Las propuestas de reforma a la Ley de Descentralización, a la Ley de Aeronáutica Civil y a la Ley de Puertos permiten al Gobierno revertir las competencias regionales
La satanización del proceso descentralizador durante la llamada cuarta república fue la característica del debate de la Asamblea Nacional (AN) de ayer, cuando se aprobaron en primera discusión la Reforma Parcial a la Ley de Descentralización, a la Ley de Aeronáutica Civil y a la Ley de Puertos.
Introducidas al final del orden del día con urgencia reglamentaria, las tres reformas responden a un exhorto del Tribunal Supremo de Justicia, que solicitó a la AN revisar la legislación vinculada con el tema de la descentralización.
En un recurso de interpretación del 16 de abril, el Máximo Tribunal estableció que el artículo 164 numeral 10 de la Constitución atribuye al Poder Público Nacional la posibilidad de intervenir en las carreteras, puertos y aeropuertos, aunque hayan sido anteriormente descentralizados y transferidos al poder regional.
A partir de tal decisión judicial, la comisión de Política Interior de la AN propuso una reforma a la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. El artículo 2 de dicha propuesta da explícitamente la potestad al poder nacional de revertir las competencias transferidas a las regiones por la descentralización.
Por otra parte, las propuestas de reforma a la Ley de Puertos y a la Ley de Aeronáutica Civil otorgarían al Poder Público Nacional dichas competencias de intervención en materia portuaria y aeronáutica, respectivamente.
ENTRE LO ELECTORAL Y LO TÉCNICO
Durante el debate de las tres propuestas se escuchó repetidamente la voz disidente del diputado Juan José Molina, del partido Podemos, quien consideró que "la acción coherente de un Gobierno y el empleo de políticas serias permiten la actuación de manera coordinada y concertada con los gobiernos regionales, sin necesidad de imposiciones".
Durante el debate de las tres propuestas se escuchó repetidamente la voz disidente del diputado Juan José Molina, del partido Podemos, quien consideró que "la acción coherente de un Gobierno y el empleo de políticas serias permiten la actuación de manera coordinada y concertada con los gobiernos regionales, sin necesidad de imposiciones".
Los argumentos electorales tampoco estuvieron ausentes en las consideraciones del diputado de la tolda vinotinto. Recordó que, en el caso de la Ley de Puertos, resultarían afectadas las competencias de gobernaciones de entidades como Carabobo, Falcón y Anzoátegui, que, a su juicio, cambiarán de gestión a partir del 23 de noviembre, con lo que insinuó un posible triunfo opositor en dichas entidades. "El Poder Nacional busca, con estas modificaciones, someter y manejar con autoritarismo la relación con los gobiernos regionales", aseguró.
En respuesta, los diputados oficialistas alegaban "la importancia estratégica para el Estado en su totalidad" de la materia portuaria y aeroportuaria. "¿Dónde se ha visto que un país ceda a una región algo tan estratégico como los puertos y aeropuertos? El Poder es uno solo: el Poder Público Nacional", adujo el diputado Ricardo Sanguino.
Por su parte, el diputado Carlos Gamarra manifestó su "sorpresa" ante la actuación de "la nueva oposición" en la AN, en referencia a Podemos, y aseguró que "si algún Gobierno ha trabajado en materia de descentralización y desarrollo regional ha sido el del presidente Chávez".
Finalmente, la diputada Pastora Medina salvó su voto en la aprobación de la reforma a la Ley de Aeronáutica Civil por considerar que no manejaba información suficiente, pues "no queda claro" cómo se redactó finalmente la modificación al artículo 164 de dicha legislación. Tal Cual digital
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