El procedimiento se repite en varios clicks: una empresa que en nombre de un funcionario público pide a ciertos medios digitales que retiren de internet las notas periodísticas donde sean mencionados sus clientes presuntamente vinculados con irregularidades administrativas. El argumento: “porque lesiona el derecho a la vida privada y perjudica su reputación”. Ha ocurrido en Venezuela con al menos cuatro portales informativos durante los últimos 9 meses.
El primer correo electrónico llegó el 7 de abril de 2016. Una representante del departamento legal de la empresa Eliminalia, creada específicamente para borrar datos en Internet, pedía a Runrun.es que se quitara el URL (localizador de documentos e imágenes en Internet) de una nota publicada en 2013, donde era mencionado el presidente de Pdvsa Naval, Héctor Pernía por estar supuestamente involucrado en un caso de sobrefacturación en la compra de barcos para la estatal petrolera.
La agente virtual de Eliminalia aludía por escrito el artículo 60 de la Constitución venezolana que sostiene el derecho a la protección de los datos privados. Alegaba que a lo largo de tres años de mantenerla en internet, la URL perjudicaba personalmente a su cliente “entorno familiar, amistades y futuros clientes internacionales para el país”. Agregó que era “perjudicial y nocivo para los intereses de Venezuela y la empresa pública que él representa”.
El 14 de abril de ese mismo año, otra agente de Eliminalia envió un segundo correo a Runrun.es exigiendo “off the record” la eliminación de la URL donde aparecía Pernía “por ser una humillación pública continuada desde el 2013”. A esa misiva, le seguirían solicitudes similares el 6 de mayo (en inglés), 30 de mayo y 20 de junio de 2016.
Paralelamente, la empresa domiciliada en Barcelona, España también presionó a otros medios venezolanos.
Tal es el caso del portal El Pitazo, al que Eliminalia contactó en febrero de 2016 para que borrara una nota sobre Gustavo Mirabal Castro, ex empleado del Banco Industrial de Venezuela que amasó una inmensa fortuna. El texto a su vez hacía referencia al perfil originalmente publicado por la plataforma digital Poderopedia, cuyo objeto es registrar las relaciones entre personas, empresas y organizaciones vinculadas al poder económico y político en Venezuela. Entre las razones de su petición, la empresa alegaba que “la información a la que hace referencia (el perfil que realizó Poderopedia) no tiene ningún carácter informativo o relevante para la comunidad venezolana ya que la única función de la nota es la de difamación”. Representantes de El Pitazo respondieron pidiendo documentación original y una entrevista a su cliente para obtener su versión.
También Poderopedia, recibió un correo el 11 de octubre de 2016 de una representante legal de la compañía catalana para advertir que el perfil de su cliente Daniel Rangel Barón (empresario importador cuyas empresas son las principales proveedoras de insumos médicos para el IVSS), lo perjudicaba personalmente e infringía el derecho a la privacidad. También, enumeraba que la información “no tenía ninguna relevancia y era muy confidencial”, por lo que no tenía que aparecer; que al exhibir tanto su nombre y apellido como el nombre de empresas y monto de dinero generado podría ser “víctima de la delincuencia organizada”. El correo no mencionó que las compañías de Rangel Barón recibieron casi 500 millones de dólares preferenciales para la importación de insumos médicos para el IVSS sin pasar por concurso público, lo que viola la ley de contrataciones públicas.
El 22 de noviembre de 2016 le tocó al portal venezolano A Todo Momento. Una agente de Eliminalia le envió un correo para exhortarle a que quitaran de esa plataforma la referencia a un reportaje publicado por Runrunes sobre las irregularidades en la importación de insumos médicos del IVSS, donde aparece el nombre de Rangel Barón.
En todos los casos, las peticiones de borrar material fueron rechazadas por los medios. Una de las justificaciones de mayor peso es que se trataba de informaciones de interés público que la colectividad tiene derecho a saber.
Derecho a la libertad de expresión
La solicitud de retiro de notas periodísticas o borrado de las URL en los motores de búsquedas forma parte de nuevas formas de censura en tiempos digitales, observan los directivos de las organizaciones Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) y Espacio Público, que tienen entre sus tareas la defensa del derecho fundamental de la libertad de expresión.
Leer mas: http://runrun.es/rr-es-plus/295776/limpieza-de-reputacion-en-internet-una-nueva-forma-de-censurar-medios-digitales.html
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