La organización no gubernamental Fundaredes dio un paso legal decisivo este viernes 27 de marzo al impugnar la decisión judicial que bloquea su acceso a la libertad plena. Rafael Tarazona, miembro del equipo y uno de los señalados en el expediente, confirmó la introducción de un recurso de apelación tras el dictamen de un tribunal que negó la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de los activistas.
De acuerdo con información de la agencia EFE, la defensa busca revertir la negativa del sobreseimiento de la causa. Rafael Tarazona utilizó su cuenta en la red social X para informar sobre el trámite.
"Hoy 27 de marzo entregamos el recurso de apelación ante el rechazo del sobreseimiento de la causa FundaRedes, de conformidad con la Ley de Amnistía", sentenció el activista.
Muro judicial contra la amnistía
En primer lugar, esta acción legal responde al pronunciamiento del pasado martes, cuando el director de la ONG denunció que la justicia venezolana excluyó su caso de los beneficios de la normativa aprobada por el Parlamento en febrero.
El tribunal argumentó que los delitos imputados a Tarazona, a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García —terrorismo, incitación al odio y traición a la patria— no encajan dentro de los parámetros de la ley.
Historial de persecución y denuncias
Por su parte, Javier Tarazona, quien recuperó su libertad condicional el pasado febrero tras permanecer más de cuatro años recluido en El Helicoide, sostiene que el Estado lo persigue por su labor humanitaria.
Según detalla EFE, el activista vincula su detención, ocurrida en julio de 2021, con la documentación de abusos contra los derechos humanos y sus denuncias sobre los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las disidencias de las FARC en la zona fronteriza.
Asimismo, el director de la organización insiste en que las autoridades mantienen el proceso judicial contra su hermano simplemente por el vínculo familiar, mientras que en el caso de García, la acusación responde a su ejercicio como defensor legal.
Con este nuevo recurso, Fundaredes intenta forzar una revisión técnica que reconozca el carácter político de su detención y permita el cierre definitivo de un proceso que consideran injusto.
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