Un grupo de expresos políticos presentó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, un anteproyecto de Ley de Reparación de Daños a los Presos Políticos, una iniciativa que busca establecer mecanismos institucionales para atender las consecuencias de las detenciones y las presuntas violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y sus familiares.
Ignacio Moreno y Daniel Romero participaron en la elaboración de la propuesta, que plantea evaluar las afectaciones económicas, patrimoniales, familiares y de salud de quienes han sido excarcelados, así como establecer mecanismos de atención para los presos políticos que continúan detenidos.
Proponen una mesa técnica para evaluar los daños
Ignacio Moreno, quien permaneció recluido durante tres años en el Rodeo I, explicó que el anteproyecto contempla la creación de una mesa técnica encargada de revisar los casos, determinar las afectaciones y establecer mecanismos de reparación.
«Lo más interesante de esta propuesta es que es amigable, evita litigios contra la República», afirmó Moreno, al defender una alternativa que permita a las víctimas presentar sus reclamaciones por una vía institucional, sin tener que recurrir necesariamente a nuevos procesos judiciales.
De acuerdo con una nota de prensa sobre la iniciativa, el documento propone incorporar a representantes gubernamentales, sectores vinculados a la transición política, especialistas en derechos humanos y miembros de la Iglesia católica.
La intención es crear un espacio de trabajo que permita examinar cada situación, establecer criterios para evaluar los daños y definir respuestas para quienes denuncian haber sufrido vulneraciones de sus derechos durante su detención.
Excarcelación no significa recuperar los derechos perdidos
Moreno advirtió que salir de prisión no implica recuperar automáticamente los derechos ni las condiciones de vida que las víctimas tenían antes de ser detenidas.
Explicó que algunos expresos políticos todavía enfrentan dificultades económicas, limitaciones para acceder a tratamientos médicos y obstáculos para recuperar sus bienes. A estas consecuencias se suman las cargas familiares derivadas de la privación de libertad.
«Si nosotros los presos no generamos nuestra propia respuesta, ¿quién lo va a hacer por nosotros?», expresó el abogado al destacar la necesidad de que las propias víctimas participen en la construcción de mecanismos para atender sus reclamaciones.
Una propuesta para atender a las víctimas por una vía institucional
El anteproyecto busca facilitar una vía de entendimiento con el Estado para evaluar y atender las consecuencias de las detenciones por motivos políticos, mediante procedimientos que eviten prolongar los conflictos a través de nuevos litigios.
La propuesta también plantea la necesidad de considerar las afectaciones que persisten después de la excarcelación y las repercusiones que enfrentan los familiares de las personas detenidas.
Tomado de El Impulso
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