Hace tres o cuatro problemas mayores, estuvo brevemente de moda hablar de los 24.700 muertos asesinados en 2013 y de una impunidad que alcanza el pavoroso porcentaje del 92%. Fue con ocasión del asesinato de la actriz Mónica Spear, un caso que la policía resolvió en 72 horas. ¡Bravo!, pero las miles de madres del cerro clamando justicia en una morgue sobre el cadáver del hijo ¿no tuvieron acaso derecho a una misma eficiencia policial? No, porque en algún momento Chávez dio la orden de "no reprimir" a sus amados votantes. El sucesor Maduro aferró más bien la ocasión para culpar la "violencia en medios" de alimentar la matanza, asestando así otra patada a la libertad de comunicar que nos queda.
Hemos de poner en el tapete, una y otra vez, otra causa mil veces más concreta, potente y seductora: la impunidad masiva, el hecho de que el criminal se vuelva invisible ante la justicia y se convenza que no hay razones para no seguir matando. Ella configura un grave delito jurídico-político (por no aplicación de la ley y no asistencia a la sociedad amenazada) inductor de más delitos, enteramente imputable al administrador único de la Justicia, el Estado, el cual delinque genéricamente, por ideología, con su aberrante "administración nacional de la justicia" al que le obliga el art. 156 de la Constitución, y específicamente por la devastadora laxitud con la que impone sanción a los homicidas.
Obligación legal
"Sanción", un concepto clave para comprender el alcance de la impunidad (del latín sancire, devolver sacralidad al orden social perturbado). Ella es el obligado desenlace de todo iter judicial que restablece el imperio de la norma. No hay ley sin sanciones ("nulla lex sine sanctione", Winssinger, 1822), que finalmente son la fuente de la obligación legal. Quien se abstiene de aplicarla delinque por negar la validez de la norma: no sancionar al homicida es desobedecer al "no matarás" de los códigos. Por eso delinque un Estado que deliberadamente no aplica sanción al asesinato, desprotegiendo la colectividad y remplazándolo con inconsistentes sermoneos no-represivos y grotescas políticas de desarme. Establecida la "Imputabilidad" de una culpa, toda violación de la ley debe acarrear un castigo, una "Pena", que es la vindicta impuesta "en nombre del pueblo" a quien generó sufrimiento a otros, a fin de restablecer el cosmos social por la prevención, la disuasión y la reeducación.
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