La quiebra del sistema de prestaciones consagrado en la reforma de la Ley del Trabajo de 1974 tuvo como causa el proceso inflacionario que carcome la economía del país desde los años finales de aquella década y que se aceleró después del viernes 18 de febrero de 1983, mejor conocido como viernes negro. A partir de entonces, ese ahorro de los trabajadores (y sus respectivos intereses) fue mermando y dejando de cumplir la finalidad con la cual fue concebido; esto es, atender necesidades distintas a las que se satisfacen con el salario.
Al punto, si durante los primeros años de su consagración las prestaciones permitieron a muchos adquirir o dar la cuota inicial de una vivienda y otros bienes, a finales de los 80 ya no alcanzaban ni para comprar una moto. Ese es el pequeño detalle que algunos, obnubilados por fantasmas ideológicos, se negaron a meter en sus consideraciones a la hora de evaluar la reforma de 1997. Todavía hoy, casi 15 años después de aquella, se sigue con la misma cantaleta de endilgarle al "neoliberalismo" la responsabilidad de la misma. Se ha ensalzado de tal modo el recálcalo (la mal llamada retroactividad) que se omite el impacto perverso de la inflación sobre cualquier ahorro y las prestaciones sociales, a fin de cuentas, también lo son. Un par de preguntas deberían replantearse ahora, de cara a la anunciada vuelta al régimen modificado: ¿Cuáles son las causas de la inflación? La incertidumbre que genera el recálculo ¿es o no combustible para la inflación? Y una tercera: ¿de quién es la responsabilidad de abatir la inflación? El cuento según el cual el neoliberalismo es la causa del aludido mal, se cae por su propio peso y peor si se toma como referencia a los mismísimos gringos: en los Estados Unidos la inflación del 2011 no llegó al 2%, mientras en la meca del socialismo del siglo XXI estuvo cerca del 30%. Uno de los compromisos más importantes que el Estado venezolano asumió, con ocasión de la reforma de 1997, fue el de reducir la inflación, llevarla a menos de 10%, tal como ha ocurrido en todos los países de América Latina, con excepción del nuestro.
En tal escenario, el vigente régimen de prestaciones sociales, que equivale al doble del anterior, sería mucho más ventajoso que aquel, pero además, la certidumbre implícita en el mismo, respecto del costo de la nómina, facilita la revisión y ajuste de los salarios, tal y como ha ocurrido en los convenios colectivos del sector industrial, de lo cual dan fe los propios dirigentes sindicales de dichas ramas.
Ni la ideología, ni los caprichos, ni la demagogia son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones que afectan el interés común. Ya los voceros de la comisión presidencial que se ocupa del tema han reconocido que no se pueden afectar los beneficios vigentes y volver a lo que existió hasta 1997: 30 días por año calculados con el último salario. Sumar el recálculo al modelo de prestaciones existente es multiplicar por más de dos el problema que existía antes de la reforma.
Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es la inflación, carajo.
Tal Cual digital
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