Estados Unidos está aumentando su presencia militar en países de América Latina. El ejército estadounidense ha enviado cientos de soldados para realizar entrenamientos en Panamá, actividad que repetirán después en Honduras y Colombia, según avanzó esta semana The New York Times. El destacamento militar se prepara para participar en operaciones especiales contra los cárteles del narcotráfico, según las fuentes de ese medio.
Este movimiento se considera un paso más en la doctrina Donroe, el juego de palabras para describir la política de Donald Trump para recuperar las tesis del expresidente James Monroe de tener una presencia hegemónica en el continente, asociada a un mayor intervencionismo.
El despliegue militar se da con un grupo de 600 soldados de la 10.ª División de Montaña, de los que un primer grupo ya ha sido destinado a una instalación militar en la selva de Panamá. Esas fuerzas estadounidenses participarán también en entrenamientos conjuntos con los ejércitos de Colombia y de Honduras. El incremento de la presencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica ha reabierto el debate sobre la presencia militar de Washington en la región.
La Administración Trump tiene claro su objetivo. El Pentágono publicó a finales del año pasado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, donde subrayaba: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe [que proclamaba el intervencionismo estadounidense en Latinoamérica] para restaurar su preeminencia”. Los funcionarios del Departamento de Defensa que elaboraron el texto ven necesario recuperar esa política para lograr “una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses” y “para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.
Desde entonces, Washington ha girado el periscopio. Y ha endurecido su postura con los vecinos del sur. El ejército estadounidense bombardea desde el verano pasado a supuestas narcolanchas del Caribe, junto a las costas de Venezuela, Ecuador o Colombia. A principios de año, Trump ordenó una operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y tumbar al régimen chavista desde dentro, encumbrando como presidenta a Delcy Rodríguez. Pocas semanas después, intensificó la presión sobre Cuba al endurecer el bloqueo energético, hasta provocar una crisis humanitaria. Entremedias, presionó al expresidente colombiano Gustavo Petro y brindó su apoyo al derechista Abelardo de la Espriella, quien se alzó con el poder tras ganar las elecciones del pasado junio.
Trump se inmiscuyó en los procesos electorales de Argentina para respaldar a Javier Milei, y en Honduras, donde su apuesta por el conservador Nasry Asfura le brindó un nuevo aliado. Poco a poco está tejiendo una red de partidarios para extender su influencia en la región.
A todo esto, el mandatario republicano firmó el pasado marzo en su club de golf de Doral, en Miami, la creación del llamado Escudo de las Américas, un club de ministros de defensa americanos para combatir el narcotráfico y participar en operaciones militares conjuntas.
Al poco de que De la Espriella ganara las elecciones presidenciales de Colombia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el mandatario había autorizado a Washington a realizar operaciones militares conjuntas en territorio colombiano, algo que, sin embargo, no ha pasado de esa declaración. “Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se sume a la lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, dijo durante un viaje a Ciudad de Panamá, donde anunció que Colombia se unía al Escudo de las Américas.
Más allá del juego de alianzas, el debate sobre el despliegue militar cobra fuerza tras conocerse que las tropas desplazadas a Panamá y que colaborarán con los ejércitos de Colombia y Honduras formarán parte de un nuevo comando para operaciones del hemisferio occidental que tendrá sede en Miami.
Hegseth también ha abierto una nueva oficina en el Pentágono para supervisar las actividades militares contra los carteles de la droga de Latinoamérica.
La embajada de Estados Unidos en Panamá desmintió esta semana la información de The New York Times asegurando que es “categóricamente falsa”. Según la representación diplomática, en el país centroamericano hay 120 militares estadounidenses que hacen un curso de operaciones en la selva, que dura dos semanas. Cuando terminen, el 25 de octubre, regresarán a su base de Fort Drum, en Nueva York. La embajada añade que el centro de entrenamiento funciona desde hace más de un año, con instructores panameños y estadounidenses, y que los soldados están allí por invitación del Gobierno panameño. El embajador, Kevin Marino Cabrera, ha agregado que en el curso participan panameños y militares de otras nacionalidades.
John D. Feeley, exembajador de Estados Unidos en el istmo, explica que no se trata de un solo contingente, sino de cinco rotaciones de 120 soldados cada una. “Históricamente, EEUU ha enviado pelotones de 30-40 a la vez para entrenar”, explica por mensaje de texto. “600 a la vez es descomunal; 120 es un tamaño mayor al usual, pero no demasiado exagerado”. Para el exdiplomático, en todo caso, la información deja una duda de fondo. “La pregunta más relevante es qué hacen después del entrenamiento en Panamá”, se cuestiona sobre la idea de tener un contingente significativo listo para hacer operaciones en la selva tropical profunda.
Debate en Colombia
En Colombia, el más grande de los tres países en los cuales podrían entrenar esos soldados, con miles de kilómetros de jungla amazónica y la mayor producción de cocaína en el mundo, la presencia de militares norteamericanos no es enteramente inusual. Actividades como la asesoría o el entrenamiento son posibles sin mayor dificultad, aunque han producido debates en el pasado. La presencia de bases militares o de operaciones realizadas directamente por militares de otro país debe ser aprobada por el Senado, y la discusión ha pasado por definir qué acciones se pueden llevar a cabo sin ese permiso previo.
El más reciente se dio en 2020, cuando el comandante de las Fuerzas Armadas del momento, Luis Fernando Navarro, explicó que llegaría al país la Primera Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por su acrónimo en inglés) para dar asesoría táctica y “mejorar las operaciones contra el tráfico de drogas”. Tras una acción judicial que llevó a la suspensión de su presencia, el Consejo de Estado encontró que la presencia temporal de militares extranjeros para asesorar, entrenar o capacitar, sin participar en operaciones, sin ejercer mando y sin portar armas, no equivale a un tránsito de tropas. Por ello, la SFAB ha regresado varias veces al país.
Por ahora, el Gobierno no ha presentado ninguna solicitud ante el Legislativo para las actividades que requieren su permiso, entre las que en principio no se incluye el entrenamiento. El mismo Consejo de Estado informó que, en el primer mes del Gobierno, no recibió ninguna petición de concepto sobre el ingreso o la participación de tropas extranjeras. Es algo que el político opositor y vicepresidente segundo del Senado, Alejandro Ocampo, recordó al presidente este jueves: “Usted no le ha solicitado al Congreso autorización para que tropas extranjeras transiten en nuestro país”, escribió en X. La intervención del senador recordaba justamente la declaración de Hegseth en agosto, cuando dijo que el presidente De la Espriella había autorizado “operaciones militares conjuntas”.
Todo esto se da en un contexto más amplio, como explica Laura Bonilla, experta en seguridad y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Se refiere al Escudo de las Américas, la amplia coalición de países alineados con Trump que ha empezado a desarrollarse como una suerte de alianza hemisférica. Aunque sus contornos todavía no son muy claros, a nivel operativo ya funciona la Coalición de las Américas contra los Carteles, o A3C, para combatir a los carteles de la droga. En ella participan 18 países de América Latina, incluyendo a Colombia, Panamá y Honduras. La guerra contra las drogas, que el Gobierno de Donald Trump ha impulsado, cobija las acciones que ha tomado Estados Unidos en la región, aunque tengan un trasfondo más militar que judicial o policial. Así lo muestra, por ejemplo, el envío de una cantidad aún desconocida de drones Reaper a Colombia y Ecuador a inicios de octubre.
