Ha vuelto al escenario el tema del Diálogo entre el Gobierno y la Oposición. Los Demócratas por razones de principios somos partidarios de las conversaciones, de los acuerdos y demás métodos civilizados para buscarle solución a los problemas, esto sin desmedro de la necesaria confrontación que es consustancial a la política como actividad. En la situación en la que seencuentra Venezuela y como consecuencia de la frustración del anterior proceso de conversacionesgobierno-oposición, por la intransigencia del oficialismo, lo que está planteado en este momento más que un simple diálogo es un proceso de negociación que arribe a algunos resultados tangibles. En este particular el objetivo central debe ser encauzar la confrontación dentro de los mecanismos cívicos y pacíficos tal y como lo prescribe la Constitución.
La renovación de los Poderes públicos sería, en mi criterio, un tema central de la negociación planteada. El país necesita Poderes confiables, que cumplan y hagan cumplir el ordenamiento jurídico y preserven el Estado de Derecho. La designación por parte de la Asamblea Nacional de ciudadanos que cumplan realmente con los requisitos establecidos para integrar los Poderes, sobretodo los de ser realmente independientes y honorables.
El tema de los presos políticos y de todos aquellos que tienen medidas cautelares en razón de su participación en protestas y manifestaciones también debe ser abordado.
Si la intención del oficialismo es comprar tiempo o una operación de maquillaje no tiene sentido para la oposición embarcarse en ese proceso.
Voluntad Popular insiste en plantear la Constituyente como opción de cambio ahora aunque la determinante mayoría del arco opositor prefiere prepararse para los comicios de renovación de la Asamblea Nacional, proceso para el cual falta menos de un año. VP no solo insiste en la propuesta sino unilateralmente ha iniciado la recolección de firmas para activar el mecanismo constituyente a sabiendas de que esas firmas que recolecte no tienen ningún efecto vinculante como ya lo dejó claro el CNE.
La acción de Voluntad Popular privilegia sus intereses sectarios y particulares por sobre los de la unidad opositora, hace gala de un voluntarismo ya proverbial en su corta vida, incurre en un imperdonable acto de populismo y demagogia cuando replica al argumento de la falta de legalidad de las firmas que recojan diciendo que estas serán validas si firma el pueblo, muestra un desespero e inexperiencia política preocupantes que podrían afectar las posibilidades reales de acortar la duración del régimen y potenciar el continuismo oficialista. Reconozco la valentía de sus integrantes y los aciertos que en otras ocasiones han tenido sus propuestas pero en esta oportunidad pueden sin querer, obviamente, terminar siéndoles funcionales a los intereses del adversario a quien dicen combatir.
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