Una fuerte escalada en los patrullajes y controles de seguridad se registra en el estado Sucre tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones que Washington asegura eran usadas para transportar drogas.
Habitantes de la zona describen un clima de temor, presencia inusual de cuerpos de seguridad y restricciones crecientes en actividades cotidianas, según un reporte publicado por Reuters.
La agencia señala que Sucre -una de las regiones más pobres del país y cuyo istmo se proyecta hacia Trinidad y Tobago- ha sido golpeado por la campaña militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que suma más de 80 muertos. Un 60% de sus residentes dependen del empleo público.
De acuerdo con Reuters, el gobierno de Estados Unidos sostiene que los ataques han afectado operaciones de carteles de droga, incluidas organizaciones que afirma están lideradas por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano niega cualquier vínculo delictivo y acusa a Washington de impulsar un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos del país, especialmente el petróleo.
El aumento de los patrullajes en Sucre coincidiría, según el reporte, con el interés del gobierno en ejercer un control más férreo en una región históricamente vinculada a actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.
Dos familiares de víctimas de los ataques navales contaron a Reuters que tras las muertes fueron visitados por funcionarios policiales y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los operativos incluyeron registros de viviendas y advertencias para que no difundieran información en redes sociales. Ninguno ha recibido comunicación oficial ni sabe si existe una investigación en curso. Tampoco se han recuperado los cuerpos, lo que les ha impedido celebrar funerales.
Ni Washington ni Caracas han revelado las identidades de los fallecidos.
Más agentes en las calles y controles nocturnos
Residentes de Güiria afirmaron que desde mediados de septiembre se observa un despliegue superior al habitual: funcionarios del Sebin, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Policía Nacional y efectivos militares, además de civiles asociados a grupos afines al oficialismo, conocidos localmente como colectivos.
“Pasan por las mismas zonas muchas veces, a todas horas… ahora están por todas partes”, dijo a Reuters un líder comunitario bajo condición de anonimato.
Otros habitantes confirmaron que los patrullajes -muchos en motocicletas- aumentaron tras el anuncio de maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago a finales de octubre. También reportaron detenciones recientes y la instalación de puntos de control dirigidos por agentes cuya identidad no siempre es clara.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a solicitudes de comentario de la agencia. El gobierno sostiene que las instituciones actúan dentro de la ley y en defensa de la soberanía nacional.
La actividad comercial en Güiria, tradicionalmente sostenida por el contrabando y el intercambio informal con Trinidad y Tobago, muestra signos de estancamiento.
“De no ser por los bonos del gobierno, no hay dinero circulando”, dijo un empleado de una tienda. Según los testimonios, ya no salen embarcaciones hacia la isla vecina: ni migrantes, ni compradores, ni vendedores de mercancías venezolanas.
En Carúpano, un visitante reciente declaró a Reuters que la Dgcim instaló un centro de comando en un hotel estatal en Río Caribe, y que los espacios públicos lucen semivacíos por el temor que genera la presencia de organismos de inteligencia vestidos de civil.
“Nadie habla mucho; no saben si alguien está escuchando”, afirmó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario