Estas riquezas no solo sustentaban al país, también le garantizaban a su población el desarrollo para el futuro. Pero, durante muchos años varias han sido las compañías transnacionales y mineros ilegales, que le han metido el ojo y hasta la mano a estas zonas, donde no solo yacen estos minerales sino además viven numerosas poblaciones indígenas que se han visto afectadas por los cambios y violaciones a sus territorios.
Sin embargo, no fue sino hasta el año 2011 cuando el entonces presidente de la época Hugo Chávez, decide impulsar un plan estratégico llamado “Arco Minero del Orinoco”, lo que haría que la explotación minera en los estados Bolívar, Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, ya no fuera un secreto a voces, sino una política estratégica legal con firma presidencial.
Por supuesto, los más afectados directamente, serían los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales ocupaban el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, pues el “Arco Minero del Orinoco” fue un proyecto que avanzó, sin una previa elaboración de estudios de impacto ambiental y sociocultural.
¿Zona de desarrollo estratégico?
Aunque, Chávez solo había dado la primicia del proyecto, fue hasta el 2016 cuando el actual presidente Nicolás Maduro, pone el sello definitivo a la idea y decreta ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. No obstante, la decisión de Maduro, surgía en un intento desesperado por llenar las arcas de la nación y remontar la caída de los precios del petróleo.
Durante el supuesto financiamiento del proyecto de “minería a gran escala” el gobierno había asegurado la inversión de 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero durante la convocatoria solo 16 formalizaron el convenio, se crearon cuatro empresas mixtas que se encargarían de la explotación y solo una, muestra presencia visible en la zona.
Fue imposible el intento de Maduro de paliar la profunda crisis económica y social, ya que intentar sustituir la renta petrolera por la minera, necesitaba tiempo y eso era lo único que no tenía y luego de un año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, los ingresos adicionales que el gobierno esperaba obtener de las minas siguen enterrados en el subsuelo, en cambio surgieron otros inconvenientes.
El impacto ambiental
Desde el inicio del proyecto muchas fueron las reacciones negativas de los ambientalistas y científicos quienes se opusieron a esta decisión, alegando que el gobierno venezolano no cumplió con realizar un estudio de impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni mucho menos una consulta previa a los pueblos indígenas, como manda la Constitución.
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