Uno a uno, Abelardo de la Espriella va dando pasos en el sentido de fijarle un nuevo norte a la pacificación de su país. No solo sus primeras acciones desde la presidencia han sido las de apoyar al aparato militar para que fortalecerlo funcional y operativamente en la tarea de acabar con los grupos criminales. Ha designado nuevas autoridades para los uniformados allí donde era necesario disponer de una nueva cadena de mando y recuperar la iniciativa militar y la policial. Además, ha emprendido operaciones contundentes de agresión armada en contra de los grupos al margen de la Ley que se fortalecieron durante la fallida política de Paz de Gustavo Petro. Allí ha cosechado éxitos de significación.

La nueva estrategia combina la fuerza militar con inteligencia en el combate; une la judicialización de los estos casos con la presión financiera que ejerce sobre las organizaciones delictivas al destruir plantaciones y centros de procesamiento de droga; agrega iniciativas de extradición y le suma la cooperación internacional, particularmente norteamericana a la vez que promueve el sometimiento de cada uno de estos clanes delictivos a la ley. Ejemplo de ello son los resultados de la operación Diamante, contra el secuestro y la extorsión, en la que se hicieron 15 operaciones simultaneas arrojando 111 capturas. Esto es clave ya que el esfuerzo bélico fue dirigido a una de las formas de criminalidad que más afecta cotidianamente a la población.

Las cifras del gobierno dan testimonio de éxitos alcanzados particularmente en golpear las estructuras de mando del crimen organizado: ”al 2 de septiembre hubo 12.575 capturas, se incautaron  38.637 kg de narcóticos, se decomisaron 1.318 armas de fuego decomisadas y se ha conseguido erradicar la coca en 1.089,8 hectáreas”. También se reportaron destrucciones de laboratorios, incautaciones de droga y operaciones contra minería ilegal.

En las últimas horas, la administración ha pasado un mensaje inequívoco a quienes aún consideran que el mantenimiento de un ambiente de violencia es una manera eficaz para debilitar al gobierno de turno. La activación de las órdenes de captura de los cabecillas de las estructuras armadas ilegales que venían de beneficiar de concesiones por la política de “Paz Total” es parte de las acciones terminantes del nuevo gobierno que indican que en Colombia todo un nuevo esquema está en marcha para ponerle fin a la permisividad que existió con el delito.

Es temprano aun para que los resultados sean determinantes y sin embargo ya ocurren hechos que muestran como el enemigo se va debilitando y las estructuras armadas ilegales van comprendiendo que existe un nuevo estado de cosas. Por ejemplo, Los Pepes, una banda delincuencial que actúa en la costa caribe y alrededor de Barranquilla acaba de manifestar su decisión de someterse a la justicia. La misiva enviada a las autoridades se refiere a reparación a las víctimas, reconstrucción de la verdad y resocialización y reincorporación a la vida civil. Esta no es la mas importante ni la mas sanguinaria de estas organizaciones pero su decisión muestra como la determinación de acción estatal que apenas comienza puede surtir un efecto disuasivo.

Todo lo anterior responde a una novedosa y mas proactiva y dinámica doctrina de seguridad. La evidencia más decidora de que la acción gubernamental lleva un buen rumbo hasta ahora no son las cifras de capturas — una captura no equivale necesariamente a una organización destruida— sino los cambios de comportamiento de los propios grupos criminales. Si eso se repite con otros grupos, entonces sí tendremos un indicador mucho más robusto de que la estrategia está modificando los incentivos de los actores armados.