"Chávez controla 98% de los recursos para los estados y sólo él decide a quién le da y a quién no"
Si alguien se ha metido en el laberinto burocrático de la revolución para fijar el entramado legal que permite el ejercicio omnímodo del poder a través del control político y económico, esa es Adriana Vigilanza.
Profesora universitaria, especialista en Derecho Tributario y paciente recopiladora de la estrategia jurídica para convertir un modelo descentralizado en reino de la autocracia, Vigilanza nos hace la crónica del paulatino desmantelamiento de la democracia venezolana: "La acumulación de poder por parte del Presidente viene operando con leyes aprobadas antes de la enmienda constitucional y violatorias de la Constitución. Ya desde el 2007 el diputado Darío Vivas se refería a la nueva geometría del poder.
Pero constitucionalmente tú no puedes modificar las reglas porque las constituciones son reglas de reparto del poder político. Así, es posible establecer hasta dónde llega el poder de quien gobierna y hasta dónde los derechos de los ciudadanos y eso sólo es posible cambiarlo con una Asamblea Nacional Constituyente".
-¿Qué señalaba Vivas?
-Vivas hablaba de una nueva división político-territorial que incluye ciudades federales, comunales y espacios territoriales alejados de los centros poblados.
También advertía que según la Constitución el territorio nacional está organizado en municipios y parroquias y que para darle paso a la nueva estructura territorial era necesario modificar el texto constitucional.
Reconocía, así, la necesidad de dar ese paso para imponer la nueva geometría del poder e instrumentar lo que llamaba el Poder Popular.
-¿En qué consiste ese "Poder Popular"?
-Primero se debe decir que ese nuevo poder no tiene garantías de existencia ni en la reforma, ni en las leyes actuales, ni en la Constitución. Así, por ejemplo, tanto estados como municipios tienen establecido cómo se eligen sus autoridades, cuál es su órgano legislativo, las competencias y su fuente de recursos. Al Poder Popular nunca se le reconoce ese tipo de atribuciones en la Constitución. Eso quiere decir que pueden hacer con él lo que les dé la gana. Leer mas en: El próximo año gobernaciones y alcaldías estarán quebradas
Articulo relacionado: La reforma de la LAEE - Jorge Sánchez Meleán /Economista
El régimen actual dando un paso más en el proceso de centralización fiscal, ha decidido que los recursos provenientes de un porcentaje mínimo de 25 por ciento del monto de los ingresos fiscales recaudados, por concepto de tributos y regalías contemplados en la ley de Hidrocarburos y ley de Minas, -una vez deducidos de dichos ingresos el porcentaje de Situado Constitucional- en vez de distribuirse directamente por dozavos, como una transferencia intergubernamental, en las cuentas de los estados, municipios y consejos comunales, de acuerdo con la LAEE vigente del 2006, ahora se envíen simplemente como un ingreso más, al Fondo de Compensación Interterritorial, dependiente del Consejo Federal de Gobierno.
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