Las naciones americanas se han orientado hacia la despenalización
Esta norma se sumará a la ofensiva contra las libertades de expresión y de información que ha fomentado el Presidente Chávez, como anular licencias a radios y canales de TV.
Ningún país de América, a excepción de Cuba, tiene una legislación penal como la que ha propuesto la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar como "delito mediático". Si el proyecto presentado se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.
Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas sólo tiene lugar en regímenes en los que prima el fundamentalismo político o religioso. "Éste es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina", afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría.
Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de DD.HH. de la Universidad Central de Venezuela, asegura que la propuesta se parece a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información durante la España franquista: "No conozco una legislación parecida en países democráticos".
Censura
Lauría también equiparó el proyecto con algunas restricciones a la comunicación ejecutadas en Argentina en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de la doctrina de la seguridad nacional. En los últimos años se han emprendido iniciativas exitosas para recuperar la posibilidad de informar sin temor a represalias en países como Chile, Argentina y Uruguay.
La Rue explicó que, por lo general, la penalización de la expresión o la información que existe en países con gobiernos autoritarios se lleva a cabo mediante la incorporación de normas a los respectivos códigos penales. La observación permite advertir la trascendencia de que la fiscal general venezolana haya propuesto una ley especial, en vez de una reforma.
Para la organización Human Rights Watch, esta ley es una "receta para la censura". "Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Enrique Santos, directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no tiene dudas de que la discusión tendrá dimensión continental. "Es el más grave intento de amordazar a la prensa que ha habido en los últimos años en la región. Si esto no motiva una movilización hemisférica de medios, periodistas y ciudadanos, estaremos siendo espectadores pasivos de la muerte lenta de la libertad de expresión y de la democracia en Venezuela", expresó el editor.
Peligroso
El vocero del Instituto Prensa y Sociedad, Ewald Scharfenberg, afirmó que la amenaza que implica el proyecto de ley de delitos mediáticos ya causó eco en otros países, y se relacionan con otros intentos de restringir la libertad de expresión, a través de la administración del espacio radioeléctrico en Argentina, Ecuador y Bolivia. En particular, en los países dirigidos por gobernantes aliados del Presidente Chávez.
Cronología
El gobierno ha establecido una jurisprudencia regresiva en materia de libertad de expresión. En 2004 se promulgó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que incluye sanciones por irregularidades no claramente definidas.
En 2005 se incorporó al Código Penal un artículo que penaliza con prisión de dos a cinco años la difusión de informaciones que causen pánico. En junio de este año se propuso otra reforma para grabar conversaciones privadas, y en los últimos días se han emprendido acciones que afectan la transmisión de 240 radios.
Algunos malos ejemplos
Bielorrusia
En 2008, el Presidente Alexander Lukashenko puso en vigencia una nueva ley de medios que aumentaría las restricciones a la libertad de expresión, específicamente en cuanto al obligatorio registro de empresas de comunicación social, la prohibición de financiamiento extranjero y la posibilidad de cierre de medios sin orden judicial.
Cuba
En la isla hay un control estatal absoluto de los medios de comunicación y está proscrita la prensa independiente. No hay ley que penalice la expresión ni la información. Sin embargo, el Código Penal cubano se ha aplicado para reprimir la difusión de noticias. El artículo 72, establece: "Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista".
Camboya
En junio pasado, el estudiante de leyes Soung Sophorn fue condenado por difamación y se le impuso una multa de 5.000 rieles (un poco más de mil dólares) por pintar grafitis contra el gobierno de Camboya. Con esta protesta intentaba evitar ser desalojado de la casa que habitaba, como otras cuatro mil familias pobres. Organizaciones de derechos humanos se han opuesto a la aplicación arbitraria de las leyes sobre información en el país asiático. El Mercurio (Chile)
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