Se acaba de anunciar el primer ciclo de las conversaciones tuteladas por los EEUU entre el gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015. Por fin el país presenció el inicio de la negociación política largamente esperada, pero la misma arrancó con una carencia peligrosa: la de priorizar los plazos institucionales por encima de las urgencias humanas.
El cronograma anunciado por la diputada Dinorah Figuera, donde proyecta para diciembre la reinstitucionalización del CNE y para noviembre el debate sobre el TSJ, es un mapa de ruta útil, pero no puede ser el único. Mientras los equipos negocian, la vida cotidiana de los venezolanos se desangra en tres frentes que exigen respuestas inmediatas y comisiones de trabajo específicas: la libertad de los presos políticos, el colapso eléctrico nacional y la miseria salarial.
Es inaceptable que, transcurrida una semana de conversaciones, el tema de los presos políticos se haya diluido en el genérico punto 3 de "Derechos y garantías políticas". Los familiares que han alzado su voz, el Foro Penal y organizaciones como Provea han señalado con claridad que no se puede hablar de transición democrática sin el desmontaje de la estructura represiva y sin la libertad inmediata de quienes hoy permanecen en cárceles venezolanas por motivos políticos.
El segundo clamor es el de la crisis eléctrica. El país viene soportado olas de apagones mínimos de 5 horas diaria que paralizan hospitales, dejan sin agua a comunidades enteras y martirizan día y noche a la población. El gobierno interino, que ejerce control sobre el sistema eléctrico nacional, no ha presentado ante esta mesa un plan de emergencia que atienda el colapso de la infraestructura. La transición política no puede ser abstracta si los venezolanos pasan la mitad del día a oscuras.
Pero hay una tercera urgencia que atraviesa a cada hogar venezolano: la crisis de los salarios y el abandono de los jubilados y pensionados. El ingreso mínimo legal apenas alcanza para cubrir el 15% de la canasta básica alimentaria. Los trabajadores del sector público, los maestros, los médicos y los empleados administrativos sobreviven con un poder adquisitivo que no ha sido debatido en esta mesa.
Los jubilados, que construyeron este país, reciben una pensión que no les permite ni comprar los medicamentos más elementales. La transición no será legítima si no viene acompañada de un programa de emergencia económica que incluya el reajuste salarial inmediato, un bono especial para los pensionados y un plan de estabilización de precios.
La comunidad internacional, y Estados Unidos en particular, han puesto su mirada en los plazos y en las formas. Marco Rubio ha dicho que la transición tomará meses, no años. Pero los meses son eternos para quien no tiene luz, para quien no puede ver a un ser querido preso y para quien desayuna solo un café sin pan. Por eso, señalar estas urgencias no es un descalabro al proceso, sino una exigencia de humanización.
La mesa de diálogo tiene la oportunidad histórica de demostrar que la política puede servir a la gente. Para eso debe incorporar una comisión de trabajo para los presos políticos, otra para el sistema eléctrico y una tercera para salarios y pensiones, con resultados concretos en las próximas semanas.
El país exige la devuelta a la democracia, sí, pero también exige libertad aquí y ahora, luz para esta noche y un salario que no ofenda la dignidad. No hay transición posible si el sufrimiento cotidiano no es el primer punto del orden del día. Estos temas se deben negociar con urgencia por qué solucionar la luz o los salarios acelera, y no retrasa, la transición hacia la libertad.
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