De tal manera que uno de los gastos indispensables que tiene cualquier ciudadano es el de asegurarse, independientemente de su condición social, casi hay que agregar el costo de la póliza a la cesta básica. No hacerlo constituye el riesgo de no poder recibir una atención médica oportunamente, poner en peligro la salud o la vida y en otro plano, perder el bien y no poder reponerlo.
Sin embargo, a pesar de esa amplitud del sistema, vemos con preocupación, como algunos principios que constituyen en otros países estándares de calidad, en Venezuela no son respetados, tal como podemos destacar en estos casos:
Mundialmente el seguro es visto como un servicio financiero que proyecta sus costos sobre la base de estadísticas actuariales, lo que permite que cuando un usuario presenta baja ocurrencia de siniestros, las siguientes pólizas le son disminuidas en precio, lo contrario, los de alta siniestralidad, sus subsiguientes pólizas les son aumentadas. En el caso venezolano siempre aumentan las pólizas, si el usuario no produce erogaciones a la empresa de seguro tendrá de todos modos aumento en su próxima póliza y si es de alta siniestralidad, será excluido y no podrá renovar con esa compañía, es decir, el castigo sí, el premio no.
Otro caso es la forma como se maneja el plazo de espera frente a las llamadas enfermedades preexistentes. Si una persona ya pasó dicho plazo, esa maduración de su póliza debería prosperar aún cuando decida cambiarse de empresa de seguro, no se justifica que cada empresa le imponga al usuario el plazo de espera teniendo a la vista el histórico de sus anteriores pólizas con otras empresas. Este hecho trae como consecuencia que por mucho que una empresa aumente el precio o desmejore la calidad de sus servicios, sus clientes se ven obligados a permanecer con ella y aceptar sus términos. ¿Dónde queda la libra competencia? FUENTE: El Nacional, La Voz del Consumidor
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