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo se produjo allí, advierte el informe.
“También hay una violencia extrema en las zonas donde se extrae oro ilegalmente, con grupos que compiten violentamente por el acceso a las minas. Esto puede verse en Venezuela, donde grupos guerrilleros colombianos, fuerzas estatales corruptas y sindicatos criminales locales están implicados en conflictos por la riqueza mineral, y abundan las denuncias de torturas, ejecuciones y violencia sexual”, añade.
El siguiente problema es la trata de personas, sobre todo de indígenas. Estas, al vivir en condiciones tan precarias, bajo una discriminación constante y sin protección estatal, se ven obligados a trabajar en actividades a menudo ilegales. Es decir, son instrumentalizadas y explotadas.
“Trabajan en condiciones indignas, en trabajo forzado, en las mismas minas. Allí se violan los derechos laborales y hasta derechos humanos. Esto puede calificar como esclavitud moderna, lo que vemos mucho en el sur de Venezuela”, indicó Ebus.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de un incremento de explotación sexual y la trata de personas en las zonas mineras en el sur venezolano. De acuerdo con Amazon Underworld, incluso se han documentado casos de niños de nueve años laborando en las minas.
“En Venezuela no hay reclutamiento forzado, porque las mismas personas se sienten forzadas por las condiciones humanitarias. A veces un grupo armado puede proveer algo que ni la familia o el Estado le está dando a los menores, que es un techo y comida”, señaló Ebus.
Grave impacto en la zona
Amazon Underworld recordó que la Amazonía es un bien público mundial de importancia, ya que resguarda una amplia “diversidad cultural y biológica”. El interés por proteger el lugar ha aumentado progresivamente, en gran medida impulsado por la preocupación de organismos internacionales por el cambio climático.
Las actividades ilegales en esa región no impacta solo en el medio ambiente, sino en la salud humana. Un ejemplo es el mercurio consecuencia de la minería, que envenena los ríos y perjudica ecosistemas. Además, la producción de cocaína también puede contaminar suelos y agua por los químicos que se vierten.
“Un estudio realizado en 2018 cerca de la frontera con Brasil, en la Amazonia colombiana, reveló que casi el 100 por ciento de los miembros de las comunidades indígenas presentaban niveles de mercurio superiores al límite recomendado, en ocasiones hasta cuatro veces superiores”, arroja el informe.
Ebus insistió en que es muy importante prevenir de llegar a un punto de no retorno y comenzar estrategias de mitigación de daños.
“Ya se están dando eventos climatológicos extremos, sobre todo cuando hablamos de lluvias o sequías extremas. Vamos a tener que lidiar con ríos que se secan, con comunidades que no van a poder acceder a sus centros de abastecimiento, con cosechas que se van a perder. Lentamente el bosque está cambiando”, dijo.
Añadió que a largo plazo, además del cambio visual del ecosistema, también empezaran a notarse las migraciones de zonas rurales a centros urbanos que no están preparados para recibir a millones de personas.
“Eso va a generar a su vez otros problemas sociales en ciudades como Puerto Ayacucho, Puerto Ordaz, en Venezuela, o Iquitos en Perú”, puntualizó.
Exigen que los gobiernos actúen
Finalmente, Amazon Underwolrd realizó una serie de recomendaciones a los Estados cuyos territorios abarcan la Amazonía para atender el serio problema que presentan en el informe, entre las cuáles se encuentran:
1️⃣ Desarrollar estrategias de seguridad transfronterizas y cooperativas.
2️⃣ Reforzar los derechos indígenas y su capacidad de control sobre sus territorios.
3️⃣ Apoyar las economías indígenas.
4️⃣ Abordar la corrupción y la complicidad de lo estados.
5️⃣ Proteger a quienes se oponen al crimen organizado.
6️⃣ Comunicación transfronteriza sobre las fuentes de financiamiento de los crímenes ambientales.
Para la alianza es fundamental desarrollar estrategias que puedan abordar la situación de forma rápida y eficiente. “A veces hablamos de consecuencias que van a tomar una docena de años, pero cada vez nos estamos sorprendiendo con que los impactos, que pensamos que iban a ser a mediano plazo, ya se están dando mucho más temprano”, culminó Ebus.
La Amazonía se ha vuelto uno de los principales puntos de tránsito de organizaciones criminales y de desarrollo de economías ilegales de América Latina, denunció la alianza Amazon Underworld en un informe publicado en noviembre de 2023. Señaló además que estas dinámicas no hacen más que acelerar la destrucción de la zona.
El reporte asegura que en el 70% de los municipios investigados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela actúan grupos armados no estatales o grupos delincuenciales, que deforestan y actúan sin control, lo que los convierte en una creciente amenaza para “la región más biodiversa del planeta y para las comunidades que alberga”.
“La reorganización del ecosistema criminal local, que incluye guerrillas colombianas, bandas brasileñas, grupos criminales peruanos (incluidos traficantes de drogas y personas) y organizaciones criminales venezolanas, ha hecho que algunos grupos desaparezcan del mapa, dejando espacio para que otros surjan o se expandan”, indicó la alianza.
Agregó que todas las fronteras de la Amazonía tienen al menos un actor armado a un lado de la línea divisoria. Bram Ebus, consultor de la ONG International Crisis Group y coordinador de investigación de Amazon Underworld, aseguró a Efecto Cocuyo que hay cuerpos de seguridad estatales involucrados en el problema.
“Los hay. La diferencia que hay es que la complicidad de fuerzas estatales o policiales de Venezuela es prácticamente institucional. Mientras que en otros países hay “manzanas podridas” que pueden ser policías locales, a veces un teniente coronel, o alguien de alto rango que seguramente genera una cultura de corrupción”, dijo Ebus.
El informe de Amazon Underworld denuncia que los mineros ilegales y narcotraficantes invaden territorios indígenas en la Amazonía y proceden a contaminarlos. Aunado a ello, reclutan a los niños de diferentes etnias e imponen una cultura de terror.
Los habitantes locales son los más afectados por la expansión del crimen organizado y la guerrilla en la selva. Estas comunidades se caracterizan por vivir en condiciones precarias, con poco o nulo acceso a servicios públicos, educación o atención médica.
“Esto ha creado un entorno donde predominan la pobreza, la exclusión y la marginación, y donde las actividades económicas informales y a menudo ilícitas tienden a convertirse en un medio de subsistencia”, apunta el texto.
Dos de las principales actividades criminales llevadas a cabo en la zona son el narcotráfico y la extracción ilegal de oro. Ebus señaló que hay una convergencia entre ambas, donde el dinero que se genera con el tráfico de drogas es reinvertido en las minas, ya sea en la compra de maquinaria o de oro en físico.
“El oro es quizás el recurso que se saca de la Amazonía que es más fácil legalizar con un papeleo falso, cruzarlo por la frontera, agregarlo a la producción de una mina legal”, explicó. “Tanto la disidencia de las Farc o el ELN, o grupos de crimen organizado de Brasil, se mueven en ambas economías”.
No obstante el dinero del narcotráfico también es invertido en ganadería o en agricultura, que son las actividades que más contribuyen a la deforestación.
“En la Amazonía hay una convergencia entre lo ilegal, criminal y formal. Los criminales a veces se refieren a las vacas como un banco de cuatro patas. Se empiezan a desvanecer las fronteras entre actividades económicas. Y hay grupos que están activos en diferentes sectores, porque también una banda criminal tiene su lado oficial de corbata, de ser empresarios”, expresó Ebus.
La violencia se agrava cada vez más en la Amazonía: el año pasado uno de cada cinco asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo se produjo allí, advierte el informe.
“También hay una violencia extrema en las zonas donde se extrae oro ilegalmente, con grupos que compiten violentamente por el acceso a las minas. Esto puede verse en Venezuela, donde grupos guerrilleros colombianos, fuerzas estatales corruptas y sindicatos criminales locales están implicados en conflictos por la riqueza mineral, y abundan las denuncias de torturas, ejecuciones y violencia sexual”, añade.
El siguiente problema es la trata de personas, sobre todo de indígenas. Estas, al vivir en condiciones tan precarias, bajo una discriminación constante y sin protección estatal, se ven obligados a trabajar en actividades a menudo ilegales. Es decir, son instrumentalizadas y explotadas.
“Trabajan en condiciones indignas, en trabajo forzado, en las mismas minas. Allí se violan los derechos laborales y hasta derechos humanos. Esto puede calificar como esclavitud moderna, lo que vemos mucho en el sur de Venezuela”, indicó Ebus.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de un incremento de explotación sexual y la trata de personas en las zonas mineras en el sur venezolano. De acuerdo con Amazon Underworld, incluso se han documentado casos de niños de nueve años laborando en las minas.
“En Venezuela no hay reclutamiento forzado, porque las mismas personas se sienten forzadas por las condiciones humanitarias. A veces un grupo armado puede proveer algo que ni la familia o el Estado le está dando a los menores, que es un techo y comida”, señaló Ebus.
Grave impacto en la zona
Amazon Underworld recordó que la Amazonía es un bien público mundial de importancia, ya que resguarda una amplia “diversidad cultural y biológica”. El interés por proteger el lugar ha aumentado progresivamente, en gran medida impulsado por la preocupación de organismos internacionales por el cambio climático.
Las actividades ilegales en esa región no impacta solo en el medio ambiente, sino en la salud humana. Un ejemplo es el mercurio consecuencia de la minería, que envenena los ríos y perjudica ecosistemas. Además, la producción de cocaína también puede contaminar suelos y agua por los químicos que se vierten.
“Un estudio realizado en 2018 cerca de la frontera con Brasil, en la Amazonia colombiana, reveló que casi el 100 por ciento de los miembros de las comunidades indígenas presentaban niveles de mercurio superiores al límite recomendado, en ocasiones hasta cuatro veces superiores”, arroja el informe.
Ebus insistió en que es muy importante prevenir de llegar a un punto de no retorno y comenzar estrategias de mitigación de daños.
“Ya se están dando eventos climatológicos extremos, sobre todo cuando hablamos de lluvias o sequías extremas. Vamos a tener que lidiar con ríos que se secan, con comunidades que no van a poder acceder a sus centros de abastecimiento, con cosechas que se van a perder. Lentamente el bosque está cambiando”, dijo.
Añadió que a largo plazo, además del cambio visual del ecosistema, también empezaran a notarse las migraciones de zonas rurales a centros urbanos que no están preparados para recibir a millones de personas.
“Eso va a generar a su vez otros problemas sociales en ciudades como Puerto Ayacucho, Puerto Ordaz, en Venezuela, o Iquitos en Perú”, puntualizó.
Exigen que los gobiernos actúen
Finalmente, Amazon Underwolrd realizó una serie de recomendaciones a los Estados cuyos territorios abarcan la Amazonía para atender el serio problema que presentan en el informe, entre las cuáles se encuentran:
1️⃣ Desarrollar estrategias de seguridad transfronterizas y cooperativas.
2️⃣ Reforzar los derechos indígenas y su capacidad de control sobre sus territorios.
3️⃣ Apoyar las economías indígenas.
4️⃣ Abordar la corrupción y la complicidad de lo estados.
5️⃣ Proteger a quienes se oponen al crimen organizado.
6️⃣ Comunicación transfronteriza sobre las fuentes de financiamiento de los crímenes ambientales.
Para la alianza es fundamental desarrollar estrategias que puedan abordar la situación de forma rápida y eficiente. “A veces hablamos de consecuencias que van a tomar una docena de años, pero cada vez nos estamos sorprendiendo con que los impactos, que pensamos que iban a ser a mediano plazo, ya se están dando mucho más temprano”, culminó Ebus.
