Pese a fustigar constantemente los mecanismos de Naciones Unidas (ONU) que lo han señalado de cometer violaciones de derechos humanos en Venezuela, la administración de Nicolás Maduro pide apoyo al organismo multilateral ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, dirigido a combatir los carteles de la droga.
«Solicitamos el apoyo al secretario general de la ONU (António Guterres) para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EEUU en el Caribe, atentando contra la paz», argumentó la Cancillería venezolana en un comunicado este 26 de agosto.
A la administración de Maduro, advierten expertos consultados, se le dificulta el apoyo internacional (países que conforman la ONU) al carecer de legitimidad debido al denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024. Señalan además que, hasta ahora, el gobierno de Donald Trump no ha transgredido los límites que establece el derecho internacional y más bien ha contado con la cooperación de algunos países del Caribe para las operaciones contra el narcotráfico.
No hay amenaza nuclear
“Todo Estado tiene derecho a acudir a la ONU y a cualquier organización internacional de la que es parte, siempre que considere que existe una amenaza a su soberanía, a su seguridad, desde ese punto de vista el gobierno se enmarca dentro de lo que permite la carta de la ONU. Pero hay dos factores que limitan el alcance de la petición de Maduro, una es la falta de legitimidad, su gobierno es desconocido por un número significativo de países, lo que hace difícil que pueda rescatar apoyos efectivos para su llamado”, sostuvo el abogado experto en Derecho Internacional Público, Simón Gómez Guaimara.
Cinco días antes del llamado de Miraflores a la ONU, ya Guterres había fijado posición sobre el tema y pidió a EEUU y Venezuela resolver sus diferencias por medios pacíficos. A través de su portavoz adjunta, Daniela Gross, también aseguró que sigue muy de cerca los acontecimientos, a propósito del despliegue aeronaval en aguas caribeñas.
Para el también abogado y experto en Derecho Internacional y diplomacia, Mariano de Alba, Miraflores busca obtener “rédito político internacional” y cierto apoyo ante la movilización militar de EEUU, pero, a su juicio, juega en contra que la ONU no tiene mecanismos reales para detener esas movilizaciones. Resaltó además que algunos países del Caribe, como Curazao, han otorgado su consentimiento para que las embarcaciones norteamericanas circulen por su mar territorial.
“Lo que está solicitando el gobierno de Maduro son pronunciamientos de algunos organismos de la ONU rechazando las movilizaciones, argumentando que supuestamente entre las embarcaciones que se han movilizado hay un submarino nuclear. Pero lo que tiene el submarino es propulsión con energía nuclear, lo que no significa que esté armado con armas nucleares”, subrayó.
Sobre dicho submarino nuclear, Maduro denunció este miércoles la violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares. Un día antes, la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU alertó de que EEUU planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros «buques de guerra», como parte, señaló, de las «acciones hostiles» de la administración de Donald Trump, lo cual, según la Misión, representa «una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales».
En nombre de Miraflores, la Misión exigió «el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News«, y reclamó «garantías claras y verificables» de EEUU «de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares» en América Latina y el Caribe.
ONU con alcance limitado
De Alba reiteró que el alcance de la ONU en este tema es “muy limitado” y explicó un poco más: es difícil que se apruebe un pronunciamiento importante en el organismo crucial en este caso que es el Consejo de Seguridad, por el poder de veto de EEUU. Aunado a ello, apuntan otros abogados, Venezuela no paga sus cuotas en la ONU y, por lo tanto, no tiene derecho al voto.
“En cuanto a la Asamblea General de Naciones Unidas, es cierto que allí podría debatirse mociones e incluso resoluciones promovidas por Venezuela o algunos de sus aliados, pero serían estrictamente de carácter político, no vinculantes jurídicamente. En la práctica lo que se podría lograr es abrir un debate internacional, visibilizar la preocupación de algunos Estados, pero sin consecuencias inmediatas sobre las operaciones militares en el Caribe”, acotó Gómez Guaimara.
A juicio del profesor universitario, Maduro trata de “instrumentalizar a la ONU” de una manera poco adecuada y creíble, por cuanto, sostuvo, el combate al narcotráfico debe llamar a la cooperación de todos los Estados.
La Guardia Costera de EEUU destacó que desde el pasado mes de junio y hasta principios de agosto logró una “incautación histórica” de drogas en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico oriental, que incluyó tres localidades cercanas a Venezuela.
En un balance que ofreció el componente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en su sitio web, con fecha del 25 de agosto, en total se incautaron 34,5 toneladas de narcóticos -cantidad considerada como histórica – entre cocaína y marihuana, en aguas de países como Ecuador, República Dominicana, Bonaire, México, Jamaica, Aruba, Curazao y Haití.
Hasta ahora EEUU respeta límites
EEUU declaró como organización terrorista al denominado Cartel de los Soles al que vincula directamente con la administración de Maduro, a quien, a su vez, señala como uno de sus líderes y ofrece una recompensa por 50 millones de dólares por su captura. La Casa Blanca también declaró la guerra contra los carteles de la droga de América Latina y advirtió que usaría “todo su poder contra ellos”.
El chavismo señala a la oposición liderada por María Corina Machado de alentar una invasión militar en territorio venezolano para derrocar a Maduro, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Los expertos aclaran que hasta ahora el gobierno estadounidense no ha irrespetado el derecho internacional con sus operaciones.
“EEUU puede movilizar sus embarcaciones por sus aguas territoriales y por las aguas de los Estados que otorguen su consentimiento para ello. Lo que no podría hacer es ingresar a aguas territoriales venezolanas sin el consentimiento del Estado venezolano. En ese sentido, si ello llegara a suceder, estaríamos ante una violación clara del derecho internacional (…) Por lo pronto, más que una amenaza de usar la fuerza para ingresar a territorio venezolano, lo que ha anunciado y busca el gobierno estadounidense es disuadir y hacer más costoso que sigan sucediendo operaciones de narcotráfico en el Caribe”, dijo De Alba.
Gómez Guaimara también resaltó el derecho de los Estados a movilizar tropas, equipos militares en alta mar, siempre que respete la soberanía de otros Estados. Asimismo insistió, en que el despliegue de EEUU se mantiene en aguas internacionales sin violar la integridad territorial de Venezuela. Considera poco probable la invasión que denuncia Maduro.
“El derecho internacional consagra una regla limitante al uso de la fuerza, sólo es lícito en caso de que se recurra a la legítima defensa o cuando exista una autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. El simple despliegue militar en alta mar no constituye una violacion a esta regla, no es ilegal, aunque se puede interpretar como un acto de presión regional e internacional en lo político que iría en incremento, con el tema del narcotráfico como justificación”, agregó.
Chavismo se defiende
Maduro ha ordenado el despliegue de más de 4 millones de milicianos -cifra considerada dudosa- para la defensa del territorio, convocado al alistamiento de ciudadanos a dicho componente, ante el “riesgo” de una invasión extranjera y desafiado al “imperialismo” para que venga por él.
El chavismo promueve la exaltación del nacionalismo y la defensa de la patria, y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lleva dos semanas tratando de explicar por qué Venezuela no es un “narcoestado” como se afirma desde EEUU, basado en el informe de la ONU sobre incautación de drogas de 2025. El número dos del chavismo ha recalcado una y otra vez que en lo que va de año han incautado más de 51 toneladas de droga.
El ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció este 27 de agosto la incautación de 3 toneladas de cocaína en el municipio Mauroa, del estado Amazonas, en un intento por contrarrestar los señalamientos de EEUU contra la administración de Maduro por narcotráfico.
Un dia antes, se informó sobre el despliegue de 15 mil militares en el eje fronterizo con Colombia, entre los estados Zulia y Táchira, que incluirá también la movilización de buques en las aguas territoriales venezolanas ante la presencia militar de EEUU.
Hasta ahora han logrado la “solidaridad” de países como Colombia, Cuba y Brasil. Gustavo Petro se ha pronunciado a favor del diálogo y la cooperación para combatir el narcotráfico con respeto a la soberanía de cada país, pero otros como Curazao y Trinidad y Tobago han apoyado el despliegue militar y autorizado a EEUU a hacer uso de su espacio marítimo para la llegada de buques. Otros gobiernos como el de Argentina y Paraguay también declararon Al Cartel de los Soles como organización terrorista.
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