Jorge Rodríguez no está tomando en serio a los venezolanos. Tampoco su hermana Delcy, menos aún su refuerzo importado José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de gobierno español que mancilla la transición democrática de su país, de hace medio siglo, jugando sin vergüenza a favor de la dictadura venezolana.
Jorge Rodríguez no está tomando en serio a los venezolanos porque el proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión el jueves -los casi trescientos parlamentarios tuvieron el texto en sus manos al día siguiente- no busca la reconciliación, ni promover la convivencia entre los venezolanos, tampoco garantiza la libertad de todos los encarcelados por motivos políticos ni el cese de la persecución política.
El proyecto votado el jueves, que los parlamentarios, de abrumadora mayoría chavista, no conocían, estuvo precedido de una maniobra política de confusión que consistió en poner en circulación otras versiones del proyecto de sorprendente sinceridad y realismo, además de precisa técnica jurídica que alimentaron la esperanza de un proyecto de ley que abriera las puertas de las cárceles para todos, y también para el entendimiento. El chavismo es experto en generar decepciones y en espantar la idea de que entra en razón. El proyecto en discusión está lejos de sanar las heridas.
Jorge Rodríguez apareció el viernes, tras su histriónico perdón del día anterior en el hemiciclo del Palacio Legislativo, en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, donde los familiares de los presos reclaman sin desmayo su excarcelación. La imagen que conocimos es la de Rodríguez abrazándose a una mujer que le dice “qué bueno que viniste”. Ella lleva puesta la camiseta con el lema identificado de la lucha por la libertad de los presos.
La mujer -según información de las redes- no es familiar de algún preso político, por el contrario, está vinculada al partido de gobierno. Rodríguez le prometió que el martes se aprueba la ley y ese mismo día -y como mucho hasta el viernes próximo- todos salen de las cárceles. No es exactamente así y el presidente de la Asamblea lo sabe de sobra.
El artículo 9 del proyecto en discusión, y segura aprobación, señala el procedimiento: “El Tribunal de control o juicio competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo. Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal y de las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas”. No se indican lapsos para la concreción de estos pasos.
¿El proyecto se convertirá en ley con solo dos discusiones? ¿Se escucharán las voces de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de las iglesias, de la academia, de la oposición? ¿Entenderá la cabeza del Estado su responsabilidad política en el doloroso conflicto venezolano y actuará en consecuencia?
Se equivocan otra vez los jerarcas postergando el reconocimiento de la realidad política del país. Se equivocan si persisten en minimizar el impacto humano y político de la lucha por la liberación de los presos y por la vigencia de los derechos humanos. Se equivocan en la interpretación del 3 de enero, como se equivocaron en la provocación de quienes a hoy rinden cuentas.
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