Los jefes de la isla quieren el aval extranjero a un régimen sin oposición |
¿Qué negocian? Desde los años ochenta y noventa, cuando expresidentes como Felipe González, Carlos Andrés Pérez o Carlos Salinas de Gortari sondeaban algún entendimiento con la isla, se entendía que la finalidad era una normalización de relaciones con Estados Unidos y una transición a la democracia. Eran los años de la democratización de Europa del Este y América Latina, de España y Portugal, y pocos en Occidente ponían en duda que el desenlace del conflicto cubano sería el mismo.
Veinte años después, en un mundo donde se afianzan los autoritarismos subalternos y el capitalismo de Estado se extiende a buena parte del planeta, los términos de la negociación han cambiado. La comunidad internacional parece pensar que, antes que a la democracia, es preciso que Cuba transite al autoritarismo y al mercado, preservando intacto su régimen político. América Latina y Europa lo han aceptado, tácitamente, en el proceso de integración de la isla a la CELAC y en el diálogo en curso entre La Habana y Bruselas.
No se trata de que Europa o América Latina hayan renunciado a la idea de una democracia en Cuba. Las cancillerías occidentales han decidido negociar a partir de una lectura precisa de la realidad insular. Piensan que una transición al autoritarismo permitiría, además de acelerar el crecimiento del sector no estatal de la economía, flexibilizar aún más las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, tal y como ha sucedido con la Iglesia católica en los últimos años. Esa flexibilización, concluyen, intensificará el pluralismo civil y, eventualmente, favorecerá la democratización del país.
Occidente negocia el autoritarismo en Cuba, como estación de un tránsito gradual y, sobre todo, “ordenado” a la democracia. El problema es que no es eso, precisamente, lo que está negociando el Gobierno de Raúl Castro. Lo que La Habana busca, de acuerdo con sus máximos líderes, es apoyo financiero para dejar consolidado un nuevo orden social y político, acorde al nuevo capitalismo de Estado; y que sobreviva a la renovación generacional en la cúpula, que deberá decidirse entre 2017 y 2018, si es que tiene lugar en el próximo proceso electoral, como anunció Raúl Castro, o cuando quiera que se produzca la sucesión presidencial.
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