Los salarios reales se han visto pulverizados en el proceso: un salario mínimo de hoy compra 10 por ciento de lo que compraba en marzo de 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela.
Hay múltiples causas que explican el colapso económico de Venezuela, pero ciertamente entre las más relevantes están sus enormes déficits fiscales. Venezuela ha registrado déficits a nivel del sector público consolidado de dos dígitos durante 6 años consecutivos. El año pasado, el déficit llegó a 21 por ciento de Producto Interno Bruto de la nación. La razón de estos déficits es que el gobierno de Venezuela persiste en mantener absurdos e ineficientes subsidios en bienes ofrecidos por el Estado y financiar la mayor parte de su gasto a través de la impresión de dinero.
Cualquier esperanza de que la administración de Nicolás Maduro pudiese llevar adelante un plan de estabilización macroeconómica coherente fue descartada hace mucho tiempo. Pero incluso un nuevo gobierno tendría problemas significativos estabilizando la economía. La viabilidad de un programa de estabilización esencialmente depende de la credibilidad de la promesa del gobierno de mantener el gasto bajo control. En un país que no ha visto inflación de un dígito en 34 años (de los cuales 19 estuvieron gobernados por el chavismo), este compromiso es difícil de vender.
Implementar un plan de estabilización puede ser incluso más difícil si se toman en cuenta los problemas de gobernabilidad que probablemente emerjan en una transición política. Estabilizar bajo credibilidad imperfecta es una tarea compleja. Si la gente no está segura de que el proceso será exitoso, la primera inclinación de las empresas será continuar subiendo sus precios. Para bajarlos, el Banco Central debería subir las tasas de interés y restringir el crecimiento de la liquidez.
En otras palabras, el costo de la credibilidad imperfecta durante un proceso de estabilización es atravesar una recesión que podría llegar a ser profunda. No obstante, esto es precisamente lo que los hacedores de políticas públicas buscarán evitar en lo que podría ser una compleja transición política.
Los futuros hacedores de políticas públicas en Venezuela deben observar de cerca el caso de Ecuador. Allí, el presidente Gustavo Noboa, implementando la decisión de su predecesor Jamil Mahuad, reemplazó el sucre por el dólar estadounidense en marzo de 2000, después de que crisis monetarias y bancarias dejaron a la economía sumida en una profunda recesión con una rápida aceleración inflacionaria.
Al igual que Venezuela, Ecuador no había visto inflación de un dígito por dos décadas cuando se implementó la dolarización. En contraste, durante la última década bajo la dolarización, la inflación de Ecuador ha promediado 3,8 por ciento.
Tal vez más importante es el hecho de que en Ecuador la estabilización macroeconómica vino junto con el crecimiento económico. Desde la dolarización en el año 2000, el ingreso per cápita del país ha crecido 114 por ciento, el cuarto mejor desempeño entre los 11 países de Sudamérica. En contraste, el ingreso per cápita de Ecuador había caído 17 por ciento en las dos décadas previas a la dolarización. Por otro lado, la pobreza en Ecuador ha descendido en más de cuatro quintas partes desde la dolarización, sacando a más de tres millones de ecuatorianos de la pobreza extrema.
Ecuador es un ejemplo interesante precisamente porque, tal como Venezuela, es una economía altamente especializada en petróleo. En teoría, estas economías pagan un importante costo al dolarizarse cuando pierden su capacidad de ajustar sus tipos de cambio a los impactos en los términos de intercambio. En la práctica, cuando tienen su propia moneda terminan permitiendo a los grupos de interés capturar rentas muy significativas de la administración del sistema cambiario, acumulando grandes excedentes privados en divisas a costa de déficits públicos crónicos y una inestabilidad macroeconómica generalizada. Aún peor, la autoridad del Estado para decidir la asignación de recursos escasos en moneda extranjera crea enormes incentivos para la corrupción.
Sin embargo, es cierto que Venezuela pagaría costos a largo plazo al sacrificar su capacidad de determinar su propio tipo de cambio y política monetaria. Pero en cualquier decisión de política pública se deben evaluar sus costos y beneficios. El beneficio de adoptar un anclaje irreversible en este momento es que detendría en seco la hiperinflación, evitando el alto riesgo de la contracción que podría producirse si el gobierno desea estabilizar la economía y mantener la moneda.
Contrario a otros episodios de dolarización, Venezuela podría emprender este proceso con un tipo de cambio que represente una mejoría significativa en el poder de compra de sus ciudadanos al mismo tiempo en que se mantienen los sueldos en dólares a niveles competitivos. Con solo $3 mil millones – un tercio de las reservas internacionales depositadas actualmente en el Banco Central – Venezuela podría cambiar la totalidad de los depósitos y dinero circulante en la economía por dólares a un tipo de cambio de 68 mil bolívares por dólar, muy por debajo de la tasa no oficial de 237 mil bolívares.
En otras palabras, incluso si Maduro se las arreglase para despilfarrar dos tercios de las reservas internacionales existentes antes de dejar el poder, todavía sería posible para el nuevo gobierno cambiar los bolívares de la población por casi cuatro veces la cantidad de dólares que se podrían comprar con esos mismos bolívares en el mercado negro.
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