Están sucediendo cosas que permiten pensar que comienza a abrirse un camino más transitable. Pero para saber si estamos realmente ante el inicio de una transición es indispensable conocer cuáles serán los próximos pasos.
Al margen de la mesa de trabajo han ocurrido hechos que merecen atención. Uno de ellos ha sido el arresto de centenares de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, presuntamente involucrados en el tráfico de estupefacientes. Se trata de un acontecimiento particularmente significativo en un país donde durante demasiado tiempo la impunidad ha protegido a quienes ejercen funciones públicas.
A ello se suma el anuncio de la eliminación de los bloqueos impuestos a centenares de medios digitales. Es un paso importante hacia la recuperación de la libertad de prensa y de expresión, derechos esenciales para que pueda existir una verdadera vida democrática.
También se han conocido los nombres de los juristas encargados de participar en la selección de candidatos idóneos para integrar el Tribunal Supremo de Justicia. Entre ellos figuran profesionales ampliamente reconocidos por su probidad y competencia. Paralelamente, desde el gobierno se han producido declaraciones que hablan de democratización y de la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa política.
Todo ello debe ser reconocido. Pero una transición no se construye solamente con señales positivas ni con declaraciones. Se construye con decisiones concretas, verificables y, sobre todo, capaces de transformar la realidad política.
Y todavía faltan algunas decisiones capitales.
La primera es la liberación de todos los presos políticos. A ella deben seguir la eliminación de todas las inhabilitaciones políticas; la devolución de los partidos confiscados a sus legítimas autoridades; el retorno a Venezuela, sin ningún tipo de impedimento, de María Corina Machado; la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de rectores del Consejo Nacional Electoral que ofrezcan garantías a todos los sectores; y la eliminación de las restricciones y medidas que continúan pesando sobre quienes han sido excarcelados.
Cada uno de estos pasos tiene importancia propia, pero es su conjunto el que permitiría determinar si estamos verdaderamente ante un cambio de rumbo.
El corolario de ese proceso podría ser la constitución de una junta de gobierno con un grado suficiente de legitimidad y una misión claramente delimitada: conducir la transición, restablecer progresivamente la institucionalidad democrática y crear las condiciones para la celebración de elecciones presidenciales libres en 2027.
Ese horizonte no es un detalle. Venezuela no necesita prolongar indefinidamente una situación provisional; necesita un plazo cierto y un camino definido hacia la democracia.
Los acontecimientos de estos días permiten pensar que ese camino puede estar comenzando a despejarse. Pero serán los próximos pasos, y no las palabras, los que permitirán saber hacia dónde estamos realmente avanzando.
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