A lo largo de diez años, Oscar Centeno, el chofer de un alto cargo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, registró de forma minuciosa cada viaje que realizó con bolsos cargados de dinero, producto de presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado. Detalló horarios, rutas, nombres —y hasta el peso de los bolsos cuando le fue imposible calcular cuántos dólares había en su interior—. Las libretas escolares en los que anotó todos esos viajes fueron la punta del ovillo del que se tiró hasta convertirse en la mayor causa judicial por corrupción de la historia de Argentina: la llamada causa de los cuadernos. Este jueves comienza el juicio oral contra Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita de recaudación de sobornos por la que también deberán responder 19 exaltos cargos kirchneristas y 65 empresarios, entre otros acusados.
Por El País
La expresidenta, de 72 años, ya tiene una condena firme a 6 años de prisión en otra causa por corrupción y, desde junio pasado, cumple la detención en su domicilio. Ahora enfrenta posibles penas de entre 5 y 10 años. Para su defensa, “la sentencia ya está escrita” porque se trata de “una persecución” y “una venganza”, según ha declarado Gregorio Dalbón, abogado de Kirchner.
De acuerdo con la imputación de la fiscalía, la expresidenta y su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner, organizaron entre 2003 y 2015 “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente”. Para eso, establecieron “acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”. La parte acusatoria considera que “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados”.
El expediente judicial tiene como ejes principales los cobros a empresarios detallados por el chofer Centeno en sus cuadernos, las maniobras para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública. Además de a Kirchner, las imputaciones abarcan a exministros, secretarios, subsecretarios y directores de Estado, también a Centeno y otro exchofer, y a ejecutivos de grandes compañías de construcción, energía y transporte.
Los viajes documentados por Centeno –quien fue chofer de un subsecretario del Ministerio de Planificación Federal– salieron a la luz a mitad de 2018 en una investigación de Diego Cabot en el diario La Nación, pero en paralelo el periodista hizo llegar a la Justicia las fotocopias que tenía de los cuadernos. El detallado esquema de la corrupción kirchnerista que insinuaban esas anotaciones fue confirmado en las semanas siguientes por varios de los empresarios mencionados en ellas. Aceptaron declarar como arrepentidos a cambio de beneficios judiciales.
La mayoría de empresarios arrepentidos dijo haber pagado dinero a funcionarios kirchneristas, pero negó que fuese a cambio de obtener contratos de obra pública. Según sus testimonios, los fondos que entregaron estaban destinados a financiar las campañas electorales del oficialismo y fueron contribuciones forzosas tras ser extorsionados. Esa fue la versión ante la Justicia del constructor arrepentido Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y también de Aldo Roggio, dueño de uno de los grandes conglomerados empresariales de Argentina, Grupo Roggio.
Otros acusados, en cambio, admitieron el pago sistemático de sobornos. El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, entregó a la Justicia una lista de empresas que, a través de la Cámara, pagaron sumas de dinero negro para obtener contratos de infraestructura. Además, contó que el sistema de recaudación ilegal había comenzado durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y había continuado durante los dos mandatos de su esposa y sucesora, Cristina Kirchner (2007-2015).
Años más tarde, algunos empresarios arrepentidos cambiaron su versión y pidieron la nulidad de su imputación alegando haber confesado el pago de coimas bajo coerción del juez Claudio Bonadio, fallecido en 2020. El constructor Mario Rovella declaró ante notario en 2023 que mintió en su declaración judicial para evitar la cárcel, ya que Bonadio dictaba prisión preventiva a quienes no admitían los presuntos delitos que se les atribuían y, en cambio, dejaba en libertad a quienes adherían “al régimen de la delación premiada”.
En septiembre pasado, los empresarios imputados intentaron una última maniobra para librarse del juicio. Ofrecieron a la Justicia sumas de dinero por un total de hasta 15 millones de dólares e incluso un departamento en Miami y un yate para quedar desvinculados del juicio. La fiscal Fabiana León escuchó los pedidos y se opuso de forma tajante: “No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”. Días después, el tribunal falló en el mismo sentido y rechazó la reparación integral del daño al considerar que “los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero”.
Durante el juicio, se presume que las defensas de los acusados van a cuestionar la autenticidad de los cuadernos, la prueba central del caso. Los abogados de Kirchner ya pidieron, sin éxito, la nulidad de la causa porque dos peritajes detectaron en las anotaciones de Centeno numerosas alteraciones, tachaduras y enmiendas realizadas por otras personas. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia rechazó más de 20 recursos interpuestos por exfuncionarios y empresarios, y allanó el camino para el inicio del proceso.
Financiación ilegal de la política
La relevancia del juicio va más allá de la presunta corrupción existente durante los gobiernos kirchneristas, según los expertos. “Lo que está en juego es que por primera vez se discute de forma pública lo que todos conocíamos entre bambalinas”, destaca Pedro Biscay, fundador del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). “Hay un fenómeno de fondo que es un sistema institucionalizado de financiar ilícitamente la política”, continúa Biscay.
Este abogado especializado en corrupción cita como paradigmática la exclusión del juicio de los directivos de Techint, el mayor grupo económico de Argentina. En los cuadernos de Centeno aparecen registrados nueve viajes a la sede de la metalúrgica. Aun así, las imputaciones iniciales fueron revocadas por el juez instructor al dar por válido que entregaron dinero “por razones humanitarias” para evacuar a los empleados de Sidor, la filial de la empresa en Venezuela que acababa de ser nacionalizada. “Que un juez se atreva a decir esto explica que en Argentina hay un pacto de corrupción”, opina.
En teoría, señala Biscay, este juicio ofrece la posibilidad de que “no solo algún corrupto termine preso, sino lograr que ese mercado criminal se debilite”. En la práctica, en cambio, lo ve más difícil por la complejidad que supone un megajuicio con casi 90 imputados.
Martín Astarita, investigador principal del Centro de estudios sobre corrupción, integridad y transparencia de Flacso, destaca también la importancia de poner la lupa sobre el rol de los empresarios, que a menudo quedaron en segundo plano en causas previas. “La corrupción hay que pensarla como una relación muy nociva que se da entre el sector público y privado”, dice Astarita. En su opinión, en los últimos años se ha dado una captura creciente del sector privado sobre el público, que ha pasado casi inadvertida por la Justicia.
El juicio oral se desarrollará mayormente con audiencias virtuales, transmitidas por videoconferencia. Se prevé la comparecencia de más de 600 testigos y una duración que podría llegar a los tres años.
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