En 2004 el PSUV estaba a favor del instrumento que favorecía a las regiones con más recursos. Hoy es otra historia ILICH OTERO/ARCHIVO
DESDE 2004 ESTÁ DISCUTIDA Y APROBADA POR LA AN LA LEY DE HACIENDA PÚBLICA ESTADAL
Al igual que la Ley del Trabajo, esta norma ha estado engavetada, por más de seis años, aún estando aprobada Ejecutivo nacional no promulgó la norma hace 7 años, aunque tuvo el apoyo de su bancada roja.
La Ley de Hacienda Pública Estadal (LHPE) es una deuda pendiente de la Asamblea Nacional desde hace 10 años, en vista de que la Constitución establece en la Disposición Transitoria Cuarta numeral 6 que dentro del primer año, contado a partir de la fecha de instalación del Parlamento, se deberá aprobar una Ley que desarrolle la hacienda pública estadal.
A pesar de que en 2004 se discutió y se aprobó un proyecto de LHPE, donde se fusionaron las propuestas de la bancada opositora, los parlamentarios del Gobierno, la Universidad del Zulia y la Gobernación de la misma región, ésta no tuvo la venia del presidente Hugo Chávez, por lo cual fue engavetada sin más explicación.
José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explica que de acuerdo con la Carta Magna, cuando el Ejecutivo recibe un proyecto de ley debe revisarlo y luego devolverlo a la AN con las observaciones que considere. Si el Presidente afirma que el instrumento jurídico es "inconstitucional" debe remitirlo a la Sala Constitucional del TSJ. Una vez dictada la decisión de la Sala pasaría nuevamente a la AN para que decida lo conducente si está apegada a la máxima norma o no.
Haro afirma que si el primer mandatario no da una respuesta en un plazo de 10 días, de acuerdo con la Constitución, el siguiente paso a seguir por la AN es promulgar la ley, ponerle el ejecútese y publicarla en Gaceta Oficial.
QUE EL PUEBLO DECIDA Tras una larga espera por la promulgación de la norma, los gobernadores de Lara, Carabobo, Zulia, Táchira, Amazonas, Miranda, Nueva Esparta y la Alcaldía Metropolitana acordaron impulsar este proyecto a través de la iniciativa popular, acompañada de un número significativo de firmas.
Haro manifiesta que esta opción es totalmente válida, pues los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar a consideración del pueblo una solicitud de referéndum para que se apruebe o no una determinada ley. "Aquí el referéndum es totalmente viable para poner en marcha algo que la Constitución pide que se apruebe y que por las razones que fueren no ha sido aprobado", detalla.
Leonardo Palacios, abogado y especialista en Derecho Tributario, opina que la forma en que se distribuyen los recursos es una manera de implosionar a los estados y fortalecer la centralización.
Palacios era diputado en el 2004, cuando se discutió la LHPE, y recuerda que era un proyecto que daba un sistema de reestructuración de las finanzas públicas bajo parámetros de relaciones fiscales intergubernamentales, donde había normas de relación entre los estados y el poder nacional, donde había posibilidades de coparticipación de ciertos tributos.
Afirma que la ley no salió a la calle porque al Ejecutivo no le conviene que exista descentralización, recursos para las regiones, transferencia de poder político administrativo, financiero y tributario. "Todo esto debilita el poder nacional y de esas descentralizaciones salen los dirigentes que enfrentan a la Presidencia", agrega.
A LA ESPERA DEL TSJ En 2010, Eliseo Fermín y María Verónica Barboza, presidentes de los consejos legislativos de los estados Zulia y Miranda, respectivamente, introdujeron un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar, de una vez por todas, que se promulgue la Ley de Hacienda.
Fermín asegura que el Gobierno siempre ha tratado de eliminar tributos que históricamente debieron ser de los estados. "Estamos pidiendo competencias para que las regiones puedan cobrar sus propios tributos. A diferencia del petróleo y el impuesto sobre la renta, que estamos de acuerdo que se cobre centralmente, los estados y municipios están defendiendo que el Ejecutivo no quiere asignar los recursos de manera justa", concluye. JESENIA FREITEZ GUEDEZ / Tal Cual digital
