La Administración de Donald Trump ha dado un paso decisivo y sin precedentes en su estrategia de seguridad para el continente americano con la creación de una fuerza militar específica destinada a coordinar ataques contra los cárteles y otras organizaciones delictivas transnacionales desde Chile hasta México.
La nueva Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental supone una reorganización del Mando Sur que busca integrar capacidades militares, de inteligencia y de cooperación con los países aliados de la región en un único mando operativo.
El cambio trasciende la mera reorganización administrativa. La nueva estructura pretende institucionalizar un modelo de cooperación mucho más estrecho con los gobiernos hispanoamericanos afines para facilitar operaciones conjuntas dentro de sus propios territorios. En especial, serán misiones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas y otras redes criminales que Washington considera amenazas para su seguridad nacional.
La decisión llega en un contexto político muy distinto al de hace apenas unos años. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha coincidido con una mayor sintonía entre Washington y varios gobiernos nuevos de Centroamérica y Sudamérica, que han endurecido sus políticas de seguridad y mantienen una relación mucho más fluida con EE.UU. que durante la anterior etapa demócrata.
Trump ha brindado su apoyo a dirigentes afines como José Antonio Kast en Chile, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia, Keiko Fujimori en Perú y otros.
Guatemala y Honduras, principales beneficiarios
Las prioridades iniciales son dos países pequeños, Guatemala y Honduras, que aparecen entre los beneficiarios inmediatos de esta nueva estrategia. Ambos han reforzado su cooperación con la Casa Blanca en materia migratoria, inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Así, podrían convertirse en plataformas prioritarias para desarrollar este nuevo modelo de ataques coordinados y dirigidos desde Washington.
El objetivo del Pentágono consiste en disponer de un mando permanente en Miami capaz de coordinar recursos militares, inteligencia, vigilancia aérea, apoyo logístico y planificación operativa sin depender de estructuras temporales creadas para crisis concretas.
La idea es acelerar la respuesta frente a organizaciones criminales cuya actividad se extiende simultáneamente por varios países, con presencia permanente de tropas estadounidenses en los países afectados. Como precedente, la Casa Blanca creó el llamado Escudo de las Américas, en cuya sesión inaugural en marzo estuvo el propio presidente Trump.
La reorganización refleja además un cambio doctrinal. Durante décadas, la cooperación militar estadounidense en América Latina estuvo centrada principalmente en el entrenamiento, la asistencia técnica y el intercambio de inteligencia, al estilo de la cooperación con Colombia y México contra los narcos. La nueva estructura pretende ir más allá y facilitar operaciones combinadas con fuerzas nacionales cuando exista autorización de los gobiernos implicados.
El movimiento encaja con la prioridad que Trump ha otorgado desde el inicio de su segundo mandato a la lucha contra los cárteles. La Administración considera que estas organizaciones ya no representan únicamente un problema de narcotráfico, sino una amenaza directa para la seguridad estadounidense por su participación en el tráfico de fentanilo, armas, inmigrantes y dinero. Esa estrategia dio paso a la misión ‘Lanza del Sur’ (‘Southern Spear’), el ataque a las lanchas que supuestamente iban cargadas con cocaína en el Caribe y el Pacífico.
El dilema de México
México continúa siendo la pieza central de esa estrategia. Pero también forma parte del escenario más complejo, porque el Gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es precisamente afín al trumpismo y el narco tiene una gran raigambre en el norte del país. Washington ha incrementado la presión para ampliar la cooperación bilateral, mientras mantiene abierta la posibilidad de actuar con mayor contundencia contra las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas hacia EE.UU.
Sin embargo, cualquier operación dentro del territorio mexicano sigue dependiendo de la autorización del Gobierno de ese país, un asunto extremadamente sensible desde el punto de vista político. Trump hasta ha amenazado con bombardear en solitario al narco dentro del país.
En cambio, en Centroamérica el margen de cooperación resulta hoy considerablemente mayor. Guatemala y Honduras han intensificado durante los últimos meses sus contactos con Washington y comparten buena parte del diagnóstico estadounidense sobre el crimen organizado como principal amenaza para la estabilidad institucional y el desarrollo económico. Es crucial en ello la victoria de Nasry Asfura, el candidato de derecha hondureño que recibió un decisivo apoyo de Trump en la antesala de las elecciones y ganó por sorpresa.
Para Trump, las bandas criminales aprovechan la debilidad institucional y los movimientos migratorios para expandirse por todo el continente
Para la Administración Trump, las organizaciones criminales aprovechan la debilidad institucional, las fronteras porosas y los movimientos migratorios para expandir sus actividades por todo el continente. Según los responsables estadounidenses que han lanzado esta iniciativa, la respuesta debe ser igualmente regional y permanente, con presencia clara de EE.UU. dentro de esas fronteras.
Además, la nueva estructura permitirá coordinar con mayor rapidez recursos del Departamento de Defensa, el Mando Sur, agencias de Inteligencia y otros organismos federales estadounidenses con las fuerzas de seguridad de los países socios. Washington considera que ahora, con el giro a la derecha del continente americano, existe una oportunidad para consolidar una red de aliados dispuestos a colaborar estrechamente en materia de seguridad.
La izquierda del continente, esquinada
Esa convergencia contrasta con la situación de hace apenas unos años, cuando varios gobiernos latinoamericanos mantenían una relación mucho más distante con EE.UU. De esos, el último que queda en marcar distancias con Trump es el Brasil de Lula da Silva, que mantiene sus diferencias con la Casa Blanca y ha demorado en aceptar las credenciales del embajador elegido por Washington.
Un punto de fricción en el pasado entre Trump y Lula fueron las presiones de Washington a las dictaduras izquierdistas de Venezuela y Cuba. En este segundo mandato de Trump, la Casa Blanca ha procedido a redoblar esa presión: arrestó a Nicolás Maduro, doblegó a su sucesora, Delcy Rodríguez, y forzó al castrismo a negociar tras someterlo a una durísima asfixia económica.
La izquierda, así, ha quedado esquinada políticamente ante un Trump que cree que puede remodelar todo el continente a su imagen y semejanza, con el Ejército estadounidense delante.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario