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Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Finalizó la audiencia del capitán Juan Carlos Caguaripano y de los otros 23 presos políticos vinculados al caso Fuerte Paramacay.
Tras concluir la audiencia, los magistrados informaron que se tomarán 10 días hábiles para emitir su pronunciamiento sobre el proceso.
Ahora, familiares y defensores de los detenidos deberán esperar la decisión del tribunal, que podría marcar un nuevo capítulo en el caso relacionado con los hechos ocurridos en el Fuerte Paramacay.
ÚLTIMA HORA | Finaliza audiencia de Juan Carlos Caguaripano: “La verdad está allí y no se puede empañar con intereses políticos”, dijo su padre.
La ONG Foro Penal informó que siete sargentos y un general salieron de la cárcel con libertad plena tras pasar casi diez años detenidos, acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo.
El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que todos salieron con libertad plena por «cumplimiento de la pena», al haber pasado nueve años y seis meses en prisión pese a que fueron condenados por ocho años por el delito de «instigación al odio».
En X, Himiob señaló que los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, así como el general Ramón Lozada Saavedra, recibieron la boleta de libertad a las 20:40 hora local.
Por su parte, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, compartió un video en Instagram de los sargentos saliendo de la sede del Palacio de Justicia, en Caracas, tras recibir la boleta de libertad.
De acuerdo a medios locales, los sargentos fueron detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) luego de ser llamados a declarar y estuvieron incomunicados por cinco días.
Posteriormente fueron liberados y devueltos a la Brigada 42 de Paracaidistas de Maracay, capital del estado Aragua, pero fueron apresados nuevamente por otros efectivos de la DGCIM.
A mediodía del lunes, diez mujeres yacían en colchonetas apoyadas sobre barricadas policiales, adormecidas por la deshidratación y con más de 50 horas sin comer. Se sumaron a la huelga de hambre que ya habían iniciado los presos políticos por cuya libertad claman. Tras más de un mes de vigilia, las carpas se han multiplicado en los alrededores de la llamada Zona 7, un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, y la protesta ha ido en aumento. Es la única cárcel que han visitado algún representante del Gobierno. Allí, hace diez días, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sostuvo un inusual encuentro con familiares de presos políticos y aseguró que todos saldrían libres, a más tardar el viernes pasado, con la ley de amnistía aprobada. La promesa, sin embargo, ha quedado en suspenso.
“Las liberaciones han sido una burla. No nos cumplieron”, dijo a EL PAÍS Evelyn Quero, una de las mujeres que se mantiene con más fuerza para hablar pese a las horas sin alimento. Quero sostenía un vaso con hielo en la mano para mojarse los labios, mientras el resto intentaba dormir entre los dolores que empieza a generar la falta de alimento.
El retraso en la aprobación de la ley ha desesperado aún más a los familiares de los presos. Las vigilias se mantienen activas en cárceles de todo el país, mientras las listas de presos siguen actualizándose. El último reporte del Foro Penal habla de 444 excarcelados desde el 8 de enero, cuando el chavismo hizo público el “gesto” de las liberaciones, en el marco de una transición tutelada por Estados Unidos luego de la intervención militar en la que Nicolás Maduro fue capturado. En las listas de la ONG todavía quedan 634 personas por salir, aunque este mismo lunes el equipo de abogados estuvo en Zona 7 documentando casos de los que no tenían registro. Las denuncias de nuevos detenidos por motivos políticos siguen conociéndose.
Los defensores han insistido en que el proceso de excarcelación debe continuar, independientemente del debate en el Parlamento, que debería retomarse en la plenaria este jueves. El consenso se rompió el pasado jueves en la discusión del artículo 7 de la propuesta de ley, que plantea la obligatoriedad de que los beneficiarios de la amnistía deban someterse primero a la justicia. La oposición y los defensores defienden que esto contradice el principio que mueve una ley como esta, pues la disposición da por sentado que los miles de perseguidos políticos en Venezuela han cometido delitos.
Mientras el debate se atascaba, las primeras liberaciones en la Zona 7 de la PNB ocurrieron a la medianoche del día siguiente. Salieron 17 personas, pero aún quedan más de 50 detenidas. “Si hubiesen cumplido con liberarlos a todos aquí no hubiésemos empezado una huelga de hambre”, reclama Evelyn Quero, madre de Joel Bracho, un funcionario policial acusado por terrorismo y asociación para delinquir, por supuestamente haber participado en la colocación de un explosivo en una plaza en Caracas que nunca detonó, a finales del año pasado. Su hijo cumplió años en prisión y también fue incluido en las listas de ascenso de la policía anunciadas a principios de año. Sus familiares lo pudieron ver hace poco, después de más de dos meses de incomunicación.
Tras los primeros dos días sin comer —solo toma agua y suero con electrolitos—, tres mujeres se han descompensado. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por una crisis hipertensiva. Otra se retorcía este lunes por los dolores en el estómago. Esperaban una ambulancia, pero terminaron trasladando a la primera en el vehículo de uno de los abogados que estaba presente. “Aquí nunca se ha visto una ambulancia. Al policía Edison Torres, que murió acá el mes pasado, se lo llevaron en una patrulla”, denunció una de las mujeres. Al presidente de la Asamblea Nacional tampoco lo han vuelto a ver desde su primera visita.
Un médico voluntario se ha acercado a revisar el estado de salud de las mujeres y este lunes insistían en que le permitieran entrar también a la cárcel, donde los presos mantienen la huelga de hambre desde el jueves como forma de protesta. La situación de los reclusos incrementa la angustia de quienes aguardan afuera.
Jenny Orozco, hija del dirigente opositor de Voluntad Popular y exdiputado Fernando Orozco, también se ha sumado a la huelga. El caso de su padre no es aislado: junto a él hay otros 40 detenidos que, aun sin conocerse entre sí, han sido vinculados a un supuesto complot. El político permanece preso con uno de sus hijos y hasta hace poco también estuvo detenida su esposa, que fue excarcelada en delicado estado de salud. Orozco vivió años de persecución política que lo obligaron a exiliarse y había regresado al país hace un par de años. “A nosotros nos quitaron todo. Se quedaron con la empresa de transporte de la familia y con la casa de mi abuela”, relata su hija, que logró huir con otros hermanos antes de que la detuvieran a ella también.
Los casos vinculados a militares también parecen estar estancados. Por eso, las ONG sostienen que la ley de amnistía es excluyente y deja fuera a un grupo de detenidos. Ese reclamo fue planteado por los propios familiares hace una semana, durante una reunión con una comisión de parlamentarios y con integrantes del Programa de Convivencia Democrática y Paz, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Además de exigir la liberación de todos los presos, denunciaron los malos tratos que han sufrido e incluso la permanencia en prisión de personas que ya habían cumplido su condena. Para ellos, estos hechos evidencian el colapso del sistema de justicia, que durante años —según informes de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos— ha funcionado como un instrumento más de represión.
El Gobierno se ha visto obligado a hacer concesiones en medio de la encrucijada que atraviesa el chavismo desde el 3 de enero. Una de ellas ha sido permitir nuevamente el contacto con algunos detenidos cuyo paradero había sido incierto durante meses. Es el caso de los 32 implicados en la llamada Operación Gedeón, la fallida rebelión militar de 2020, que pasaron seis meses en paradero desconocido tras ser trasladados de cárcel sin información para sus familias.
Tras la reunión con los integrantes del Programa de Convivencia Democrática y Paz, los familiares pudieron ingresar al Fuerte Guaicaipuro, una de las prisiones más temidas del país, ubicada en los Valles del Tuy, a las afueras de Caracas. Las celdas están bajo tierra; el calor es sofocante y el techo es una rejilla metálica sobre la que caminan los custodios. Allí permanecen varios militares condenados por insurrecciones y alzamientos fallidos. Los familiares lograron verlos a través de una reja, vigilados por guardias encapuchados. Los encontraron desnutridos, amarillentos y con la mirada perdida. “No fue una alegría verlos, fue un martirio ver cómo los tienen”, relató una de las madres.
Este caso es emblemático y las ONG han exigido que esté entre los hechos que serán amnistiados. El Gobierno los ha implicado en una operación para derrocar a Nicolás Maduro que contó con apoyo de ex boinas verdes estadounidenses, que ingresaron al país en lanchas. Los extranjeros ya han sido liberados en medio de las negociaciones entre Washington y Caracas, justamente durante el intercambio en el que el ahora defenestrado Alex Saab salió de la cárcel en Miami para entrar en el gabinete del chavismo. El propio ministro de Interior, Diosdado Cabello, sin embargo, ha dicho que ninguno podrá obtener la libertad con la amnistía.
El debate en el Parlamento sobre la normativa ha generado protestas por parte de sectores castrenses y defensores de derechos fundamentales, quienes consideran que la medida no beneficia al grueso de los privados de libertad por razones políticas. Actualmente hay más de 200 presos políticos militares.
Sebastiana Barráez – Infoabe
Denuncian que la Ley de Amnistía del régimen de Venezuela deja fuera a la mayoría de los militares encarcelados por causas políticas.
El Proyecto de Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela suscita críticas por parte del sector militar y defensores derechos humanos, al considerar que es insuficiente y discriminatorio. Es un proyecto chucuto que excluye al 80% de los militares encarcelados injustamente por razones políticas, dice el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño, quien preside el Movimiento Defensores Populares (DPR). Considera que la propuesta es “chucuta” (incompleto) y limitada, porque la mayoría de las detenciones de militares han sido ordenadas por altos cargos como el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello Rondón, de quien asegura fundamenta denuncias por informantes infiltrados en los cuarteles, conocidos como “patriotas cooperantes”.
Según el coronel retirado de la Guardia Nacional, estos informantes detectan y reportan cualquier comentario crítico hacia el régimen, lo que ha llevado a que numerosos oficiales, subalternos y tropa profesional sean privados de libertad por meros rumores o por expresar inquietudes sobre la situación socioeconómica de sus familias.
Afirma que cuando los jueces militares no encuentran pruebas de delitos, “los inventan” o esperan instrucciones directas desde Miraflores, en alusión a las órdenes que el Poder Ejecutivo, desde Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro, da a los tribunales, al Ministerio Público y a los defensores públicos.
La Ley de Amnistía sigue en discusión en la Asamblea Nacional.
Destaca Hidalgo Valero, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, algunos casos emblemáticos como el del General de Brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 13 de agosto 2018, condenado a 16 años de prisión y se encuentra en la Cárcel El Rodeo I. El general Hernández se encuentra detenido por oponerse al narcotráfico y desobedecer órdenes superiores, dice. Otro de los casos es el del teniente coronel del Ejército, Igbert José Marín Chaparro, detenido en marzo 2018 por denunciar ante sus superiores la mala alimentación de la tropa. El Tcnel. Marín denunció la precaria alimentación de su tropa, lo que ratificó frente al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, y fue sentenciado a 7 años 6 meses de prisión, por el delito de Instigación a la Rebelión. Posteriormente le abrieron un nuevo juicio para mantenerlo encarcelado.
El coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño denuncia la exclusión de los militares en la Ley de Amnistía.
Además, el coronel Valero Briceño señala la proliferación de causas basadas en presuntas conspiraciones como las operaciones Espada de David, Brazalete Blanco, Constitución u Operación Gedeón, que han servido para justificar detenciones masivas y sentencias que salen de Miraflores, no del tribunal de la causa.
Asegura que ordenan revisar los teléfonos de los militares “al conseguir mensajes o cadenas, sobre la situación crítica que vive Venezuela, son llevados a juicio, les imputan, traición a la Patria, desobediencia, insubordinación, incautación de armas, rebelión, terrorismo, entre otros delitos”.
Diosdado ordena detenerlo
Relata Hidalgo Valero Briceño que él ha sido víctima, por orden de Diosdado Cabello, de detenciones arbitrarias en varias ocasiones, entre ellas tras la marcha por la Meritocracia Militar en 2002, siendo excarcelado al día siguiente, pero durante dos años permaneció con medidas cautelares.
El Teniente coronel Igbert Marín Chaparro está preso desde marzo 2018 por reclamar mejoras en la alimentación de los soldados.
Describe cómo, el 5 de julio 2017, fue arrestado tras una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, permaneciendo 69 días en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), bajo torturas psicológicas, sin juicio y posteriormente sujeto a medidas cautelares durante tres años.
Para acusarlo de Traición a la Patria y rebelión las pruebas o elementos de convicción más fuertes, que aparecían en el expediente, eran que una señora en la manifestación llevaba la bandera nacional volteada, con el escudo hacia abajo. La represión, según el coronel, no se limita al ámbito militar. En diferentes localidades, ciudadanos han sido detenidos por expresar opiniones políticas, ya sea a través de pancartas o en redes sociales., como fue el caso de dos médicos, en Valera, estado Trujillo, detenidos por unas pancartas sobre la intervención de Estados Unidos.
Hector Hernandez Da Costa
El General Héctor Hernández Da Costa permanece detenido en la cárcel Rodeo I condenado a 16 años de prisión.
Menciona casos como el de un médico de Altagracia de Orituco, capital del Municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico, encarcelado tras atender a un miembro de un colectivo, quien, a pesar de los esfuerzos, falleció. Denuncia que son cientos los casos de detenciones arbitrarias. Casi todos los altos dirigentes de los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, han sido encarcelados por ejercer su actividad partidista.
Valero Briceño calcula que son más de 200 los militares que permanecen detenidos por razones políticas, pero denuncia que solo una mínima parte ha sido liberada, desde el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.
Una propuesta razonable
El abogado y coronel retirado Hidalgo Valero presenta una propuesta de modificación del proyecto de Ley de Amnistía con dos artículos claves, orientados a garantizar la amnistía a todos los perseguidos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El primer artículo plantea el otorgamiento de la amnistía a quienes hayan participado en manifestaciones, expresado ideas políticas, difundido información o promovido acciones consideradas conspirativas, así como a aquellos procesados o amenazados por causas políticas dentro o fuera del país.
Familiares de presos políticos reclamando su libertad.
El segundo artículo establece que la aplicación de la ley recaiga en tribunales imparciales, obligando a la inhibición de jueces y fiscales que hayan intervenido previamente, y fijando plazos máximos de tres días para resolver los casos tras la promulgación de la Ley, y de dos días en caso de apelaciones. Textualmente los amnistiados serían lo que entrarán en estas opciones: “Cuando se hayan cometido, o puedan haberse cometido, por la participación, en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política, o por su organización o convocatoria”.
Por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido.
Los actos o hechos que hayan sido enjuiciados o no, considerados por los juzgadores, como acciones consideradas conspirativas, o violatorias de la Ley del Odio (inconstitucionalmente promulgada por la ilegal Asamblea Constituyente), o de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.
Los perseguidos políticos, quienes se encuentran en el exterior o en la clandestinidad, con procesos abiertos o por amenazas o temores de ser encarcelados, con o sin juicio abierto por los tribunales nacionales, podrán regresar al país con libertad.
Militares que están encarcelados por raones políticas son más de 200.
Hidalgo asegura que así se otorga amnistía de todos los hechos, considerados punibles, con motivación política, ocurridos desde 1999 hasta el 2026.Por otra parte, propone que la Ley de Amnistía quede a cargo de los tribunales de justicia, que hayan procesado o sentenciado los casos, por lo que los jueces y fiscales que actuaron para sentenciar deberán inhibirse y convocar a sus suplentes.
“En cada caso, solo si el detenido no cuenta con defensor privado, el juez nombrará un defensor público de oficio”, considera que los tribunales de la República tengan plazo máximo de 3 días continuos, para resolver los casos previstos en dicha Ley. En casos de apelaciones, se nombrará por el Tribunal Superior, comisiones mixtas, que deberán decidir la apelación para la aplicación o no de la Ley de Amnistía, en un máximo de 2 días continuos.
La comunidad jurídica y militar espera que la Asamblea Nacional atienda estas reivindicaciones y garantice una verdadera amnistía que no excluya a quienes han sido víctimas de la represión política, especialmente en el sector castrense, finaliza diciendo el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero.
