A mediodía del lunes, diez mujeres yacían en colchonetas apoyadas sobre barricadas policiales, adormecidas por la deshidratación y con más de 50 horas sin comer. Se sumaron a la huelga de hambre que ya habían iniciado los presos políticos por cuya libertad claman. Tras más de un mes de vigilia, las carpas se han multiplicado en los alrededores de la llamada Zona 7, un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, y la protesta ha ido en aumento. Es la única cárcel que han visitado algún representante del Gobierno. Allí, hace diez días, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sostuvo un inusual encuentro con familiares de presos políticos y aseguró que todos saldrían libres, a más tardar el viernes pasado, con la ley de amnistía aprobada. La promesa, sin embargo, ha quedado en suspenso.
“Las liberaciones han sido una burla. No nos cumplieron”, dijo a EL PAÍS Evelyn Quero, una de las mujeres que se mantiene con más fuerza para hablar pese a las horas sin alimento. Quero sostenía un vaso con hielo en la mano para mojarse los labios, mientras el resto intentaba dormir entre los dolores que empieza a generar la falta de alimento.
El retraso en la aprobación de la ley ha desesperado aún más a los familiares de los presos. Las vigilias se mantienen activas en cárceles de todo el país, mientras las listas de presos siguen actualizándose. El último reporte del Foro Penal habla de 444 excarcelados desde el 8 de enero, cuando el chavismo hizo público el “gesto” de las liberaciones, en el marco de una transición tutelada por Estados Unidos luego de la intervención militar en la que Nicolás Maduro fue capturado. En las listas de la ONG todavía quedan 634 personas por salir, aunque este mismo lunes el equipo de abogados estuvo en Zona 7 documentando casos de los que no tenían registro. Las denuncias de nuevos detenidos por motivos políticos siguen conociéndose.
Los defensores han insistido en que el proceso de excarcelación debe continuar, independientemente del debate en el Parlamento, que debería retomarse en la plenaria este jueves. El consenso se rompió el pasado jueves en la discusión del artículo 7 de la propuesta de ley, que plantea la obligatoriedad de que los beneficiarios de la amnistía deban someterse primero a la justicia. La oposición y los defensores defienden que esto contradice el principio que mueve una ley como esta, pues la disposición da por sentado que los miles de perseguidos políticos en Venezuela han cometido delitos.
Mientras el debate se atascaba, las primeras liberaciones en la Zona 7 de la PNB ocurrieron a la medianoche del día siguiente. Salieron 17 personas, pero aún quedan más de 50 detenidas. “Si hubiesen cumplido con liberarlos a todos aquí no hubiésemos empezado una huelga de hambre”, reclama Evelyn Quero, madre de Joel Bracho, un funcionario policial acusado por terrorismo y asociación para delinquir, por supuestamente haber participado en la colocación de un explosivo en una plaza en Caracas que nunca detonó, a finales del año pasado. Su hijo cumplió años en prisión y también fue incluido en las listas de ascenso de la policía anunciadas a principios de año. Sus familiares lo pudieron ver hace poco, después de más de dos meses de incomunicación.
Tras los primeros dos días sin comer —solo toma agua y suero con electrolitos—, tres mujeres se han descompensado. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por una crisis hipertensiva. Otra se retorcía este lunes por los dolores en el estómago. Esperaban una ambulancia, pero terminaron trasladando a la primera en el vehículo de uno de los abogados que estaba presente. “Aquí nunca se ha visto una ambulancia. Al policía Edison Torres, que murió acá el mes pasado, se lo llevaron en una patrulla”, denunció una de las mujeres. Al presidente de la Asamblea Nacional tampoco lo han vuelto a ver desde su primera visita.
Un médico voluntario se ha acercado a revisar el estado de salud de las mujeres y este lunes insistían en que le permitieran entrar también a la cárcel, donde los presos mantienen la huelga de hambre desde el jueves como forma de protesta. La situación de los reclusos incrementa la angustia de quienes aguardan afuera.
Jenny Orozco, hija del dirigente opositor de Voluntad Popular y exdiputado Fernando Orozco, también se ha sumado a la huelga. El caso de su padre no es aislado: junto a él hay otros 40 detenidos que, aun sin conocerse entre sí, han sido vinculados a un supuesto complot. El político permanece preso con uno de sus hijos y hasta hace poco también estuvo detenida su esposa, que fue excarcelada en delicado estado de salud. Orozco vivió años de persecución política que lo obligaron a exiliarse y había regresado al país hace un par de años. “A nosotros nos quitaron todo. Se quedaron con la empresa de transporte de la familia y con la casa de mi abuela”, relata su hija, que logró huir con otros hermanos antes de que la detuvieran a ella también.
Los casos vinculados a militares también parecen estar estancados. Por eso, las ONG sostienen que la ley de amnistía es excluyente y deja fuera a un grupo de detenidos. Ese reclamo fue planteado por los propios familiares hace una semana, durante una reunión con una comisión de parlamentarios y con integrantes del Programa de Convivencia Democrática y Paz, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Además de exigir la liberación de todos los presos, denunciaron los malos tratos que han sufrido e incluso la permanencia en prisión de personas que ya habían cumplido su condena. Para ellos, estos hechos evidencian el colapso del sistema de justicia, que durante años —según informes de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos— ha funcionado como un instrumento más de represión.
El Gobierno se ha visto obligado a hacer concesiones en medio de la encrucijada que atraviesa el chavismo desde el 3 de enero. Una de ellas ha sido permitir nuevamente el contacto con algunos detenidos cuyo paradero había sido incierto durante meses. Es el caso de los 32 implicados en la llamada Operación Gedeón, la fallida rebelión militar de 2020, que pasaron seis meses en paradero desconocido tras ser trasladados de cárcel sin información para sus familias.
Tras la reunión con los integrantes del Programa de Convivencia Democrática y Paz, los familiares pudieron ingresar al Fuerte Guaicaipuro, una de las prisiones más temidas del país, ubicada en los Valles del Tuy, a las afueras de Caracas. Las celdas están bajo tierra; el calor es sofocante y el techo es una rejilla metálica sobre la que caminan los custodios. Allí permanecen varios militares condenados por insurrecciones y alzamientos fallidos. Los familiares lograron verlos a través de una reja, vigilados por guardias encapuchados. Los encontraron desnutridos, amarillentos y con la mirada perdida. “No fue una alegría verlos, fue un martirio ver cómo los tienen”, relató una de las madres.
Este caso es emblemático y las ONG han exigido que esté entre los hechos que serán amnistiados. El Gobierno los ha implicado en una operación para derrocar a Nicolás Maduro que contó con apoyo de ex boinas verdes estadounidenses, que ingresaron al país en lanchas. Los extranjeros ya han sido liberados en medio de las negociaciones entre Washington y Caracas, justamente durante el intercambio en el que el ahora defenestrado Alex Saab salió de la cárcel en Miami para entrar en el gabinete del chavismo. El propio ministro de Interior, Diosdado Cabello, sin embargo, ha dicho que ninguno podrá obtener la libertad con la amnistía.
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