Venezuela vive bajo la sombra del Cartel de los Soles

Un país sitiado por el crimen organizado y la impunidad. Un análisis recomienda identificar a la jerarquía estructural y periférica que sostiene al régimen de Nicolás Maduro y su círculo

Sebastiana Barráez – Infobae

Venezuela vive bajo la sombra del Cartel de los Soles: Un país sitiado por el crimen organizado y la impunidad.

Un análisis publicado por los Papeles del Crem subraya la importancia de considerar el carácter híbrido y la capacidad de mimetización de esta organización criminal, que llega a actuar como un gobierno en la nación caribeña

El Cartel de los Soles ha convertido a Venezuela en su guarida, sometiendo a la población a un estado de amenaza, vigilancia y fragmentación. Así lo sostiene un análisis publicado por los Papeles del Crem, sobre “el régimen criminal que dirige al Cartel de los Soles y se apoya en el Tren de Aragua”, donde se subraya la importancia de considerar el carácter híbrido y la capacidad de mimetización de estas organizaciones criminales, que llegan a actuar como un “gobierno” en Venezuela.

Respecto a la financiación y promoción de este entramado, el análisis identifica a la jerarquía estructural y periférica que sostiene al régimen de Nicolás Maduro y su círculo criminal como responsables directos.

Se advierte que la solución no pasa únicamente por “desmantelar una cúpula”, sino por rehabilitar los tejidos institucionales y sociales donde las economías ilícitas encuentran su soporte. Describe que tanto el Cartel de los Soles como el Tren de Aragua son organizaciones que no pueden ser erradicadas solo mediante golpes policiales, ya que funcionan como ecosistemas, con franquicias, actores estatales y privados, y complejas redes financieras.

Nicolás Maduro es señalado por Estados Unidos como el jefe de la estructura del Cartel de los Soles.

Señala el estudio que estas estructuras engañan a incautos, desinformados y culturalmente vulnerables, mientras favorecen a actores criminales clave y a cómplices políticos y económicos que mueven los lobbies nacionales y extranjeros.

La respuesta ante este fenómeno, según el análisis del Crem, debe ser multidimensional: inteligencia, movilización e impulso del aparato de justicia internacional, junto a medidas financieras robustas y enérgicas para cortar el oxígeno económico a la organización.

Además, recomienda el análisis del Crem, implementar políticas públicas en territorio, protección a víctimas y una coordinación internacional sostenida y técnica, utilizando tecnología avanzada y acciones precisas para neutralizar las infraestructuras operativas y logísticas que dan soporte al Cartel de los Soles.

La cárcel de Tocorón fue el centro principal de funcionamiento del Tren de Aragua.

El Cartel y el TdA

En el análisis de los Papeles del Crem, espacio de difusión del pensamiento político, económico y social de la Venezuela, que organiza Raúl Cuenca, se advierte sobre la compleja estructura criminal que representa el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

Ambas organizaciones operan como actores híbridos, combinando delitos tradicionales, como tráfico de drogas, contrabando, minería ilegal, extorsión y trata de personas, con una notable capacidad para infiltrar y cooptar tanto estructuras públicas como privadas.

Se subraya que la magnitud y sofisticación de este entramado criminal exige respuestas multilaterales y coordinadas, en las que se integren la justicia penal, medidas financieras y políticas sociales.

Precisa que el Cartel de los Soles no responde al modelo jerárquico clásico de organizaciones como Sinaloa, sino que se articula a través de redes estatales y proxys dentro de las fuerzas armadas y élites, facilitando y protegiendo operaciones ilícitas como el control de aeródromos, puertos, legitimación de cargas y evasión fiscal.

El Tren de Aragua se convirtió en una red criminal transnacional.

En cuanto al Tren de Aragua, se explica que esta organización nació en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, Venezuela, y en pocos años evolucionó hasta convertirse en una red criminal transnacional.

“Sus actividades abarcan desde la trata y tráfico de personas, extorsión, secuestro y robo organizado, hasta el contrabando y tráfico de drogas. El Tren de Aragua se ha expandido por varios países, operando a través de células que reproducen la lógica criminal original”.

En el análisis se recuerda que diversos estados americanos han definido y caracterizado al Tren de Aragua como una organización criminal, siendo Estados Unidos el que lo clasifica como organización terrorista. Otros gobiernos también han sancionado y catalogado al Tren de Aragua por sus actividades criminales, desestabilizadoras y su expansión transnacional.

No basta con desmantelar la cúpula sino rehabilitar el tejido institucional.

El crimen desborda fronteras

La seguridad en América Latina y Europa se ve gravemente afectada por la expansión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y las redes asociadas al Cartel de los Soles. Su presencia ha disparado los índices de violencia, extorsión, secuestros y sicariato en países como Colombia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Chile e incluso en naciones europeas.

Según el análisis publicado por los Papeles del Crem, Venezuela se ha consolidado como un nodo estratégico para la salida de cocaína hacia el Caribe, Centroamérica y rutas transatlánticas que conectan con África y Europa. Este fenómeno altera los patrones regionales y fomenta alianzas tácticas con organizaciones criminales extranjeras. La llegada de droga a África y su utilización por guerrillas y grupos jihadistas como puente hacia Europa representa una externalidad de alto riesgo.

Revela el documento que la criminalidad organizada alimenta flujos migratorios, convirtiendo a migrantes en víctimas de trata y extorsión, y complicando las políticas migratorias de los países receptores, que enfrentan una creciente presión social y política. Ejemplo de ello son las tensiones en las fronteras andinas y las medidas de emergencia adoptadas por países vecinos.

En el ámbito económico, el análisis destaca que grandes volúmenes de capital ilícito se integran en economías locales, con inmuebles, empresas, minería y comercio, distorsionando mercados, generando competencia desleal y drenando recursos públicos a través de la corrupción. Informes locales han documentado la penetración de estas redes en servicios, mercados y circuitos financieros.

El Crem advierte sobre el impacto global, geopolítico y de seguridad internacional, ya que la financiación de redes violentas y grupos armados a través de rutas convergentes de drogas puede facilitar el financiamiento de actores violentos fuera de América, especialmente mediante vínculos indirectos vía África. Así, un fenómeno local se transforma en una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad europea.

@SebastianaB

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Hablemos de los sobrinos, por Vladimir Villegas

No me gusta escribir sobre narcotráfico. No es un tema que domino ni quiero dominar. Con eso que le temo. Hay periodistas especializados en esa materia y ellos están en mejores condiciones de profundizar en los casos más sonados, entre ellos el de dos jóvenes relacionados familiarmente con la primera dama de la República, Cilia Flores.

Pero el tema es ineludible. Pasar agachado frente a este asunto no es una opción, menos aún cuando el Gobierno ha asumido, a mi juicio, una actitud equivocada frente al caso. Desde temprano han debido abordar el hecho y dar una explicación que desde el primer momento esperaba la opinión pública, principalmente la de la base social y política que respalda la gestión del presidente Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela. La decisión de un tribunal norteamericano de declarar como culpables del delito de narcotráfico a estos dos ciudadanos venezolanos, sobrinos de esta alta gura política, no amerita como respuesta el silencio oficial. Ese silencio es sencillamente escandaloso y totalmente contraproducente. Y solo alimenta las versiones según las cuales este par de individuos utilizaban sus vínculos familiares para traficar drogas hacia Estados Unidos con total impunidad y con la complicidad de diversas instancias de poder.

Yo conozco desde hace muchos años a Nicolás Maduro. Hemos marchado juntos en algunos momentos de nuestra vida política. También hemos tomado distancia producto de las diferencias de forma y fondo que existen entre nosotros. Tengo muchas , pero muchas críticas a su forma de gobernar. El país las conoce, porque no me las he guardado, como no me las guardé cuando decidí alejarme del gobierno de Hugo Chávez en tiempos de la fallida y equivocada reforma constitucional del año 2007. Conozco mucho menos a Cilia que a Nicolás. Pero sinceramente no creo que ellos tengan siquiera una mínima relación con las actividades ilegales de Campos Flores y Flores de Freitas.

Por eso insisto en que la peor decisión frente a este caso de tráfico de drogas es ignorarlo o minimizar su impacto. Lo tiene y mucho. Hace un daño terrible no solo al gobierno de Nicolás Maduro, porque ese silencio puede asociarse a complicidad o cuando menos solidaridad automática frente a un delito de la dimensión que tiene internacionalmente el narcotráfico. Perjudica seria y peligrosamente a las instituciones encargadas de administrar la justicia en el país, que así como han pedido información oficial y públicamente a Estados Unidos sobre el caso del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, acusado de graves delitos asociados a la corrupción, deberían hacer lo mismo en relación a la condena de estos dos individuos, si es que no lo han hecho hasta ahora.

También le hace un daño terrible a la imagen internacional de Venezuela. No es fácil revertir la matriz que se ha pretendido crear en cuanto a que vivimos en un narco Estado, ni mucho menos será fácil escapar a las terribles consecuencias que nos esperan como nación si esa imagen se transforma en certeza sin que desde el Estado y el Gobierno venezolanos se haga algo para impedirlo. Por eso importante, necesario, impostergable, que el presidente Nicolás Maduro le hable a Venezuela y al mundo, y ordene la más amplia y rigurosa investigación para que sean detectados, capturados y enjuiciados quienes, independientemente de su cargo o condición, estén vinculados al tráfico de drogas en este u otros casos. No espero menos de Nicolás Maduro. Está en sus manos hacerlo. No tiene por qué dejar espacio para la duda. Por su propia historia personal, por su familia, por su partido y principalmente por el país, lo que le sale en este momento es actuar en nombre de las atribuciones que le con ere la Carta Magna y abrir esa investigación que estoy seguro el país, más allá de la polarización y del descontento existente con su gestión, sabrá reconocerle en este momento o en el momento oportuno. Y cada quien que asuma su responsabilidad. A sabiendas de lo espinoso del tema, asumo la mía con la exhortación que hago al Presidente de la República. En este caso, como lo expresamos arriba, el silencio no es una opción. O sí. Es la peor de todas.

http://versionfinal.com.ve/

Lean también: Los narcosobrinos y el silencio presidencial  por Ludmila Vinogradoff

Tumeremo: ¿Una masacre tolerada por el Estado venezolano?

Manifestación de víctimas en la mina Nuevo Callao.

Pese a las fuerzas de seguridad estatales, grupos armados actúan en las minas con toda libertad y crueldad, por ello, el Estado venezolano es responsable, dice a DW Liliana Ortega, de COFAVIC, ONG de derechos humanos.

No hay aún claridad absoluta sobre el número de cadáveres encontrados, que se presume, pertenecen a los mineros desaparecidos el 4 de marzo en el venezolano Estado de Bolívar. Según el diario Correo del Caroní, en la mina Nuevo Callao, jurisdicción de Tumeremo, se encontró una fosa común con 17 cadáveres, como anunció la fiscal general Luisa Ortega. Carlos Chancellor, alcalde de Sifontes, más cercano al lugar, habla de 20.

La masacre ocurrió en Bolívar, el mayor Estado de Venezuela y el más rico en minerales, pero, a su vez, en el que rige la mayor y más mortífera anarquía en su explotación. “El oro, los diamantes, el coltán y otros minerales atraen a cada vez a más personas, que agobiadas por la mala situación económica de Venezuela, prefieren arriesgar su vida por unos gramos de oro”, dice a DW la periodista investigadora María de los Ángeles Ramírez, del Correo del Caroní, el único diario independiente que ha sobrevivido en Bolívar a la persecución de la prensa en Venezuela.

“Se estima que hay entre 10 y 15.000 mineros ilegales”, dice Ramírez y agrega que “la anarquía que rige en la explotación, con bandas criminales y mafias apoderadas de las distintas minas o de sectores de éstas, se debe a que el Estado venezolano no ha ejercido ninguna autoridad sobre la zona”. Este es el caso de la mina Nuevo Callao, en la que el sujeto ecuatoriano llamado El Topo es la autoridad. “La masacre tuvo lugar como un acto de intimidación de El Topo, para detener la formación de un sindicato minero, promovido por la banda rival de El Gordo”, es la conclusión de las investigaciones de dicho diario de Tumeremo.

“En Venezuela no se está garantizando ni el derecho a la alimentación”
Si bien la ilegalidad propicia la violación de los derechos humanos, “tanto en Bolívar como en el resto de Venezuela, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la libre expresión no se están garantizando”, dice la investigadora María de los Ángeles Ramírez, quien agrega que “el caso de los mineros es un ejemplo del irrespeto a los derechos humanos.

Diario Correo del Caroní, con sede en Tumeremo, Estado de Bolívar, Venezuela.

En lo que concierne a la libertad de prensa, en Bolívar, como en toda Venezuela, la sola reportería de hechos delictivos puede significar un riesgo para los medios. Tal es el caso del mismo director del Correo del Caroní, David Natera Sebres, que fue condenado hace pocos días a una pena de varios años de cárcel por mencionar uno de los nombres involucrados en un presunto peculado.

En ello concuerda la abogada Liliana Ortega, directora de COFAVIC, una de las más experimentadas ONG de derechos humanos en Venezuela. Ortega hace un crudo balance de la situación de los derechos humanos en ese país suramericano, en donde “los problemas endémicos se han agravado, más concretamente la situación carcelaria, el uso desproporcionado de la fuerza pública, la brutalidad policial y la violencia, que afecta los derechos humanos de manera transversal”, apunta Ortega y agrega que “en Venezuela hay 27.000 homicidios y 1.044 presuntas ejecuciones extrajudiciales anuales”.

Leer mas: http://www.dw.com/es/tumeremo-una-masacre-tolerada-por-el-estado-venezolano/a-19118955