La administración Trump puede continuar los ataques contra supuestos narcotraficantes de carteles de la droga latinoamericanos sin las limitaciones de una ley de hace medio siglo, que establece como requisito una aprobación del Congreso para seguir adelante con la ofensiva, informó un abogado de alto perfil del departamento de Justicia a un grupo de legisladores, reportó este sábado The Washington Post.
La nota señala que T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesorìa Legal del gobierno, planteó su posición ante un reducido grupo de congresistas, en momentos en que la tensión militar entre EEUU y el régimen del venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca acusa de liderar el Cartel de los Soles que trafica drogas desde Venezuela, se intensificó ante las señales de que el presidente Trump podría ordenar ataques a blancos en tierra de los grupos narcotraficantes en el país caribeño.
El Congreso de Estados Unidos retiene la capacidad legal de autorizar el mantenimiento de un conflicto militar sostenido, según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada en el contexto de la guerra de Vietnam y con la intención de evitar campañas militares que no tengan el visto bueno de los legisladores.
Desde el 2 de septiembre los militares de Estados Unidos, por órdenes del Pentágono, han realizado 14 ataques contra pequeñas embarcaciones y un sumergible, matando al menos a 62 personas que, según la Casa Blanca, estaban implicadas en actividades de narcotráfico en aguas internacionales, aunque sin mostrar evidencias de los presuntos crímenes.
De la ofensiva militar solo han resultado dos sobrevivientes, repatriados a Colombia y Ecuador. Un tercero estaba siendo buscado por la Marina mexicana en aguas del Pacífico pero sin resultados.
Dos días después del primer ataque en septiembre, el gobierno informó al Congreso sobre el operativo militar. Desde ese momento empezó a correr un plazo de 60 días, que culmina este lunes 3 de noviembre, para que pueda hacerse uso de las Fuerzas Armadas «a menos que el Congreso haya declarado la guerra o aprobado una ley que autorice la acción», indica la Resolución de Poderes de Guerra.
El presidente Donald Trump ya había dado a entender la semana pasada que no era necesario que el Congreso autorizara sus acciones militares conta los supuestos narcotraficantes.
A principios de octubre Trump declaró a los carteles de la droga como «combatientes ilegales» y afirma que Estados Unidos se encontraba en un «conflicto armado no internacional», según un memorando obtenido por medios. El presidente y funcionarios como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han insistido en una retórica en la que comparan a los carteles de la droga y sus miembros con terroristas como los de Al Qaeda, con lo que buscan justificar sus muertes.
«Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los localizaremos y, luego, los cazaremos y los mataremos», dijo Hegseth esta semana en sus redes sociales.
Límites legales para operaciones militares no aplican para los ataques, considera el gobierno
The Washington Post reporta que según tres fuentes conocedoras del asunto, Geiser afirmó a los congresistas que la administración Trump no cree que estos ataques cumplan con la definición legal de hostilidades, por lo que no solicitarán una extensión del plazo de 60 días, o la aprobación del Congreso para mantener la campaña militar en el mar Caribe, que acumula frente a las costas de Venezuela casi una decena de barcos de guerra —incluyendo el portaviones Gerald R. Ford en camino— decenas de aviones caza, de espionaje y bombarderos, y miles de soldados y marines.
Esta acumulación de poder militar, más el inusual reconocimiento de Trump de que autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, han disparado las especulaciones sobre un posible ataque militar de EEUU a objetivos en Venezuela, con la meta no reconocida públicamente de forzar la caída de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.
Sin embargo, esta semana Trump negó que esté planeando ataques a Venezuela.
«La administración parece estar sobrepasando el límite de 60 días», afirmó un alto funcionario del Congreso a The Washington Post.
Parte del argumento del gobierno sobre la resolución de poderes bélicos se basa en que no aplica al actual contexto porque «se ha entendido que se aplica a poner en peligro a los miembros del ejército estadounidense», algo que la administración no cree que ocurra en la actual ofensiva contra los supuestos carteles, explica el diario.
Hasta el momento no se han reportado heridos o bajas militares estadounidenses, según los reportes de Trump o Hegseth sobre los ataques, que se han efectuado con drones lejos de los navíos de EEUU.
Críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de la campaña militar
Esta posición sobre la libertad del gobierno de Trump para seguir adelante con esta campaña militar, y las bases legales para llevarla a cabo, ha sido cuestionada por congresistas, expertos legales y militares, y las Naciones Unidas,
El máximo responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó el viernes que los ataques militares de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental son «inaceptables» y deben parar.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se investiguen los ataques, en lo que parecía ser la primera condena de este tipo por parte de una agencia de la ONU.
“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener esos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ejecución extrajudicial de gente a bordo de estas embarcaciones”, dijo Türk, a través de su portavoz, Ravina Shamdasani.
Shamdasani indicó que Türk considera que “los ataques aéreos de Estados Unidos a botes en el Caribe y en el Pacífico violan el derecho humanitario internacional”.
El senador Tim Kaine, miembro de mayor rango del subcomité de Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional y Seguridad, afirmó que la Casa Blanca no ha compartido «información esencial» con el Congreso respecto a la cadena de toma de decisiones y la base legal que permite al presidente atacar embarcaciones.
«Nuestra Constitución no da el poder al presidente a decidir quién él puede matar», apuntó Kaine.
Por su parte, el representante Adam Smith, miembro destacado del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja, advirtió que «no he visto nunca una falta de transparencia tan asombrosa por parte de la Administración y el Departamento a la hora de informar de manera significativa al Congreso sobre el uso de la fuerza militar letal».
«Con base en la información que conocemos actualmente, los ataques parecen ser ilícitos según el derecho internacional», manifestó Celeste Kmiotek, abogada del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council, entrevistada por Univision Noticias.
Y Mark P. Nevitt, un comandante del Cuerpo de Abogados de la Marina y profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Emory, escribió en un artículo para Just Security que usar el lenguaje de la Guerra contra el Terrorismo puesto en práctica tras el 11-S «no otorga al presidente ni al ejército estadounidense una mayor autoridad legal para matar civiles» al enfrentar el narcotráfico.
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