La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este lunes a la excúpula de Duro Felguera y a una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por supuesto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios de aquel país.
Las sesiones están programadas para los días 19, 20, 21 y 22 de octubre, más de dos años después de que, en enero de 2024, la sala de lo Penal confirmara el procesamiento de la antigua cúpula de la empresa incluido el expresidente Juan Carlos Torres Inclán y una decena de personas por una presunta trama de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.
Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.
Según Anticorrupción, Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de «encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos», para que se favorecieran sus intereses.
A través de esos contratos, Torres Inclán y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, ambos acusados, habrían decidido entregar cantidades de dinero «hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares» al exviceministro de Energía durante la época de Chávez, Nervis Villalobos, mediante sociedades interpuestas.
Esa cantidad se pagó en tres tandas, indicaba Anticorrupción: una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones, y una última de 26,6 millones.
En su escrito, la Fiscalía detallaba que «todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana».
Gracias a ello, concluía, consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
En paralelo con este procedimiento, Villalobos está citado como investigado el próximo 28 de octubre en la causa que investiga una trama supuestamente coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, bajo la supervisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a Villalobos para que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
El pasado 15 de junio, el juzgado de lo mercantil nº 3 de Oviedo dio el visto bueno al plan de reestructuración presentado por la empresa, cuya junta de accionistas aprobó a mediados de setiembre la participación en el proyecto de la central de ciclo combinado de Tula (México), que supondrá 210 millones de dólares (181 millones de euros al tipo de cambio actual) de nueva actividad para el grupo durante un periodo de ejecución de 47 meses.
EFE
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