Andreína Zárraga, una venezolana de 35 años, pregunta por la situación de sus padres antes de hacer un trámite en una oficina de Migración Colombia en Bogotá. Le dice a la oficial en la entrada que ellos se encuentran en situación irregular. “Deberían haber entrado a Colombia con un sello en el pasaporte”, reprocha la funcionaria. No pueden optar por un Permiso por Protección Temporal (PPT), que desde finales de 2023 se limita a menores de edad que cursen estudios en Colombia. La única opción entonces, piensa Zárraga, es que puedan quedarse como abuelos de un niño que estudia en Bogotá. “Solo si tienen la custodia legal”, responde la oficial. Zárraga se angustia: su papá le contó que otros venezolanos que viajan en TransMilenio dicen que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha empezado a deportar a los indocumentados.
El presidente de Colombia anunció a finales de agosto, menos de tres semanas después de tomar posesión, que iniciaría operativos para enfrentar la migración irregular. “No solo voy a deportar a los extranjeros que cometen ilegalidades, sino también a los que han violado la norma para quedarse”, advirtió, antes de matizar que el primer grupo debía priorizarse. Aunque no mencionó a los venezolanos, sus palabras se interpretaron como una amenaza directa contra ellos: son casi tres millones, cerca del 90% de los inmigrantes en Colombia, y alrededor de 850.000 no tienen documentos. “Primero, los colombianos. Segundo, los colombianos. Y tercero, los colombianos”, enfatizó el mandatario, un eco del lema America First de Donald Trump. Sus declaraciones circularon rápidamente en redes sociales. A los pocos días, los venezolanos comenzaron a comentar que ya veían operativos de control de documentos migratorios en barrios como Bosa y Kennedy, en el sur de Bogotá.
Zárraga defiende al nuevo presidente. “Muchos vinieron a hacer las cosas mal: tengo una fábrica de muebles y he tenido empleados venezolanos que me quisieron robar”, dice. También valora la política de seguridad del nuevo Gobierno y la respuesta a la emergencia por el terremoto que el 10 de agosto azotó al occidente de Colombia. “No es perfecto, pero es mejor que el que estaba antes”, apunta. Lo que le frustra es que De la Espriella no distinga entre los venezolanos que delinquen y los que solamente están indocumentados. “No todos somos malos, tendría que mirar caso por caso”, afirma. Considera que “estar ilegal es un delito”, pero que debería tenerse en cuenta que no hay vías para regularizarse. “Tenemos las manos atadas”, comenta, con pocas expectativas de encontrar una opción para sus padres.
A unos metros, Valeria Guzmán hace un reclamo similar. “Debería buscar maneras de regularizar a quienes estamos acá por algo bueno”, señala esta mujer de 22 años, que prefiere mantener su nombre real bajo reserva. En su caso, hace nueve años que vive en Colombia sin papeles. A diferencia de su mamá y su hermano, no tramitó el Permiso por Protección Temporal (PPT) con el que se regularizaron más de un millón de venezolanos. “Quería irme a Estados Unidos y no se podía si tenía un documento colombiano. Después, eso no salió y me quedé acá, pero el registro para el PPT ya estaba cerrado”, explica. No ve una diferencia sustancial entre ella y su mamá, así el presidente las separe categorías de “malos” y “buenos” migrantes.
Durante años, Guzmán descartó buscar otras opciones para regularizarse, como un visado por estar casada con un colombiano. No quería pagar una multa que, según le dijeron, podía ser de hasta 10 millones de pesos (unos 3.000 dólares). Y, peor aún: temía que la penalidad fuera que la deportaran. Optó por quedarse en la irregularidad, así implicara no tener una cuenta bancaria y enfrentar dificultades para acceder a tratamientos médicos. Su postura cambió tras el anuncio de De la Espriella en agosto, apenas unas semanas después de que naciera su hija. “Le conté a mi esposo y me dijo que pagáramos lo que tuviéramos que pagar. Que no podíamos arriesgarnos, sobre todo por la bebé”, comenta.
Ya pagó una multa que, tras explicar sus circunstancias, fue de 2,5 millones de pesos (alrededor de 750 dólares). Ahora tramita un salvoconducto que le dé tiempo para postular a una visa como madre de un nacional colombiano. Está preocupada porque un requisito es acreditar que tenía un permiso de residencia vigente al momento del nacimiento de la bebé. Aunque un oficial de Migración Colombia le dijo que “no necesariamente”, sabe que hay un componente de discrecionalidad en las decisiones de la entidad. Si la rechazan, optará por un visado específico para venezolanos que el Gobierno de Gustavo Petro lanzó a finales de 2024. Cumple con el requisito de haber entrado antes de diciembre de ese año y tener un pasaporte, pero lo ve como la última alternativa. “No quiero llegar a esa opción: es solo por dos años y no da acceso a una residencia permanente”, dice.
Un temor generalizado
El interés de los venezolanos por regularizarse se ha disparado en las últimas semanas, señala por teléfono Gabriela Thiriat, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana en Bogotá. “Antes, recibíamos una solicitud de atención cada 15 días. Desde el anuncio del presidente, tenemos ocho semanales”, comenta la experta, especializada en asuntos migratorios. Aunque la Administración de Petro no logró concretar una serie de proyectos para regularizar a los indocumentados, el riesgo de ser enviado de regreso a Venezuela era mínimo. “La tendencia era deportar exclusivamente a quienes tuvieran antecedentes penales”, explica Thiriat, antes de matizar que hubo alguna excepción. Los venezolanos se enfocaban en otras prioridades que podían satisfacer sin necesidad de documentos, como conseguir un trabajo informal o un lugar para vivir.
Hay vacíos de información respecto a cuántas deportaciones se han llevado a cabo desde la toma de posesión de De la Espriella, el 7 de agosto. “No tenemos reportes todavía. En Colombia, no hay deportaciones en caliente como en Estados Unidos, donde llega el ICE, los ve y los manda de regreso a Venezuela. Acá los agentes tienen que abrir un proceso, que puede demorar una hora, cinco días o tres meses. Y a veces el migrante ni siquiera sabe que se lo han abierto”, explica la experta. Sin embargo, los patrullajes de Migración Colombia en los barrios donde habitan los venezolanos ya son una señal de alarma. “No teníamos reportes desde hace muchos años, y menos con puestos móviles de control migratorio”, señala Thiriat. Asimismo, se han incrementado las solicitudes denegadas en el sistema de refugiados, un mecanismo que está saturado desde hace años y que implica probar que el solicitante sufre algún tipo de persecución en su país de origen.
En las últimas semanas, el Gobierno se ha limitado a informar de deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales, sin hacer referencia a los irregulares. “Migración Colombia suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá, desde el 7 de agosto. Todos con antecedentes de delitos, comparendos y afectaciones a la convivencia”, se lee en una publicación en Instagram del 18 de septiembre. “Migración Colombia continúa articulándose con autoridades locales, la Policía y el Ejército Nacional, en todo el país, para recuperar la seguridad en la #PatriaMilagro”, celebra, en referencia al lema del Gobierno. La entidad no ha respondido a las solicitudes de este periódico para conocer el número total de deportaciones desde el anuncio del presidente y la cantidad de ellas que son por el estatus migratorio.
La resignación
Rosmel Flores, un hombre de 22 años que prefiere mantener su nombre real bajo reserva, se ha resignado a seguir sin papeles. “Pregunté en varias partes y me dicen que el PPT es solo para menores de edad. Y la visa [de venezolanos] no sirve para nada”, dice este trabajador de un lavadero de camiones en el sur de Bogotá. Aunque la visa sí le permitiría quedarse, perdió su pasaporte y no tiene dinero para pagar ese trámite y el de los apostillados de antecedentes penales. “Mi abuela y mi tía me dicen que saque algo. Pero, ¿qué voy a sacar? Si me quieren mandar a Venezuela, que me manden. ¿Qué más hace uno?”, comenta. No tiene miedo. “Normal, hay que confiar en Dios”, apunta.
Tiene claro que no va a regresar por voluntad propia. “Acá uno está tranquilo. Puedo ver la televisión en mi casa y sé que no se va a ir el agua o la luz. Y puedo comer tres veces al día o incluso cinco”, valora. En su trabajo, señala, son casi todos venezolanos. Se aseguran de que las canastillas de los pollos en los camiones queden sin ningún rastro de sangre, baba o piel. “Entiendo que deporten a los que roban. ¿Pero por qué a los que hacemos las cosas bien? No veo la necesidad”, dice. “Trabajamos, pagamos arriendo, uno no vive en la calle”, agrega. No cree que alguien lo extrañaría si lo deportan. “Hay clientes fijos que me buscan, pero van a lavar su carro igual. Quizá me extrañen dos lavadas y ya”, afirma. Tampoco su novia. “Un mes y ya”, evalúa. La excepción es su abuela, que se hizo cargo de él tras la muerte de su mamá en la adolescencia. “Obvio que ella sí”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario