La lucha por el Estado en América Latina CARLOS MALAMUD

La reciente actualidad informativa latinoamericana se sintetiza en algunos titulares, comenzando por las manifestaciones en México tras el asesinato de los 43 normalistas o los avatares de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Todo esto sin desconocer el escándalo de Petrobras en Brasil, la puerta abierta a la reforma constitucional en Ecuador o las propuestas para introducirla en Uruguay. Finalmente, las denuncias del gobierno argentino contra jueces “golpistas”.

Es difícil encontrar un denominador común para juzgar cuestiones tan dispares, aunque en el fondo subyace la peculiar función del estado en los sistemas políticos regionales. Por lo general se trata de un Estado deificado, siempre con mayúscula y omnipresente. En todos los casos aludidos subyace el control del estado y su utilización. Esto se observa en Petrobras y en las investigaciones de la justicia contra una empresa hotelera de la presidente argentina Cristina Fernández.

De las cleptocracias de mediados del siglo XX, encarnadas por el clan Somoza en Nicaragua o la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, se ha pasado al capitalismo de amigos. Tradicionalmente buena parte de los empresarios y grandes propietarios regionales han intentado manipular al aparato del estado y a muchos de sus gobernantes en su beneficio. El proteccionismo actualmente dominante carece de color político y el “compre nacional” no beneficia a los sectores populares, sólo engorda a los más ricos.

En buena medida esto ocurrió y sigue ocurriendo por la debilidad institucional y el deficiente equilibrio de poderes. El excesivo peso del presidencialismo debilita la función de control y contrapeso de los parlamentos y del poder judicial, frecuentemente meras comparsas en manos de los mandatarios. Las “leyes habilitantes” en Venezuela, que otorgan al ejecutivo plena capacidad legislativa durante un plazo prolongado, es un claro ejemplo, aunque no el único.

La corrupción es otro elemento importante, como muestra el caso de Petrobras. No se trata únicamente de beneficiar a ciertas empresas “nacionales” y amigas, sino también, en el mismo esquema, de generar recursos para financiar a los partidos políticos y sus campañas electorales. En Brasil el gobernante PT está siendo muy afectado, aunque no es la única organización política implicada en el escándalo.

En Argentina, tras la apertura de investigaciones judiciales contra los Kirchner, el gobierno ha salido en tromba ante lo que considera una agresión judicial. Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete, habló de “hostigamiento judicial” y “golpismo activo del Poder Judicial”. El líder piquetero Luís D´Elía acusó a la “mafia judicial” de buscar un “golpe destituyente”, y pidió clavar simbólicamente en una pica la cabeza del juez. Aníbal Fernández, connotado senador oficialista, remató: “en ningún país del mundo se allana una empresa que pertenece a la presidenta… Es un gesto… absolutamente falto de decoro”. Es decir, el decoro presidencial por encima de la ley y de la obligación de respetarla.

La llegada de políticos populistas al poder reforzó la tendencia que propicia la simbiosis entre gobiernos y estado. La legitimidad de origen aportada por el triunfo electoral da acceso al “todo vale” y al “todo me es permitido” porque tengo el respaldo popular. De ahí la deriva que conduce de un país a otro a la reelección permanente. El fenómeno comenzó en la Venezuela de Chávez y se extiende al Ecuador de Correa gracias a un fallo de la Corte Constitucional que convierte la reforma de la Constitución en un mero trámite parlamentario dada la mayoría oficialista. Bolivia, voluntad de Evo Morales mediante, puede ser la próxima estación.

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