La Audiencia Nacional investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. El documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno rastrea las cuentas de la formación que lidera el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y, según ha podido saber EL MUNDO, está siendo analizado por el instructor y la Fiscalía Anticorrupción.
Por Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay | EL MUNDO
Junto a este documento, relacionado con la comercialización del millonario cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el caso hidrocarburos -el sobre que estaba en poder de Aldama y que también fue entregado por el empresario a la Justicia-, este testificó ante el magistrado que realizó una importante entrega de dinero en metálico a Koldo García para sufragar los gastos del partido y de la Internacional Socialista a petición del ex asesor de José Luis Ábalos.
Dichos fondos procedían, según el testimonio de Aldama, de un primer pago adelantado de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) que fueron canalizados a través de un entramado internacional de sociedades y contratos simulados.
Esta es una de las líneas centrales de investigación de la instrucción que está desarrollando actualmente la Audiencia Nacional, junto con la del pitufeo de dinero efectivo en Ferraz que dio lugar a la incoación del procedimiento.
El contrato de los 15 millones, que ya obra en poder de los investigadores, data de finales de 2019 y en el mismo figura, de una parte, la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., controlada por el empresario venezolano Francisco Flores -vinculado al caso Plus Ultra donde se encuentra imputado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-. A través de esta entidad, la mercantil Apamate se comprometía a pagar la referida cantidad de 15 millones a Aldama por la comercialización del petróleo venezolano. No obstante, se camufló el verdadero objetivo de las operaciones en el acuerdo.
La licencia para comercializar seis millones de barriles de crudo, sostiene Aldama, se la proporcionó personalmente Delcy Rodríguez por valor de 249 millones de dólares en febrero de 2020, pero precisa que hubo pagos adelantados. Delcy Rodríguez lo niega rotundamente y, tal y como adelantó este periódico, ha emprendido ya acciones legales contra el empresario a través del bufete de abogados de Baltasar Garzón, que ha anunciado la interposición de una querella por injurias.
Según el relato de Aldama ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García le indicaron antes de la visita de Delcy Rodríguez a España que consiguiera fondos para el partido, ya que estaban buscando vías de financiación para Ferraz. Según la versión dada por el empresario, esos fondos se necesitaban con urgencia.
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