“Expectativa nacional por decreto de conmoción que dictará Maduro, en atención a la amenaza cierta de fuerzas militares de Estados unidos apostadas en las cercanías de nuestras costas”, así titularon los medios el pasado martes.
El artículo 338 de nuestra Constitución otorga facultad al Presidente de la República, que al margen que sea ilegitimo, es Maduro quien despacha desde Miraflores, para dictar un decreto de conmoción, en este caso exterior, por 90 días prorrogables por 90 más, en el caso de estar en peligro la seguridad de la Nación.
Maduro decidió declarar el “Estado de conmoción exterior” bajo el alegato de amenaza nacional por el despliegue de fuerzas militares y equipos de los Estados Unidos en el mar caribe, muy cerca de nuestras costas. Este decreto otorga al Ejecutivo Nacional poderes extraordinarios y excepcionales para movilizar tropas, restringir derechos civiles, controlar medios de comunicación y adoptar medidas hasta cierto punto heterodoxas. Esta es la primera vez que se activa formalmente la figura de la conmoción exterior.
Se estima que además de restringir las libertades civiles, aumentar la censura a los medios de comunicación social, se incrementará aún más el papel de las fuerzas militares en la vida política y social del país.
Restricciones a la libertad de tránsito y de movimientos personales, suspensión de libertades, control de todas las comunicaciones y limitaciones de manifestaciones, asambleas, reuniones o movimientos, son algunas limitaciones de este decreto. Es bueno señalar que esta decisión se produce dos días después que María Corina instruyó al pueblo a prepararse para una gran manifestación pública en todas las calles del país.
Es obvio que con este decreto el régimen amplía su conducta de control, chequeo y vigilancia ciudadana, indicando que aplicaría severas penas a quienes se salgan del carril y que con el control militar de la vida ciudadana se conforma la vigencia de un régimen asfixiante.
No termina de entender el régimen que está en un callejón de una sola salida que es abandonar el poder y entregarse para ser juzgado en el norte, como camino menos traumático, los otros son con consecuencias muy severas que pueden llegar a ser fatales.
Evidentemente este decreto demuestra el temor existente en el régimen de una explosión popular que se sume a la iniciativa de los Estados Unidos, por ello busca con él limitar las libertades y constreñirnos a vivir como él lo desea. Ciertamente este decreto no es respuesta adecuada, proporcional y no se corresponde en nada a la amenaza que tiene el régimen y sus integrantes. Es una decisión que tiene exclusivamente efectos sobre la vida de los venezolanos. Seguimos preocupados y expectantes y ahora como si fuera poco, muy limitados, con la advertencia que quien se salga de la línea será severamente penado.
Evidentemente y no requiere de más pruebas, estamos o mejor dicho está régimen ante una amenaza externa cierta, pero ella debe tener una respuesta congruente, coherente y si se puede proporcional y no limitando las libertades de los venezolanos como inadecuadamente se ha procedido con este decreto. Estamos ahora con un serio problema externo y agravado el interno. Dios quiera salgamos con bien de esta tormenta que parece perfecta.
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