El anfitrión quería concretar el traspaso, pero sus socios, que vienen presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que adopte una postura de diálogo con la oposición y acepte someterse a un referéndum revocatorio, no estaban dispuestos a entregarle semejante trofeo. Finalmente la sesión terminó en escándalo y se suspendió el cambio de mando hasta nuevo aviso. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a sus pares de haberse "escondido en el baño".
"Lo que está pasando en el Mercosur es una pieza de un ajedrez general que cubre a toda la región: cómo resolver la situación venezolana", explicó el politólogo Andrés Serbin, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), consultado por Infobae.
Lo ocurrido en Montevideo fue un nuevo episodio de la saga de conflictos que se vienen desatando en todos los organismos regionales, principalmente, OEA y Unasur. Todos los países están más o menos de acuerdo en que la situación que atraviesa el país caribeño es insostenible, pero no hay consenso en torno a qué hacer al respecto.
La línea dura está encabezada por Luis Almagro, secretario general de la OEA. El ex canciller uruguayo propuso el 31 de mayo pasado la aplicación de la Carta Democrática del organismo, que promueve una serie de instancias de diálogo para encauzar la crisis del país y, en caso de que fracasen, contempla la posibilidad de suspenderlo. Almagro argumentó "las violaciones de derechos humanos" y "la falta de respuesta a la grave crisis humanitaria".
Pero no prosperó. En la cumbre del 23 de junio los miembros del Consejo Permanente de la OEA aceptaron el duro informe del secretario general, pero evitaron expedirse sobre la invocación de la Carta Democrática. Se inclinaron por una postura más moderada: impulsar el diálogo a través de la Unasur.
Este organismo, históricamente más cercano al chavismo, impulsa la mediación de un trío de ex presidentes: Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), que encabeza el grupo.
El socialista se ubicó en las antípodas de Almagro: pidió más tiempo, evitó mencionar el revocatorio y sostuvo que es necesario "renunciar como principio a cualquier intención de injerencia". En esa línea están los gobiernos más cercanos a Caracas, principalmente los de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Daniel Ortega (Nicaragua).
"En la región se presenta nuevamente una doble discusión: la prevalencia del principio democrático, queriendo aplicarse a Venezuela (por algunos sectores de Argentina, Brasil y Paraguay) la cláusula democrática, y el principio de no intervención en asuntos internos", dijo a Infobae Laura Bogado Bordazar, Coordinadora del Departamento América Latina y el Caribe y del Centro de Estudios Sudamericanos de la Universidad de La Plata, Argentina.
En una posición intermedia se está ubicando Estados Unidos, hasta hace poco enemigo acérrimo del chavismo. El secretario de Estado, John Kerry, pidió en la OEA por la liberación de los presos políticos y por la realización del revocatorio, pero dijo que no iban a impulsar la suspensión de Venezuela. Thomas Shannon, su subsecretario de Asuntos Políticos, se reunió a fines de junio con Maduro para superar las tensiones del pasado y reactivar la relación bilateral.
Esta postura es la que se está imponiendo. Un caso testigo es el de Mauricio Macri. Cuando asumió la presidencia argentina, en diciembre de 2015, se convirtió en el primer mandatario de la región en pedir la ejecución de la cláusula democrática del Mercosur por las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, con el correr de los meses fue suavizando su posición. La canciller Susana Malcorra dejó en claro hace poco que tiene que hacerse el referéndum, pero se manifestó en contra de poner fechas límites. Además relativizó la efectividad de la carta democrática en este caso.
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